El caso Fri: ¿influye la presión social en la detención de un inocente?

   La presión social puede haber sido un factor condicionante para la Justicia de Garantías bahiense al ordenar el procesamiento con prisión preventiva de Franco Fri, un joven acusado nada menos que de violar a dos mujeres y que estuvo preso 6 meses hasta acreditarse que no había sido el autor.
   Ese reclamo de colectivos de la sociedad para que casos de trascendencia pública como este, registrado en el barrio Pedro Pico, no queden impunes, muchas veces influye en los estándares de valoración de la prueba y parece acotar el límite de la presunción de inocencia.
   Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina, analizó las circunstancias que terminaron con una persona de 22 años inocente privada de su libertad, primero en comisarías de esta ciudad y Pigüé y luego en el penal de Melchor Romero, en La Plata, y en la cárcel local de Villa Floresta.
   “En muchas ocasiones los jueces bajan la vara y aplican criterios de valoración probatoria menos exigentes sin decirlo. Esta valoración no es una operación matemática, entonces frente a causas enmarcadas por presión o casos graves, los jueces, con poca prueba, igualmente condenan incumpliendo las exigencias que establece la ley”, explicó Garrido.
   Si los investigadores no hubieran dado con Nicolás Esteban Gaitán, el presunto verdadero responsable de los ultrajes y cuyo ADN se halló en ambas víctimas, Fri podría haber sido enjuiciado y eventualmente condenado a cumplir una alta pena de prisión.
   Sin embargo hasta el arresto casi fortuito de Gaitán (perdió un celular, que era de la primera víctima, cuando intentaba escapar tras el ataque sexual a una tercera mujer en el mismo sector), la causa que la fiscalía inició contra Fri cursaba recién la etapa de instrucción.
   Durante esa instancia, en un reconocimiento en rueda de personas, una de las víctimas individualizó -erróneamente- a Fri como su victimario.
   “Hay problemas con los reconocimientos del supuesto autor de un delito por parte de la víctima. Es una prueba muy poco confiable porque influyen múltiples factores: hay problemas con la memoria de las personas y los denunciantes tienden a reconocer por parecidos a sujetos que no son los responsables del ilícito pero tienen similitudes con el delincuente”, enfatizó el abogado.
   “En el reconocimiento también incide el estrés y la falta de foco en el agresor, por eso es uno de los principales motivos de error en las causas penales”, agregó.
   También se registran “graves falencias” en torno a cómo se realizan estas diligencias ya que, por ejemplo, la difusión previa de imágenes de un sospechoso -afirmó- puede “disminuir y afectar la confiabilidad de los reconocimientos”.
   “Hay factores contaminantes vinculados con la influencia de los investigadores en los reconocimientos en ruedas de personas, y presión sobre los testigos para que reconozcan a los sospechosos aunque no sean los autores del delito”, aseguró el exfiscal Garrido.
   En algunos casos, la información suministrada a víctimas o testigos durante estos procedimientos es “informal”, y por lo tanto eventualmente errónea o falsa, provocando el reconocimiento equivocado de alguien.
   “Los mecanismos de reconocimiento son considerados una prueba importante, pero tienen un altísimo grado de error”, resaltó.

Corregir "errores"

   A criterio del profesor de Derecho, es necesario analizar cuáles son las causas de que jueces priven de la libertad a personas inocentes y potencialmente las condenen.
   “Es necesario trabajar con los protagonistas del sistema (judicial) para que tomen conciencia de que pueden equivocarse, y que el reconocimiento del error es importante porque implica corregir los factores que generan esas fallas”, expresó.
   “El sistema debería detectar esos errores y corregirlos, tanto a través de la ley como de la propia actuación de los jueces y fiscales. Por el ejemplo, el reconocimiento de personas debería estar regulado de otra manera para prevenir identificaciones equivocadas”, añadió.
   “La ciencia avanzó muchísimo en la psicología del testimonio y en recomendaciones para evitar o reducir estos errores, y sin embargo las leyes procesales no se modificaron”.
   “Hay que trabajar mucho sobre los estándares de prueba, es decir cuánta prueba se necesita para condenar y los fundamentos de las sentencias, así como sobre las ciencias y el Derecho, porque hay una utilización de conocimientos que no son verdaderamente ciencias”, completó Garrido.
   La baja “calidad” de peritos intervinientes en las Investigaciones Penales Preparatorias es otro aspecto que puede afectar la situación procesal de un inocente, consideró.
   “Por otra parte se necesita hacer foco sobre los casos de corrupción de la Policía, porque las causas armadas por la fuerza policial son un generador de condenas erradas en la Argentina”, opinó.

