Procesan a dueños de un geriátrico por maltrato a dos inspectores

Redacción de La Nueva.

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El exsecretario de Economía municipal durante la gestión Linares, Carlos Enrique Schivndt -quien a principio de este año se vio envuelto en un escándalo por una cámara oculta relacionada con una supuesta agresión a un empleado despedido- sumó otra mala noticia al ser procesado por la Justicia Federal.

La medida, que también incluye a su mujer, Marta Vásquez, tiene que ver con el maltrato que sufrieron dos inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación por parte de ambos como dueños del geriátrico La Residencia, ubicado en Estomba 474.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó la resolución de la jueza María Gabriela Marrón, de primera instancia, y procesó -sin prisión preventiva- a Schivndt y Vásquez por el delito de resistencia a la autoridad.

También les trabó un embargo hasta cubrir la suma de $100.000 en concepto de responsabilidad civil y como garantía de las costas del proceso para cada uno.

Los hechos sucedieron la tarde del 15 de junio del año pasado cuando, en el marco de una inspección laboral de rutina, los funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Andrés Manes y Guillermo Lohrmann, llegaron hasta el geriátrico céntrico.

Luego de presentar las credenciales correspondientes, fueron recibidos por una empleada, quien les facilitó una factura de servicios donde constaban los datos del establecimiento, dado que el lugar no contaba con constancia de la AFIP a la vista para poder identificar la titularidad del lugar.

Realizada una recorrida, se corroboró que había 8 trabajadores y se entrevistaron a 6 de ellos, mientras que los dos restantes no se presentaron pese a los llamados de los inspectores.

Cambio de postura

Cuando fueron a convocarlos nuevamente, la empleada les indicó que no podían estar en ese pasillo y que debían esperar a los titulares.
En ese momento arribaron Schivndt y Vásquez, dueños de la sociedad, quienes, sin mediar comunicación, comenzaron a insultar y agredir a los inspectores.

"Estúpidos, hijos de p..., idiotas… los voy a denunciar…", les advirtió el hombre, para luego avanzar sobre uno de ellos y tomarlo fuertemente del cuello y empujarlo a la calle, echándolo del hogar.

Vásquez también hizo lo suyo, aunque no con tanta fuerza pero sí con violencia y también empujó al otro, hecho que obligó a la salida de los funcionarios, quienes luego labraron el acta respectiva.

La jueza Marrón tuvo en cuenta los testimonios de los dos inspectores -coincidentes, al declarar bajo juramento- y la documentación acompañada para los procesamientos.

La defensa particular  apeló, al entender que no se configuró el delito y que en ningún momento se privó de la libertad a la autoridad actuante, aunque la Cámara Federal, en segunda instancia, ratificó la medida.

Obstrucción laboral

Los jueces Pablo Larriera y Pablo Candisano Mera destacaron, en principio, que los inspectores actuaron bajo las facultades legales y que se ajustaron a la normativa (ley 25.877), que obliga a los responsables del lugar a "colaborar con el inspector, así como a facilitarle la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus competencias".

Según los camaristas, quedó acreditado, al menos en esta etapa procesal, que Schivndt y Vásquez "obstruyeron una inspección laboral".
Consideraron que existe "necesario basamento probatorio para la instancia" para dictar los procesamientos y desestimaron el planteo de la defensa sobre que no se les impidió desarrollar su tarea porque eso "contrasta" con los datos documentados, ya que se pudieron relevar a solo 6 trabajadores.

"La conducta fue una obstrucción en términos de impedimento de labor de la autoridad", insistió la Cámara.

También consideraron una excusa que los dueños hayan rechazado la inspección por estar todavía en pandemia.

"No pudimos hablar con ellos ni comentarles nuestro trabajo, desde que pasaron la puerta fueron insultos amenazas y agresiones físicas", declaró uno de los inspectores.

Por otro lado dijeron que a esa altura ya estaban habilitados luego del aislamiento y que usaban barbijo y alcohol en gel.

Qué dice el Código Penal

Delito. Será reprimido con prisión de 15 días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, sostiene el artículo 239 del Código Penal.

Libertad. "El objeto de tutela del delito enrostrado constituye la acción libre del funcionario público. La resistencia lesiona el orden de la administración pública, atacando el ejercicio de la libertad funcional", explicó la Cámara en base a la jurisprudencia.

En marzo. Schivndt había quedado envuelto en otro escándalo en marzo último, cuando trascendió públicamente un video en el cual, al parecer, maltrata a un exempleado del geriátrico.

Descargo. El contador declaró por ese hecho que la actitud de la otra parte fue violenta y que él se sintió molesto porque la madre del hombre estaba filmando la situación.