La breve crónica de un retroceso largamente anunciado

Eugenio Paillet

   La situación es de tal gravedad que podría resumirse en un solo dato: Alberto Fernández había rechazado la semana pasada la posibilidad de volver a cerrar todo el país, salvo servicios esenciales, para frenar la imparable segunda ola de coronavirus. Fue el mismo presidente que apenas 72 horas después aceptó volver a la Fase 1, en una actitud que se veía venir y que terminó de cerrar tras el sombrío panorama que le plantearon los médicos sanitaristas e infectólogos que lo asesoran.

   Dicen fuentes de la Casa Rosada que fue esa reunión del Presidente con su equipo médico, el miércoles por la mañana en Olivos, la que lo marcó y lo decidió a volver sobre sus propios dichos. Un panorama que luego reforzaría, recuerdan, durante las dos reuniones vía Zoom que el jefe de Estado mantuvo ese día y el jueves con los gobernadores de todo el país.

    Dos gestos enmarcan además la gravedad de la hora, resaltaban los confidentes oficiales: la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de dejar de lado momentáneamente su estudiado enfrentamiento político con la Casa Rosada y sumarse a la decisión de cerrar todo hasta el 30 de mayo. Y la misma actitud que tomó el cordobés Juan Schiaretti, desde su lecho de enfermo domiciliario donde se recupera de una intervención quirúrgica, que verbalizó por videoconferencia su vicegobernador, Manuel Calvo. Ninguno de los dos, ni Larreta n Schiaretti, estaban convencidos de dar ese paso antes de que el Presidente les hiciera llegar las conclusiones de aquella reunión con sus médicos.

   Es cierto que el alcalde porteño, a quien Fernández no se olvidó de cruzar durante la cadena nacional por haber judicializado el tema de la presencialidad escolar, está obligado a mirar con un ojo el avance de la pandemia en su territorio y las medidas para combatirla que finalmente debió adoptar para contrarrestarlo, muy a su pesar. Y con el otro, no perder terreno en la dura interna que se ha desatado en Juntos por el Cambio por las candidaturas para las parlamentarias de noviembre y las presidenciales de 2023, con un Mauricio Macri subido a los medios en una escalada mediática que de casual no tiene nada.

   Schiaretti resistió hasta donde pudo sumarse a la partitura que escribe la Casa Rosada luego de estamparse contra la realidad: su provincia se subió al podio de las tres más contagiadas del país, aunque ahora en segundo lugar detrás de la Provincia de Buenos Aires y por delante de la Ciudad Autónoma. “No le quedó más remedio que venir al pie”, lo chicanearon desde despachos de la Jefatura de Gabinete.

   Esta suerte de crónica anunciada de un retroceso a niveles de marzo de 2020 en el confinamiento social sucede en medio de otros frentes abiertos (para algunos funcionarios del albertismo puro, demasiados) que tiene el mandatario en particular y el Gobierno en general, con el Congreso como escenario central de varias de esas escaramuzas.

   Fernández, lo dicen médicos o infectólogos y observadores y analistas, debe acometer este nuevo desafío de cerrar todo por diez días, que para muchos de esos especialistas será obligadamente por periodos más largos, con variables muy complicadas: una economía altamente comprometida, la promesa de que llegarán más vacunas pero sin precisiones, y los reclamos de vastos sectores sociales por temas también pandémicos como la alta inflación, el empleo precario y la galopante inseguridad.

    Veamos aquellos frentes. La ley de reforma del Ministerio Público para eliminar el requisito de los dos tercios para la designación del Procurador sigue sin contar con los números necesarios en la Cámara de Diputados. En despachos albertistas dicen que el Presidente vería con buenos ojos la propuesta de Elisa Carrió de reflotar y votar en el Senado el pliego del juez Rafecas, lo que supondría dar de baja el proyecto de reforma. Lo que le escasearía es “margen político”.

    Le escasean también los números porque los diputados de Roberto Lavagna y Schiaretti votarán en  contra, bajo el argumento de que el país está sumido en una preocupación mayúscula por la pandemia y que no es prioritario tratar ahora un cambio que solo le interesa a Cristina Kirchner.

    Tampoco parece tener buen destino el proyecto sobre los “superpoderes” que reclama Fernández para manejar la pandemia, que el jueves recibió media sanción del Senado. En este caso y pese a las promesas de Sergio Massa a Cristina y Máximo Kirchner, el oficialismo tampoco tiene los 129 diputados para el quórum. La oposición de Juntos por el Cambio lo considera inconstitucional porque avasalla las autonomías provinciales. También porque considera que, tal como aconteció con el DNU sobre la presencialidad escolar en la Ciudad, inmediatamente volvería a judializarse para terminar otra vez en la Corte, que ya fallo en contra de la Casa Rosada.

    La ley que prorroga las PASO y las generales fue aprobada por el Congreso con una mayoría significativa, tras el acuerdo al que habían arribado el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Una pequeña victoria del bloque opositor, decían el jueves, es el mantenimiento de la cláusula de que esto será “por única vez”, trabajada en verdad entre Massa y el radical Mario Negri como actores protagónicos. Es cierto, como decía un macrista desconfiado, que todo es relativo. “Una ley puede cambiar otra ley”, reflexionaba.

    El Gobierno, a juicio incluso de algunos operadores oficiales, parece haber sumado un conflicto innecesario en medio de la pandemia con la decisión, que se le adjudica en exclusiva a la secretaria de Comercio, Paula Español, segunda del ministro Matías Kulfas, de suspender por 30 días las exportaciones de carne con el argumento de que de esa forma bajaran los precios internos al consumidor. “Nos estamos comprando otra 125”, rezongan al lado de Kulfas, quien salió a prometer que tal vez aquel plazo sea reducido a la mitad. El campo igual, otra vez, se puso en pie de guerra contra una decisión que, aseguran,  es política y que ningún análisis serio avala.