Bahía Blanca | Sabado, 25 de junio

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Pérdida de tiempo, hacinamiento y falta de seguridad: el problema edilicio de la Justicia local

A la limitada superficie disponible se suma que la mayoría de los edificios que ocupan los órganos judiciales no se corresponden con la tipología ni las funcionalidades de una oficina judicial.

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Audionota: Danilo Belloni

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

   El Poder Judicial bonaerense funciona en nuestra ciudad en 18 edificios diferentes, no por una cuestión de organización premeditada sino porque la necesidad de espacio por su crecimiento y transformación en el tiempo ha derivado en la constante adición de superficie, adquiriendo o alquilando nuevos inmuebles, ninguno de ellos pensados originalmente con ese destino.

   Las deficiencias de la mayor parte de esos bienes quedaron expuestas en los últimos días, cuando por segunda vez en lo que va del año se incendió una subestación subterránea de EDES en el edificio de avenida Colón 46, donde se ubican varias dependencias judiciales. 

   La causa del hecho se atribuyó a una sobrecarga de las instalaciones, en parte debido a la falta de mantenimiento y también relacionado con el creciente uso de energía.

   La preocupante situación no es exclusiva de Bahía Blanca. Un estudio de 2007 elaborado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, titulado “Estrategia para un plan de infraestructura edilicia”, concluyó que en todo el ámbito de la provincia existen “severas carencias edilicias”, generadas por la constante transformación que registra el mapa judicial, producto de las reformas del código procesal, la creación de nuevos órganos y la incorporación de fueros. 

   Todo ha derivado en un estado de hacinamiento general, con instalaciones en vías de colapsar y con estructuras comprometidas por sobrecargas y falta de seguridad.

Una referencia

   Es simple entender la gravedad de la situación edilicia si se asume que ese estudio de hace 15 años incluía una estimación de necesidades para 2016 en la provincia, concluyendo que ese año deberían sumarse 435 mil metros cuadrados de superficie, es decir casi duplicar la superficie hoy existente. 

   Poco y nada se ha hecho desde entonces, con lo cual es acertado concluir que esas son las carencias físicas y funcionales actuales.

   Otro agravante que se suma a la limitada superficie disponible es que la mayoría de los edificios que ocupan los órganos judiciales “no se corresponden con la tipología ni las funcionalidades de una oficina judicial y la actividad debe adaptarse a una configuración concebida para otros usos. De allí que muchos de estos sitios carecen de la seguridad adecuada, los espacios necesarios y tecnología”. 

   En nuestra ciudad es simple verificar esa situación con un ejemplo: la Fiscalía General, el Centro de asistencia a la víctima y el Control de gestión y capacitación funcionan en Gorriti 302, esquina Vieytes, ocupando parte de ese edificio construido en 1910 por la empresa del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, de capitales ingleses, por entonces concesionaria del servicio de aguas corrientes.

   El doctor Juan Pablo Fernández, fiscal general del Departamento Bahía Blanca, reconoció a La Nueva esa problemática. 

   “El problema de falta de espacio es importante, no sólo por la necesidad de disponer de superficie sino también por una cuestión de funcionalidad”, señaló.

   “Por ejemplo, el ministerio público fiscal local --una de las tres ramas en que se divide la dependencia, junto con el Ministerio público de la defensa y la asesoría de incapaces—- está repartido en cuatro edificios, lo cual genera una serie de obstáculos, producto de la distancia entre cada dependencia”, detalló.

   El otro inconveniente es la falta de funcionalidad. 

   “Los edificios carecen de las condiciones ideales, no cuentan con la iluminación necesaria, son anticuados, como el de Estomba 127, el de Moreno 25 o el de avenida Colón 532”.

   Fernández recordó que hace unos años se consideró construir un polo judicial, con distintas alternativas de ubicación. 

   “Pero es un proyecto que ha quedado trunco, con los cambios de gobierno y por falta de presupuesto. Nosotros estamos tratando de transferir este edificio (el de Vieytes y Gorriti) al Ministerio público para poder intervenirlo. La idea es ocupar el espacio hoy destinado a estacionamiento con un nuevo edificio. Pero para eso tenemos que tener la propiedad del inmueble, no podemos hacerlo en un bien que no es propio”, explicó.

   El titular de la Defensoría General de Bahía Blanca, doctor Pablo Radivoy, también puntualizó la delicada situación de los organismos a su cargo. 

   “En el caso del Ministerio público de defensa tenemos la ventaja de ser  propietarios del edificio de Las Heras 57, pero el resto, en Chiclana 140 y España 17, se alquilan y apenas cumplen con lo mínimo indispensable en materia de seguridad y funcionalidad. En estos inmuebles se suma la problemática de no estar en condiciones para atender durante la pandemia, ya que es complicado mantener distancia o ventilar de manera adecuada”, manifestó.

   Para Radivoy la posibilidad de construir una ciudad judicial, “bien pensada”, podría ser una solución. 

   “Evitaría que la gente tenga que estar recorriendo todo el centro, si bien estamos a cinco o diez cuadras de la plaza, centralizar en un solo lugar es claro que facilita los trámites”. 

