Facturas truchas: se queda sin Mundial un empresario bahiense ligado a Lázaro Báez

Redacción de La Nueva.

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   Uno de los 7 supuestos integrantes de las usinas de facturas truchas que habrían favorecido a Lázaro Báez, en lo que para muchos es el "delito precedente" al lavado de activos por el cual fue condenado, se quedará con las ganas de viajar al Mundial de Fútbol.

   Se trata de José Antonio Ferreyra, a quien la Justicia le revocó esa posibilidad.

   El juez federal N° 1, Walter López Da Silva, previo pago de una caución de 300 mil pesos, había aceptado el pedido de Ferreyra, quien pretendía viajar a Qatar durante un mes -desde el 15 de noviembre próximo-, para presenciar la máxima competencia, de la que tomará parte la Selección que capitanea Lionel Messi.

   Sin embargo, la AFIP-DGI, en carácter de querellante, apeló esa decisión y ahora la Cámara Federal, por mayoría de opiniones, revoca la medida le impide a Ferreyra la salida del país.

Seis claves para saber cómo operaban las usinas bahienses

   Para el citado empresario, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez había pedido juicio en agosto pasado, planteo que debe resolver López Da Silva.

   Esa solicitud alcanza a los integrantes de dos grandes grupos de firmas, denominados Ficcadenti y Ferreyra, además del contador Rogelio Alberto Chanquía, bajo la imputación de integrar una asociación ilícita fiscal que, según los cálculos publicados en el expediente, habría generado un daño patrimonial de más de 673 millones de pesos.

Lázaro Báez ya fue condenado por lavado de activos. La asociación ilícita fiscal sería el delito precedente.

   Cree el fiscal que la facturación falsa le permitió a Báez, a través de su empresa Austral Construcciones, reducir -de manera multimillonaria- impuestos que pagó durante varios años a la AFIP.

   La facturación era emitida por las empresas Calvento, Penta y Cía. y Terrafari (Ficcadenti) y Contructora Patagónica Argentina, Vialinert y Ferreyra Constructora Vial (Ferreyra).

   La imputación también alcanza a Franco, Enzo y Silvio Luis Ficcadenti y a Denis Ariel y Franco Nicolás Ferreyra.

Argumento de apelación

   Los representantes legales de la AFIP pidieron que se revoque la decisión o, al menos, que se modifique el monto de la caución por una "razonable" teniendo en cuenta la magnitud del viaje previsto.

   Y plantearon distintos argumentos como la baja fianza, los riesgos procesales por estar acusado del delito más grave del Régimen Penal Tributario, la gravedad de los hechos imputados, el peligro y posible entorpecimiento en el curso de la investigación que genera su salida del país, la pena en expectativa y la falta de justificación suficiente, "en tanto es un viaje de ocio".

   Dos de los tres camaristas aceptaron el planteo de la querella.

   Se trata de los doctores Silvia Mónica Fariña y Roberto Daniel Amábile, quienes compusieron el voto mayoritario para modificar la decisión e impedir que Ferreyra salga del país.

Amábile, Fariña y Candisano Mera, los camaristas que resolvieron.

   La doctora Fariña explicó que el empresario fue indagado en septiembre de 2018 y su situación se resolvió en diciembre de 2019, siendo confirmado su procesamiento por la Cámara, como miembro de la asociación ilícita fiscal, con posibilidades de ir próximamente a juicio.

   "La gravedad de tales imputaciones (...) determina la necesidad de restringir la salida del país del encartado a los fines de asegurar su sujeción al proceso, cuya pena en expectativa tiene una pena máxima de 10 años", agregó Fariña, con la adhesión de Amábile.

   Consideró, en esa línea, que la denegatoria a viajar es una limitación "mínima y proporcional", que protege intereses y asegura el cumplimiento de objetivos de orden superior.

   Por otro lado, destacó la jueza que no existen tratados de extradición con los países de destino y que, por otra parte, no viaja por cuestiones laborales o de salud, sino que "se trata de un viaje que no presenta notas de trascendencia e imperatividad suficientes".

Con más caución, sí

   En su voto en minoría, el camarista Pablo Candisano Mera consideró que no había riesgos reales de fuga o entorpecimiento en la causa si Ferreyra viajaba, aunque sí pretendía que la caución subiera a $900 mil.

   "No es la primera vez que sale del país", dijo Candisano Mera, quien aclaró que en noviembre de 2016, cuando le impusieron restricciones, "siempre acató las disposiciones judiciales, realizando las presentaciones ante la autoridad policial en el marco de estas actuaciones".

   "El magistrado (por López Da Silva) evaluó expresamente la inexistencia del riesgo procesal en el caso, destacando que Ferreyra siempre ha mantenido un proceder ajustado a las reglas de conducta que le fueron impuestas, no evidenciando actitudes de fuga o entorpecimiento en la investigación, habiendo sido ya autorizado en otras oportunidades a salir del país", remarcó.

   Por otro lado, valoró que Ferreyra había condicionado la presentación de pasajes y lugar de alojamiento a la autorización judicial, con lo cual se refuerza la idea de que se iba a mantener a derecho, sin indicios de no regresar al país.

   Sin embargo, prevaleció la postura de Fariña y Amábile, se revocó la autorización y Ferreyra, al parecer, verá el Mundial por TV.

Sin actividad económica real

Desde 2007. La investigación determinó que los 7 acusados fueron miembros de una organización delictiva destinada a cometer, con habitualidad, delitos tributarios, por lo menos desde 2007 en adelante y a través de empresas que no tenían actividad económica real como para facturar la magnitud y diversidad de servicios supuestamente prestados.

Maniobra. Esa asociación, a través de la falsifación de facturas, en los que se hacía constar la prestación de servicios que en realidad no se realizaban y en los que además se declaraban precios mayores a los que efectivamente se cobraban, se encargaba así́ de proveer de crédito fiscal apócrifo a diferentes contribuyentes, a cambio de dinero.

Al receptor. Esa acción, además, les permitían a los compradores de facturas truchas disminuir de modo fraudulento su carga tributaria.

Ejemplo. El grupo Penta era una empresa sin capacidad económica que le facturó a Constructora Patagónica Argentina, desde agosto de 2009 a enero de 2011, más de 5 millones de pesos, teniendo de capital social 12 mil pesos.