Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

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Medidas y boom de consumo para el semestre electoral

La columna semanal de Eugenio Paillet, corresponsal de La Nueva. en Casa Rosada.

Archivo La Nueva.

   Plan “Ganemos y después vemos”, plan “Explosión de consumo”, “Festival del gasto público”, o “Plan voto”, son varios de los nombre que circulan por estas horas en los despachos del Gobierno, sin que hasta ahora algún eslogan se imponga sobre los otros, pero que marcan a fuego la idea central que es la de provocar un boom de consumo y de inyección de fondos en los bolsillos de la gente de aquí hasta fin de año.

   En el medio, por si vale recordar, están las PASO de septiembre y las legislativas de noviembre, que el Frente de Todos necesita imperiosamente ganar para sostener su proyecto hasta 2023, y por supuesto más allá del final del mandato de Alberto Fernández.

   Las últimas medidas que ha adoptado el gobierno del presidente Fernández, en total consonancia con lo que se piensa en el Instituto Patria, donde se sigue al pie de la letra la bajada de línea de la vicepresidenta Cristina Fernández, van en aquella dirección, según reconocen en varios de aquellos despachos de funcionarios abocados de lleno a montar la estrategia electoral del oficialismo.

   La más fresca de esas decisiones, aunque los confidentes aseguran que no será la última, de las adoptadas por el Gobierno para cumplir con el plan, es la decisión de adelantar para septiembre el pago del aumento de la percepción mínima para jubilados y pensionados para compensar y eventualmente equiparar el aumento de la inflación, que estaba prevista recién para febrero de 2022.

   Sin que descubran la pólvora, en despachos de la Casa Rosada reconocen que en definitiva de lo que se trata es de “dar buenas noticias” camino a las elecciones de medio tiempo de noviembre, aunque para ello se planifique un monumental aumento del gasto público vía emisión de pesos por parte del Banco Central.

   Algunas consultoras ya han estimado en sus informes de la semana anterior que el costo del plan electoral del Gobierno ascendería a los $ 740 mil millones, entre subsidios, aumentos por decreto como en el caso de los jubilados, sostenimiento de planes sociales y otros de auxilio a empresas, la paritaria salarial del sector púbico y el reparto sostenido de obra pública para provincias y municipios de todo el país.

   En las últimas horas en el gobierno reconocieron que más allá de la cuestión puntual del sideral aumento del gasto público para contener las necesidades de las clases media y baja y de sectores carenciados, también habría que contabilizar decisiones que irían a sectores más acomodados de la sociedad como podría ser el acortamiento, actualmente en estudio mediante un decreto que trabaja la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para acotar el plazo de estadía de los miles de varados en aeropuertos de distintas partes del mundo.

   También el cambio de rumbo de la política oficial en materia de vacunación y la aceptación mediante un DNU de Fernández de la provisión de las vacunas norteamericanas que hasta ahora no habían sido tenidas en cuenta presuntamente por una decisión de “corte ideológico”, como Pfizer, Moderna y Janssen, va en la misma dirección de aquellos planes, dijeron las fuentes gubernamentales.

   En una rápida enumeración, se sabe que el gobierno prepara toda esa batería de medidas para anunciarlas de manera paulatina, de modo de mantener muy alto en los medios de comunicación los anuncios del presidente Fernández y de sus ministros.

   A la estrategia de adelantar un semestre el aumento de la jubilación mínima, se suma la decisión ya tomada de también aumentar mediante un DNU el salario mínimo y vital de los trabajadores formales, alentar las discusiones de los paritarias con un piso del 45 %, nuevas medidas de aliento a las pymes y el sostenimiento del REPRO II para empresas privadas con problemas, que directamente será extendido por lo menos hasta noviembre, créditos baratos para alentar el consumo y el sostenimiento durante el próximo semestre del sistema de “aumentos controlados” de las tarifas de los servicios públicos y de los combustibles.

   En las próximas horas, en la misma línea de generar “buenas noticias”, el presidente Fernández le pondrá la firma a la extensión del programa Precios Cuidados, casi 700 productos de la canasta familiar, que vendrá con un aumento “social” de entre el 6 y 8 %.