Familias de víctimas: el desamparo después de recibir la peor noticia

Redacción de La Nueva.

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El shock por la muerte violenta de un ser querido algunas veces impide a los familiares tomar decisiones adecuadas inmediatamente después de la tragedia, por lo que la celeridad en la asistencia multidisciplinaria del Estado es fundamental en estas situaciones.

Un claro ejemplo del desconcierto inicial que sufren las familias de personas fallecidas como consecuencia de hechos delictivos es el del padre de Agustina Bustos, la chica de 19 años asesinada en ocasión de un robo en el barrio Rucci, el 3 de abril de 2018.

Eduardo se refirió al desamparo que sintió en aquel entonces por parte del aparato estatal y remarcó que sólo recibió contención de su grupo familiar.

Además planteó que en este tipo de trances, el Estado debería solventar los cuantiosos gastos producto del sepelio de la víctima de un homicidio.

En su caso particular, hace poco, recién después de 5 años, pudo terminar de pagar el velatorio de su hija y la parcela donde se la inhumó en el cementerio privado Parque de Paz.

“Cuando me pasó lo de Agustina, no era consciente de lo que estaba sucediendo alrededor. Me preguntaban ‘dónde querés que enterremos a tu hija’ o ‘qué querés que hagamos con su cuerpo’”, recordó.

“Mi mente no procesó todo eso porque en un momento durísimo como aquel no podía razonar, pero tampoco podés esperar mucho tiempo para tomar decisiones. No quiero una reparación económica; devuélvanme a mi hija y con eso me alcanza”, agregó.

“Me gustaría que el Estado se haga cargo de las personas a las que les suceda algo similar, para que no tengan que pensar qué hacer con el cuerpo de un hijo o de otro familiar”, completó.

Falta de lucidez

Si el papá de la joven hubiese estado “lúcido” en aquella oportunidad, hubiera optado -según afirmó- por la cremación del cadáver de ‘Agus’, práctica que hoy en día cuesta aproximadamente “500.000 pesos”.

“En ese momento no tomé decisiones como esa porque no podía reaccionar. De hecho, no me acuerdo de nada desde que me dijeron que habían matado a mi hija hasta una semana después. Pero ahora soy consciente de que no la voy a tener más”, se lamentó Eduardo.

“Pido que el Estado se haga cargo del pago de todo lo relacionado con el sepelio como se encarga de la comida de los presos, del wi-fi con el que usan teléfonos celulares, del agua, de la luz y del gas que consumen ellos. Porque todo esto lo pagamos los contribuyentes como yo”.

“Siento que agarraron los derechos de mi hija y los míos y los pisotean todos los días, porque pago impuestos y me descuentan Ganancias y así estoy manteniendo al tipo que mató a Agustina (en referencia al condenado Matías Moreno)".

“Algunos van a decir que la podría haber llevado al cementerio municipal, pero la llevé a Parque de Paz porque me dijeron ‘firmá este papel’ y lo firmé. Lo único que me acuerdo de su velorio es que me levantaba cada media hora para ver si mi hija volvía conmigo”, añadió.

Según Bustos, la única contención que tuvo en ese momento fue de parte de su actual mujer.

“Pero ella, que no es la madre de Agustina, estaba más destrozada que yo porque la mamá de Agus la echó de su casa cuando mi hija tenía 13 años, y se vino a vivir con nosotros”, explicó.

“Por eso, inmediatamente después de desgracias como esta, debe haber alguien del Estado acompañándonos, apoyándonos, aconsejándonos sobre qué hacer y diciéndonos cuál será el resultado de esa decisión, ya sea un abogado o una asistente social. Yo no recibí esa asistencia”, aseguró.

Eduardo no se limitó a hacer público su reclamo sino que trasladó la inquietud a distintos referentes políticos (algunos candidatos en las próximas elecciones), para que la idea se pueda transformar en un proyecto y sea de utilidad en lo sucesivo.

"De verdad espero que los representantes del pueblo piensen alguna vez en el pueblo representado", finalizó Bustos.

“Falencias” en tres ejes

Julián Bonino, coordinador de la sede local del Centro de Acceso a la Justicia, reconoció falencias en los 3 ejes de la asistencia pública en estos casos: el legal, el psicosocial y, sobre todo, el económico.

El Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), que también funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, dispone de un “fondo para garantizar ciertos gastos por cuestiones como las del señor Bustos”.

“Los reclamos exclusivamente económicos se gestionan a través de la línea 149 del CENAVID, que evalúa la situación y después deriva el caso al CAJ que corresponda”, precisó Bonino.

Para trámites de índole psicosocial y/o legal, se pueden presentar en la oficina de la dependencia ubicada en Chacabuco 2250, que funciona todos los días, de 8.30 a 14.30. Su número de teléfono es (0291) 4815536.

“Respecto del asesoramiento legal, si es necesario nos presentamos en cualquier causa, pero no bajo la figura del abogado querellante porque no tenemos un convenio que nos permita representar a los consultantes”, aclaró el abogado.

La repartición ofrece además atención psicológica por parte de profesionales que integran el equipo de trabajo.

“Nuestro CAJ está más vinculado con cuestiones civiles que penales, más allá de que si es necesario interviene en causas del fuero penal”, dijo el vocero.

Una de ellas es la que se inició a raíz del femicidio de la soldado mendocina Agustina Yoselie Nadal Herrera (21), consumado el año pasado en esta ciudad.

“En promedio recibimos entre 400 y 450 consultas mensuales bastante variadas”, concluyó Bonino.

En el ámbito provincial

Otro organismo. El Centro de Acceso a la Justicia (CAJUS) provincial es otro de los organismos con los que los familiares de víctimas de delitos cuentan para solicitar ayuda. En Bahía opera en Salta 350, donde funciona la Defensoría del Pueblo.

Alcances. Su plantel implementa la “política pública de asistencia a víctimas dedicada a diseñar, gestionar e implementar la promoción y restitución de los derechos de las víctimas de delitos graves”, y su función “no se limita al proceso judicial”.

Articulación. El CAJUS articula acciones con reparticiones nacionales, provinciales y municipales, como también con organizaciones de la sociedad civil.

Gratuito. La atención gratuita al público se brinda lunes y jueves, de 8 a 14. Sus vías de comunicación son el teléfono (0291) 4520633 o los mails cajusbahiablanca@mjus.gba.gob.ar y cajusbahiablanca@gmail.com

Definición. El artículo 4 de la ley provincial de víctimas (15.232) define como "víctimas indirectas" a la o las personas del grupo familiar de la "víctima directa", es decir el "sujeto pasivo titular del bien jurídico afectado por el delito".

Celeridad. En el artículo 5 de la norma, en tanto, se establece que el "tratamiento y atención a las víctimas de delitos se regirá en base a los principios de celeridad, abordaje integral y gratuidad".