Caso Facundo: "Es fácil creer que fue la policía, pero se necesitan pruebas", dijo la jueza Marrón

Redacción de La Nueva.

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   La jueza federal María Gabriela Marrón, que tiene a cargo la causa por la muerte de Facundo José Astudillo Castro, rechazó casi todas las medidas de prueba que pidieron hace algunos días dos fiscales del caso, con duros términos sobre la estrategia.

   En el mismo sentido, instó a que investiguen por su actuación en el caso al perito Marcos Herrero -presentado por la familia del joven- cuyos perros fueron los únicos que encontraron el amuleto en el destacamento de Teniente Origone y restos de un colgante que serían de Facundo, en el baúl de un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca.

   Los fiscales Horacio Azzolín y Andrés Heim (el doctor Santiago Martínez, investigador de origen, no acompañó el planteo) habían reclamado un nuevo allanamiento en el destacamento de Origone, el secuestro de 46 celulares de la cadena de mando policial (Villarino y Bahía Blanca) , entre otras medidas.

   Pese al fuerte rechazo de la jueza Marrón, preparan una apelación para ir a la Cámara Federal.

   Habían aclarado los fiscales que las medidas tenían por objetivo despejar dudas para “reconstruir cómo se desarrolló la jornada del 30 de abril”, día en que desapareció y se produjo el deceso del joven de Pedro Luro.

   Sí aceptó -porque eran medidas que estaban ordenadas y pendientes- la entrega de una libreta del policía Alberto González -paró en la ruta, a la altura de Origone, a Facundo- y la copia digital de la información de las cámaras lectoras de patente en el kilómetro 714 (puesto zoofitosanitario).

   La libreta, de hecho, ya había sido presentada por el propio policía en la fiscalía.

   Quieren saber los fiscales por qué González tiene anotados -en medio de los controles por el aislamiento obligatorio- los datos de la testigo H (la mujer que llevó a dedo a Facundo desde cerca de Origone hasta las vías) antes que la identidad del joven, cuando supuestamente la mujer pasó después por ese lugar.

   El resto -según la resolución a la que tuvo acceso La Nueva.- fue desestimado por la titular del Juzgado Federal N° 2, que marcó el planteo como arbitrario.

  “La estrategia (de los fiscales) se asemeja a una auténtica 'excursión de pesca' lo que es inaceptable en un Estado de Derecho. Se trata de un acto ilegal, desproporcionado, que vulnera, sin eufemismos, garantías constitucionales”, afirmó Marrón en la resolución.

   Ante el pedido de nuevo secuestro de celulares, la jueza marcó dos hitos relevantes: 1) la imputación a los 4 policías que tuvieron contacto con el joven aquel día (Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y González) y 2) la autopsia confirmó que la muerte se produjo en la ría de Bahía Blanca, a la altura de Villarino Viejo, por ahogamiento.

   “Las pretensiones de la fiscalía deben someterse a un juicio imparcial, lógico, razonable, asentado en la evidencia. Más allá de lo que las partes, en sus aspiraciones individuales, crean o digan que ocurrió, los hechos se fijan y se establecen a partir de la prueba como regla básica”, sostuvo la jueza.

   Consideró que la convicción “tiene que ser fundada” y “no puede ser caprichosa, provenir de un antojo o de la mera voluntad de alguien”.

   “Si el juez obrara automáticamente, sin reflexión, podría ser reemplazado por una computadora. No da lo mismo sortear o no una garantía. Las reglas procesales no pueden alterarse. El sistema jurídico no debe tolera y consentir arbitrariedades”, enfatizó.

   También sostuvo que la postura de los fiscales Heim y Azzolín nace de una visión “vaga, abstracta y poco profunda o bien fueron formuladas incorrectamente”.

   “De las hipótesis desarrolladas por los acusadores no se reconstruye una teoría del caso coherente, lógico, razonable y completo para esta altura de la investigación”.

   Explicó que los mensajes de los teléfonos que borraron algunos de los policías, considerados “sugestivos o llamativos”, no tienen “nada de anormal”.

   “Es algo común, que mucha gente hace. Los teléfonos poseen información sensible de nuestra privacidad, intimidad y a la vez, son objetos fáciles de extraviar, hackear, pasibles de ser hurtados o robados, o revisados sin autorización por otra persona. El borrar un mensaje no convierte a alguien en sospechoso de un delito ni pone en riesgo su inocencia”, detalló.

   En esa línea consideró directamente que “los fiscales están inviertiendo la carga probatoria”.

   “Sospechan o les parecen llamativos hechos comunes como desintalar una aplicación de un celular infiriendo de ello que algo ocultan o esconden, pero sin decir en concreto qué es, supuestamente, lo que hicieron estas personas”, explicó.

   Por otro lado, el pedido de secuestro de celulares a 46 policías no concretamente para qué sería.

   “No expresa en detalle qué creen los acusadores que cada una de estas personas le hizo a Facundo: ¿lo mataron?, ¿lo amedrentaron?, ¿lo amenazaron?, ¿lo golpearon?, ¿dieron alguna orden?, ¿incumplieron algún deber?, ¿cuál?, ¿qué se sospecha de cada uno de los agentes policiales?”.

   Señaló la jueza, como hecho grave, que se pretenda secuestrar celulares “para ver qué hay”.