Medios e “influencia”

   En casos de inseguridad enmarcados por la presión social, el enfoque dado a las investigaciones por los medios de comunicación es otro factor que puede originar errores en el proceso judicial, según dijo el vocero.
   Cuando se comienza a instruir una causa, el periodismo -sostuvo- suele indicar como autores de delitos a determinadas personas que luego son “estigmatizadas o señaladas como autores”, a pesar de ser probablemente inocentes.
   “Los medios de comunicación ejercen influencia sobre la Justicia y la sociedad en general, que favorece los errores judiciales. Y, si además se difunden imágenes y luego la prueba se basa en el reconocimiento de esas personas, eso también afecta la confiabilidad de las diligencias policiales”, reflexionó.
   “Los medios tienen una responsabilidad y deberían ser más prudentes en cómo informar sobre los casos. Muchas veces la información proviene de fuentes policiales y se publica sin chequearla”, amplió Garrido.
   “Una vez que en la etapa inicial de una causa se sindica como autor de un delito a determinada persona, sobre la base de los dichos de una fuente policial, eso puede incidir luego en el resultado del caso y podría provocar la condena a un inocente”, continuó.

Principio de inocencia

   La problemática de la encarcelación de inocentes es una amenaza a la presunción de inocencia consagrada por la Constitución Nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó esta situación en sus últimos fallos.
   “El principio de inocencia se ve afectado como consecuencia de la manera descuidada de valorar la prueba por parte de los jueces”, recalcó el también exdiputado nacional.
   “Se afecta a este principio si se reducen las exigencias para condenar a una persona y se condena en base a pruebas falladas o no confiables, con estándares probatorios bajos o fundamentos arbitrarios”.
   “Uno de los problemas serios que también afecta al principio de inocencia en la Argentina es que la persona está en prisión preventiva muchos años y, cuando la condena queda firme, quizá ya la cumplió”, señaló.

   “Por eso una intervención oportuna debería concretarse cuando se confirma la condena y los recursos todavía están pendientes, porque de lo contrario la intervención puede ser infructuosa”.
   “Los procesos con preventiva se prolongan tanto que la discusión sobre la culpabilidad o inocencia de alguien, llega tarde. Esta es una particularidad de la Argentina”, finalizó Garrido.

Abuso de preventiva

   El defensor general interino, Pablo Radivoy, se refirió al uso “excesivo” de la prisión preventiva por parte de jueces de Garantías, una de las causas de superpoblación en las cárceles.
   “Es necesario analizar por qué hay tanta gente procesada con prisión preventiva sin condena firme. Es evidente que esto es parte del problema de sobrepoblación en el Servicio Penitenciario Bonaerense”, indicó Radivoy.
   “Más allá de lo que se opine respecto de en qué casos concretos se aplica o no, las reglas del Código (Procesal Penal) son muy claras en que la preventiva se dictará cuando haya peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento en la producción de la prueba”, dijo.
   “A mi entender, en la mayoría de los casos esto no ocurre”, concluyó.

 

“Pesadilla” en primera persona

 

   Franco Fri contó el calvario que vivió desde su detención, el 28 de noviembre pasado, 4 días después del primer ataque sexual cometido a poca distancia de su casa.
   La medida restrictiva fue ordenada por la exjueza de Garantías Nº 1, Gilda Stemphelet, a pedido de la fiscal Agustina Olguín.
   “Si bien sabía que soy inocente, sentía mucha presión psicológica porque en fiscalía se decía que me querían dar 30 años de cárcel. Era una pesadilla de la que no me podía despertar.  Por eso pensé en quitarme la vida si esto no se solucionaba”, destacó Fri en declaraciones al canal TN.
   “Estaba (preso) en los 'buzones' sin luz, con poca comida, pero lo pude superar”, agregó.

   Franco se refirió al reconocimiento en rueda de personas en la comisaría de Pigüé, donde según confirmó los sospechosos tenían puestas “capuchas y barbijos”.
   “La víctima me señaló a mí y a otra persona”, aclaró.
   Vecinas del barrio declararon que hay "un chico revoltoso (por Fri), que fuma porro, suele discutir con su novia y posiblemente sea el violador", contó el abogado del joven, Facundo Rojo.
   La fiscalía tuvo en cuenta esos testimonios, allanó la casa de Fri, secuestró un cuchillo Tramontina y lo detuvo, hasta que el ADN determinó, 6 meses después, que es inocente.

   Para Lucas, hermano de Franco, el "dolor más grande es que la fiscalía decía que tenía pruebas suficientes para llevar la causa a juicio".

 

ADN y demoras

Necesidad. El fiscal general Juan Pablo Fernández reconoció que de contar con un laboratorio para pruebas de ADN en la ciudad -en vez de enviarlas a La Plata-, Fri posiblemente no hubiera estado 6 meses detenido sino, a lo sumo, 30 días.

Inversión. “Hace falta invertir para montar un buen laboratorio en Bahía que tenga secuenciador de ADN, genetista, biólogo, patólogos y esvisceradores, que hoy no tenemos”, reconoció Fernández.

Obligados. “Las pruebas de ADN hoy se deben hacer en La Plata o en algún instituto oficial, por eso los tiempos se prolongan”, remarcó.

Requisitos. “En Bahía hay laboratorios privados que hacen estos estudios, pero no reúnen los requisitos administrativos para una contratación”, finalizó.