Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

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Caso Facundo: autorizan un nuevo allanamiento al destacamento Origone

La Cámara Federal aceptó nuevas medidas de prueba planteadas por la fiscalía. También habilitó el secuestro de los celulares de 4 policías.

 

   Lejos de estar cerrada la causa por la muerte de Facundo José Astudillo Castro, pese a que la autopsia virtualmente confirmara la muerte accidental del joven, la investigación puede cobrar nuevos impulsos.

   Es que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca autorizó hoy nuevas medidas de prueba planteadas por la fiscalía, entre ellas un nuevo allanamiento al destacamento de Teniente Origone, donde se había encontrado un amuleto que sería del chico.

   La resolución de los camaristas Leandro Sergio Picado y Pablo Esteban Larriera revocó parcialmente una medida de la jueza de primera instancia, María Gabriela Marrón, quien había desestimado casi todos los planteos de los fiscales Horacio Azzolín y Andrés Heim.

   La Cámara también habilitó que la jefatura policial entregue la totalidad de los teléfonos de los efectivos Alberto González, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Gabriel Sosa, quienes tuvieron contacto con Facundo en distintos momentos de aquel 30 de abril del año pasado, cuando partió desde Pedro Luro hacia nuestra ciudad.

   Sobre el allanamiento al Puesto de Vigilancia de Origone, consideró la Cámara que "existen razones fundadas", en sumatoria, que habilitan su autorización.

   "No deben soslayarse los interrogantes enunciados por los fiscales que, motivadamente, los llevan a no descartar, de momento, su hipótesis delictiva", explicó Picado, con la adhesión de Larriera.

   "El control judicial debe, en el caso, otorgar a los acusadores la posibilidad de comprobar o refutar sus hipótesis de trabajo, teniendo en cuenta particularmente la complejidad de la investigación en curso", agregó.

   La Cámara tuvo en cuenta el hallazgo de un cabello que pertenecería a Facundo" en el móvil que el 30 de abril era conducido por González (el último policía que tuvo contacto con el joven) y la sandía de madera ubicada en un montículo de basura en el sector trasero de la dependencia policial que, según Cristina Castro, era de su hijo Facundo.

   También citaron los dichos de una testigo de identidad reservada, que declaró luego de la resolución de la jueza Marrón, y que aseguró haber escuchado a funcionarios municipales de la zona indicando que en la comisaría de Origone se hallaron prendas de Facundo y que se ordenó que se las haga desaparecer, siendo una de esas prendas una gorra (de manera coincidente, una de las prendas encontradas en la mochila de Facundo, fue una gorra de Ford que él usaba, regalo de la testigo D.G., junto al resto de la ropa y los celulares). 

   Por ese motivo se autorizó un nuevo allanamiento e inspección de todos los ambientes del puesto policial, a efectos de la búsqueda y recolección de toda clase de rastros (biológicos o muestras de ADN, huellas, cabellos y fibras, incluidos aquellos correspondientes a fauna cadavérica, sedimentos y microalgas, entre otros), así como el uso de luminol para obtener eventuales manchas de sangre.

Para despejar dudas

   La Cámara también permitió solicitar a Asuntos Internos que entregue "la totalidad de los teléfonos personales y oficiales de Sosa, Flores, Curuhinca y González.

   Son, según los camaristas, las personas que habrían trasladado a Facundo en diferentes tramos de la ruta 3 (desde Ascasubi hasta el punto previo al control zoofitosanitario, pasando por Buratovich y Origone) y quienes "de manera prácticamente consecutiva habrían tenido contacto e interacción conocida" con el joven en el último día que hay registro con vida de él.

   Consideraron que, a partir del análisis global que hacen los fiscales, esta medida sería útil "para despejar los aspectos vinculados a la concreta intervención del personal policial involucrado". 

   La posible existencia de "otros teléfonos" de los mencionados policías y su análisis resulta "atendible" para poder reconstruir de manera precisa los hechos.

   Para ello se instrumenta a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a que proceda a efectuar una extracción mediante software forense de la información que contengan los dispositivos que se secuestren.

   Los restos de Facundo fueron encontrados en agosto en el estuario bahiense y, según las conclusiones autopsiales llevadas adelante por un equipo interdisciplinario, el deceso se habría registrado en ese lugar del hallazgo, sin intervención de terceros.

Contra la jueza y un estudio

   Los fiscales Azzolín y Heim, a su vez, recusaron a la jueza Marrón porque entienden que "perdió imparcialidad" al momento de tramitar la causa.

   Consideraron que al impedir algunas medidas de investigación generó una "intromisión en las facultades privativas de los fiscales".

   Hicieron foco en pedir la anulación de una resolución que tiene que ver con un informe pedido al IADO y al Servicio de Hidrografía Naval, por el tema de las mareas.

   Explicaron que en octubre se ordenó un estudio sobre el movimiento marítimo en el estuario entre el 30 de abril y el 12 de septiembre, para determinar la altura del mar en donde fue encontrada la víctima, donde apareció su mochila y también el lugar que un GPS reportó un patrullero.

   El estudio, según los fiscales, no respondió todas las consignas y presentaba irregularidades, por lo que en los últimos días pidieron a los peritos que lo subsanaran.

   Sin embargo, unos días después -según dijeron- la jueza dispuso ordenar al IADO un estudio de campo sobre el estuario bahiense, complementario a la autopsia, pero los fiscales consideraron esa medida como nula porque la instrucción está delegada a los fiscales y los jueces no pueden adoptarlas de oficio.