Bahía Blanca | Martes, 23 de abril

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Defender la salud y defender la política

Valeria Rodríguez, concejal de Avanza Libertad Bahía Blanca y presidenta de la Comisión de Salud del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca.

Fotos: Archivo La Nueva.

La pandemia por Covid-19 tuvo un efecto tsunami sobre nuestra sociedad, y digo nuestra por Argentina. El país en materia de estrategia sanitaria dijo regirse a partir de conclusiones y recomendaciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud entre cuyas acciones está la de implementar medidas sanitarias en casos de epidemias, pandemias o viajes internacionales, entre otras cuestiones. 

Las recomendaciones de la OMS, independientemente de la valoración de las mismas, son recomendaciones. No son leyes menos decretos.  Así como Uruguay no recurrió al encierro obligatorio, la Argentina sí. Mientras Uruguay apelaba a la responsabilidad ciudadana, Argentina optaba a través de DNU la obediencia ciudadana, condenó y apresó. Mientras Uruguay veló por el menor deterioro de la economía, en Argentina, el presidente Alberto Fernández, decidió una emisión descabellada y lo dijo claramente: “No me va a temblar el pulso, si tengo que elegir entre la salud y la economía, elijo la salud”.

No eligió la salud. La descartó

No se trata solo de la foto del cumpleaños de Fabiola, que confirma  de lo que está hecho, sino de su falta al deber público. Tampoco de los truchos centros de vacunación. Los que se ocuparon de la salud fueron los profesionales de la salud. El gobierno se ocultó detrás de su vocación para ocuparse de organizar su propaganda partidaria y poner el acelerador a su plan de autarquía. Las elecciones 2023 espero lo comprendan. 

Imperdonable su ordenamiento del caos a través de la desinformación, la confusión y la consiguiente angustia por impedir la propagación física del afecto. Creer o reventar, nuestras relaciones interpersonales y la felicidad generan endorfinas y fortalecen el sistema inmunológico. La angustia y el encierro propagaron el estrés, el surménage y la fragilización masiva de la confianza en el otro. El otro es el enemigo y así instaló una propia versión del derecho positivo con intereses partidarios. Los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados cuando el Congreso ya estaba funcionando son inconstitucionales. Las quejas no fueron suficientes, así que siguió adelante. La necesidad y la urgencia venían de estadísticas que el poder mismo completaba y siempre, como hasta hoy, según su tiempo político: en diciembre 2022 extendió la emergencia sanitaria hasta diciembre 2023. Este marco habilitó entre otras cosas a contratar personal sin título, a extranjeros sin reválidas, a hacer compras directas y a instalar infraestructura sanitaria sin habilitación.  La realidad del gobierno nacional y de PBA pasa por otro lado, su ejercicio es el de la incongruencia. 

Existe un principio de interés público que es un principio general referido al hecho de que todo acto del derecho debe contemplar el bien de la sociedad, no del Estado o de una parte de este. Y la interpretación política de que  los intereses colectivos están por encima de los derechos individuales, y los derechos públicos están por encima de los derechos privados les ha servido para avasallar la libertad y las garantías constitucionales. Porque lo colectivo incluso es un bien subjetivo y discutible si de doctrinas hablamos. Y cabe decirlo porque no hay gobierno dueño de la verdad. Lamentablemente el gobierno actual de la Argentina, es solo  un repetidor incansable de su doctrina, su voz resuena en el minarete de su microclima y, al resto, aturde.

En el ámbito americano de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, en su artículo XI proclama que “toda persona tiene derecho a que la salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad” y el protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales denominado “Protocolo de San Salvador” firmado por nuestro país establece en su Artículo 10.1 el derecho a la salud en los siguientes términos “toda persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”.

La Argentina que vive los 40 años de Democracia transita un momento de precariedad en nivel de bienestar físico, mental y social en un contexto postpandémico casi agonizante como resultado de las ineficaces medidas de un gobierno que cuando más debía velar por el resguardo de la calidad institucional y paz social, incrementó el gasto público, redujo la calidad en salud, educación y desarrollo y fomentó la discriminación con sus propagandas de inclusión. Lejísimo de buscar el más alto nivel de bienestar general, hoy, en la postpandemia pre-eleccionaria,  profundiza su esquema de precariato.

Yo quiero hablar de los efectos adversos de la gestión de pandemia: de los efectos adversos de las vacunas y también de los efectos adversos de su decisión del desmedido encierro injustificado, de las depresiones producto de la pérdida de la pyme familiar, del poder de compra, de la inflación, de nuestro empobrecimiento sistemático a nivel educativo. Quiero hablar de la evidencia oculta y de los procedimientos incumplidos, porque toda su gestión empezando por la sanitaria y luego la económica, nos trajo efectos adversos de los que jurídicamente no tienen pensado hacerse cargo. El juicio a la Corte es ejemplo de esto último (defenderse de sus causas) y ahora al borrar la base de datos de la vacunación eliminan así la posibilidad de rastreos. 

Haber decidido ser uno de los países para formar parte de la experimentación en humanos dentro de los “Ensayos Clínicos” significó seguir una serie de procedimientos formales altamente complejos porque de esto dependería la salud entera de una población y especialmente la de los voluntarios inscriptos en tal programa de ensayos. Hay evidencia de que no fueron respetados como tampoco fueron informadas las evidencias de efectos adversos (Expediente 0060-P-2022, en la Honorable Cámara de Diputados// IF-2021-15839423-GCABA-DGDYP y DI-2021-169-GCABA-DGDIYDP). 

El tremendo impacto de no querer ahora ocuparse de formalizar los datos de efectos adversos no tiene nada que ver con discutir vacunas, ni poner en juego la atención médica ni siquiera con la corporación farmacológica porque cada uno decide cómo transitar su vida, tanto en la salud como en la enfermedad. Tiene que ver con el concepto de PRESERVAR LA SALUD y en este sentido las decisiones del gobierno que nunca sincera que el sistema de salud pública está colapsado, quebrado y “sutilmente” intervenido por sindicatos e intereses políticos, agravado con una falta de capital humano crítica que responde a la falla del sistema y no a la falta de vocación. Estos son los temas de fondo que quedarán en primer plano cuanto más peticionemos y sepamos.

El derecho a la información pública y el derecho a peticionar son constitucionales y para un legislador constituyen el compromiso asumido: defender la constitución. Tanto como no renunciar a su convicción