Cabello en un patrullero

   La presencia de un posible cabello de Facundo (es canoso y la mitad se corresponde con el ADN de la madre) en el patrullero de González tampoco aparece como algo sospechoso , según Marrón.

   “Se probó que Facundo estuvo con González. Es posible que haya entrado al móvil mientras el policía hacía la consulta por la infracción a la cuarentena o chequeaba sus datos personales, que haya apoyado el carnet de conducir en el asiento del acompañante delantero. También puede haber colocado la mochila – con rastros - dentro del rodado”.

   La autopsia determinó que Facundo murió en la ría y, por ende, no en el móvil de” Origone ni en otro lugar, dijo.

   “Si la fiscalía pretende construir una hipótesis a partir del hallazgo y con sustento en él – sea que González mató a Facundo o participó en su muerte y/o desaparición, encubrió el delito o cometió otro delito conexo -, debe previamente hacer un estudio más exhaustivo, para esclarecer si el cabello efectivamente es de Facundo, contrastándolo con el ADN del padre, si es de la mamá, o de otro familiar”, dijo la jueza.

El amuleto, la piedra y el perito

   Sobre las presunciones en relación con el hallazgo de un amuleto que sería de Facundo en el fondo del destacamento de Origone, Marrón aseguró que la fiscalía ni la querella presentaron pruebas de la “preexistencia” de la sandía de madera, ni siquiera una similar que supuestamente tenía su hermano.

   Y si fuera del joven, puso en duda la veracidad de su secuestro.

   Destacó que los perros de la fuerza de seguridad no marcaron la bolsa de basura donde apareció, pero sí el perro de Herrero.

   “Sin embargo, la ciencia y la técnica -a través de profusa bibliografía- dan cuenta que los animales entrenados pueden oler rastros humanos durante un cierto período de tiempo”.

   Con la data de muerte confirmada por la autopsia, “al momento del hallazgo del amuleto el perro del perito de parte no tenía aptitud para oler rastros de la víctima.”, agregó.

   Por ese motivo, consideró la jueza que “resulta necesario y forzoso” que los fiscales “investiguen al perito frente a la gravedad de la circunstancia planteada”.

   “Con excepción del supuesto amuleto encontrado por el perro del perito de parte, no hay otra evidencia, hasta el momento, ni siquiera accidental, que ubique a Facundo en el puesto de vigilancia de Origone”, dijo.

   Lo mismo planteó para la piedra turmalina hallada en el patrullero de la Policía Local bahiense, también encontrado por el can de Herrero.

   “La fiscalía no presenta, ni siquiera mínimamente, una hipótesis que conecte a los policías de Bahía Blanca con los de Villarino”, amplió.

   “Este caso es mucho más grave aún ya que la piedra fue encontrada con posterioridad al otro amuleto y cuando la víctima, según informe pericial, llevaba casi dos mess fallecida, como mínimo”, sostuvo.

Pantalón en la mochila

   Los fiscales también plantearon como “extraño” que el pantalón que supuestamente vestía Facundo apareciera en la mochila, secuestrada después del hallazgo del cuerpo, en otro lugar de la ría.

   En principio remarcó la jueza que no hay evidencia para sostener que ese pantalón vestía el joven aquel día, con lo cual “se parte de una premisa falsa” y que nadie sabía qué contenía la mochila, al punto que la madre aludió a una marca Wilson y llevaba otra.

   También pusieron dudas sobre el hallazgo de un cartel con la leyenda Médanos, que supuestamente no se correspondía con el destino ni la forma de hacer dedo de Facundo, pero en este caso la consideró una “conclusión precaria”.

Policía desprestigiada

   “El dictamen (de la fiscalía) omite el análisis de muchos otros elementos: testimonios, informes, pericias, etcétera. El resultado de la autopsia es una prueba científica, que ha sido contundente en varios aspectos. Las teorías que avizoran o expresan los titulares de la acción penal pública no se condicen ni se conectan con las conclusiones de la autopsia, ni con el resto de la prueba”, afirmó Marrón.

   Consideró que las medidas no se pueden hacer “por las dudas”, “para ver qué encontramos”.

   “La libertad de producir prueba no resulta una patente de corso para aventuras o intromisiones en la vida de las personas, sus papeles, sus comunicaciones, su privacidad, ni habilita prácticas de injerencias ilegítimas”.

   Y en la misma línea remarcó que los Derechos Humanos corresponden a todos los seres humanos, sin distinciones.

   “No escapa al tribunal los abusos policiales cometidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que son muy graves y que deben ser investigados. Las personas involucradas en el pedido fiscal pertenecen a esa fuerza de seguridad, lo que no admite hacer caer sobre ellos todo el desprestigio de la fuerza a la que pertenecen, sólo deben dar cuenta de sus acciones frente a una imputación penal valida, no debemos abrir las puertas a la persecución y la venganza. No pueden ser “chivos expiatorios”.

   “El reclamo social es entendible. Es fácil para la sociedad creer que haya sido la policía. Pero el juez del caso necesita prueba. Perseguir a esas personas o invadir su intimidad sin pruebas, porque son policías, por su condición, es aplicar el Derecho Penal de Autor. Ser policías no los vuelve delincuentes ni culpables”, cerró Marrón.