Caros e ineficaces: por qué los subsidios energéticos son tan cuestionados

Francisco Rinaldi

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Licenciado en Economía por la UNS y periodista económico con 16 años de trayectoria en La Nueva. A la largo de su recorrido profesional, se ha especializado en el seguimiento de los grandes problemas de la economía argentina y sus posibles implicancias para la bahiense, con una mirada local.
También se desempeña como profesor de los niveles secundario, formación profesional y terciario en Economía Política, Administración y Contabilidad.

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   En los últimos cinco años y dentro del Presupuesto del Estado nacional, aumentó la porción de la torta que se llevan los subsidios a la energía, seriamente cuestionados por su ineficacia como política distributiva y sus problemas de control público.

   Así, según el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), en 2017, el 48 por ciento del gasto del Sector Público Nacional (SPN), se destinaba al pago de jubilaciones y pensiones, yendo el 4% a subsidios energéticos, un 14% a Programas Sociales y apenas un 1% para el pago de los salarios de los empleados estatales nacionales.

   Cinco años más tardes, el gasto del SPN sufrió un cambio radical en su composición, ya que el gasto en jubilaciones bajó hasta el 42%, al tiempo que los subsidios pasaron a representar nada menos que el 10% del total, superando en participación a lo que se destina al pago de sueldos (9%), y apenas un punto por debajo de lo que va a Programas Sociales, los que si ponen el foco en la asistencia a los más necesitados.

   Si bien las jubilaciones y pensiones ajustan por una ley de movilidad votada por mayoría parlamentaria, de forma que tienen actualizaciones periódicas, estas evolucionaron muy por debajo de lo que se destina a subsidiar los consumos de energía, que aumentaron tan sólo en la primera mitad de este año a razón del 117% interanual.

    “Hay que aclarar que en términos absolutos, no hubo una caída de las jubilaciones. El tema es que el gasto público para subsidiar la energía si se incrementó notablemente, de forma que su composición se modificó”, destacó el economista rosarino Lavih Abraham (MATE).

   Para Abraham, “los subsidios energéticos tienen serios cuestionamientos como política distributiva, precisamente, porque no son una política para favorecer a la distribución del ingreso, ya pueden percibirlos las clases más acomodadas como los más pobres”.

   Precisamente, desde hace ya varios años, el complejo entramado de subsidios a la energía impide que beneficien a quienes más los necesitan, es decir, a los sectores menos favorecidos de la sociedad, que ocupan los deciles más bajos en la distribución del ingreso en nuestro país.

   Es que en la Argentina, el que recibe el aporte del Estado no es el consumidor final en forma directa (la demanda), sino las empresas de servicios públicos que tienen a su cargo la distribución hogareña de agua, gas y luz (la oferta), las que pueden adquirirlos en los mercados mayoristas a precios inferiores al costo de producción.

   Al no focalizarse en la demanda, todo el esfuerzo que el Estado nacional realiza no va a quienes realmente los necesitan, ya que también se benefician de las tarifas más económicas las clases medias y altas.

   De hecho, un conocido estudio de Jorge Puig y Leonardo Salinardi, del año 2015 y publicado por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), dependiente de la Universidad de La Plata, concluyó que la mayoría de los subsidios a los servicios públicos (luz, agua, gas de red, gas envasado y transporte terrestre y aéreo), son pro-ricos, es decir, se concentran, en términos absolutos, en los deciles de ingresos más altos de la distribución del ingreso, en lugar de los más bajos, de forma que incumplen la función que justifica, al menos en lo declamativo, su existencia.

   “La otra cuestión tiene que ver con los problemas de control de ese gasto. Si el Estado realiza una obra pública, se sabe hacia dónde va dirigida, qué recursos se van a movilizar, en el sentido de pagos a proveedores, contratación de mano de obra directa e indirecta, etcétera, pero con los subsidios, eso no puede saberse, lo que hace que sea menos controlable de parte de las autoridades”, explicó Abraham.