   Durante la pandemia la situación de teletrabajo disimuló un poco los inconvenientes de espacio y traslado, pero con la vuelta de presencialidad se hace necesario aglutinar todos los órganos.

   Al igual que el fiscal Fernández, Radivoy respaldó la idea de construir en Gorriti y Güemes una planta para el Ministerio público fiscal y otra para el de la defensa. 

   “Sería importante para ahorrar tiempo y traslados. Sería muy distinto si todos ocupáramos un único edificio”, mencionó.

Un problema provincial

   La Suprema Corte, en su estudio general de situación, mencionó que la dispersión de las instalaciones judiciales implica “una sumatoria de tiempos perdidos difícil de dimensionar además del gasto que origina, también de relevancia”. 

   Otra consecuencia no menor es que la diversidad de propiedades ocupadas muestra un sinfín de tipologías y fachadas, ocasionando una ausencia total de imagen institucional. 

   Por tal motivo planteó la necesidad de crear en cada distrito “un espacio único y contenedor de todas las actividades”, una suerte de “Complejo Judicial”, donde concentrar y agrupar las dependencias existentes y fortalecer esa imagen.

   En 2007 el Poder Judicial bonaerense ponderó un déficit -–para toda la provincia-- de 147.525 m2, estimando la superficie ideal requerida (517.997 m2) frente a la disponible (370.473 m2, 26% de propiedades alquiladas). 

   La proyección realizada para 2016 estimó que el déficit total llegaría a 434.530 m2. 

   Concluyó el Tribunal “la necesidad de poner en práctica un Plan de Infraestructura Edilicia, mancomunando los esfuerzos la Provincia y la Nación, a fin de incrementar los recursos presupuestarios y obtener financiamiento de organismos de crédito”. 

   En el caso de Bahía Blanca, el conjunto de edificios que ocupa la justicia fue calificado por el Departamento Judicial local con una “eficiencia” promedio de 0,67, en una escala donde el óptimo es de 1,40. 

   La puntuación consideró condiciones de localización, accesibilidad, ambientales, seguridad, vida útil, conservación y funcionalidad.

   Algunos inmuebles presentan condiciones completamente inadecuadas. El de la avenida Colón 46 ofrece una seguridad ponderada en 0,24, cuando lo esperable es 1,20. 

   El histórico Palacio de Tribunales, Estomba 34, llega a 0,60 y en Sarmiento 32 la funcionalidad promedia 0,30.

Propuesta municipal

   El Departamento Ejecutivo Municipal, consciente de la situación que atraviesa el sistema judicial, lleva tiempo realizando gestiones tratando de ser parte de la solución. 

   Por eso remitió a la Corte Suprema bonaerense un anteproyecto para la construcción de un complejo de dos torres, cuya primera etapa incluiría el traslado de los servicios de primera instancia a un predio de calle Sixto Laspiur, entre Blandengues y Juan Molina.

   En su presentación, la comuna señaló que la actual dispersión “aumenta los costos por los movimientos de personal y del público” y detalla que todo el fuero penal se distribuye entre el Palacio de Justicia y el edificio de Colón 46, en pleno centro comercial y administrativo, con dificultades para el traslado de detenidos y el estacionamiento. 

   Indicó, además, que los inmuebles de Colón 46 y Sarmiento 32 se encuentran con “serios inconvenientes de hacinamiento del personal, de infraestructura en general y de seguridad en particular”. 

   “El recurso actual es de 11.747 m2 de edificios propios y 932 m2 de alquilados. La construcción del edificio planteado desde el municipio agruparía al fuero penal y de responsabilidad penal juvenil, con una mejora laboral y un ahorro de alquileres que permitiría una rápida amortización de la inversión”, agregaron.

   La propuesta plantea ocupar un terreno de 25 mil m2 sobre calle Sixto Laspiur donde se construiría un primer edificio de 7.150 m2, más otro similar vecino en una segunda etapa.

Obras de coyuntura

   Los incendios de la subestación del edificio de avenida Colón 46, explicaron algunos empleados judiciales a este medio, “despabiló a muchos”, y dejó en claro que componentes claves en materia de seguridad, como disponer de un plan de evacuación en caso de incendio, son parte de los déficits existentes. 

   A partir de esas falencias se trabaja por estas horas en diseñar sistemas de alarmas y escaleras de servicio, pero la realidad es que hasta que estos componentes se materialicen los trabajadores ocupan edificios que difícilmente logren tener una habilitación para ser ocupados.

   También observaron que cada año ha aumentado la tecnología pero ningún edificio se ha adecuado a esas demandas, con lo cual se generan, según grafican, “parches sobre parches”. 

   La pandemia provocó que el presupuesto sanitario fuese prioritario, con lo cual también quedaron suspendidas tareas básicas de mantenimiento o adecuación.

   Todo el personal ha escuchado versiones sobre la construcción de una ciudad judicial, sobre todo asumiendo que la Corte Suprema declaró una emergencia judicial hace diez años. 

   “Los terrenos del ferrocarril llevan décadas sin uso, esas tierras son por demás adecuadas para este fin. Además se necesitan generar nuevos espacios. No es posible que la ciudad no cuente con una alcaidía para el alojamiento rápido de detenidos, o un adecuado laboratorio de policía científica”, detallaron.