Gobierno vs Corte: crónica de una batalla anunciada

Eugenio Paillet

   La batalla entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia se veía venir. Parecía cantado que los cruces entre el Presidente y la vice, o el ministro de Justicia, con los miembros del alto tribunal, terminaría en esta suerte de disparos a un lado y otro de una trinchera que parece a estas alturas ahondarse en medio de un pésimo momento como el que atraviesa el oficialismo, y el enorme desprestigio que los supremos, en rigor toda la Justicia, tiene ante la mirada otra vez absorta del ciudadano de a pie.

   Conviene hacer un repaso de los acontecimientos para no perder de vista el contexto: antes que nada cabría afirmar que la Corte acaba de voltear por inconstitucional nada menos que la reforma al Consejo de la Magistratura que ideó Cristina Kirchner en 2006. Esa reforma le dio al gobierno de turno la posibilidad de manejar el quórum en el seno del organismo judicial, de modo de premiar a jueces amigos y castigar a los independientes o alejados de la camiseta oficial.

   A no rasgarse las vestiduras porque de esa reforma propuesta por la entonces senadora que promulgó Néstor Kirchner se beneficiaron, o no hicieron nada para modificarla como no sea mediante proyectos de antemano condenados a fracasar por la dinámica propia de las mayorías y minorías en el Congreso, tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández en esta primera mitad de su mandato.

   Cristina Fernández y también Alberto Fernández cuando llegó a la Casa Rosada, y otros actores centrales como el ministro de Justicia, Carlos Soria, hicieron blanco una y otra vez en la composición de la Corte, o en sus fallos. Por caso, el enajenado DNU de Macri con el que pretendió nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sin pasar por el Senado. El alto tribunal respondió como suele ocurrir más con sus silencios que con sus declaraciones. En todo caso respondió de manera muy sutil con fallos que impactaron en el corazón del Gobierno.

   Este mismo fallo con el que la Corte declara inconstitucional el Consejo de la Magistratura y reclama volver a la composición de 20 miembros como era antes de la ley de Cristina, parece una respuesta directa a los últimos ataques del Gobierno. Parece arriesgado, pero se afirma en Tribunales que la acordada estaba escrita y salió apenas después que el miércoles el Presidente volviese una vez más a cargar sobre la Corte, sus fallos y su actual composición, una andanada a medida de lo que piensa y dice la vice.

   Otra prueba que, se afirma en los pasillos tribunalicios, contribuiría a reafirmar la idea de que los jueces supremos venían dispuestos a devolver golpe por golpe es el fallo que difundió apenas después que fuesen destratados en público por el ministro Soria en aquella primera visita del funcionario al Palacio de Tribunales que de protocolar no tuvo nada. Esa acordada obliga al gobierno a devolverle a la provincia de Santa Fe $ 86 mil millones en concepto de Coparticipación Federal mal liquidada.

  A nadie que siga de cerca los acontecimientos en la Justicia como tampoco a aquellos que frecuentan los despachos de Balcarce 50 les pareció casual esa “coincidencia” entre los mandobles que les dedicó Soria y el posterior fallo en favor del gobierno santafesino.

   Por un lado, puede escucharse a hombres habituados a recorrer aquellos pasillos que el Gobierno hace una lectura equivocada de esos fallos, o de la dureza de los cruces que han mantenido con el poder político encarnado fundamentalmente en Cristina.

   “La Corte tiene en tratamiento el tema del Consejo de la Magistratura desde 2015, no lo sacó de un cajón después de las elecciones”, dicen esas fuentes judiciales para contrapesar al mismo tiempo esa idea que impera en amplios sectores del oficialismo y en especial en los cuarteles de La Cámpora: que este fallo es una venganza directa a los malos tratos sufridos por los supremos de parte del Gobierno.

   De hecho, el exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni dijo el jueves tras conocerse la decisión de la Corte que los miembros del alto tribunal buscan “crear una confrontación” y le reclamó al presidente Fernández, a tono con sus dichos de pedir un cambio en la composición del tribunal, que de inmediato envíe un proyecto al Congreso.

   Lo que a juicio de algunos observadores tampoco parece casual, es que el fallo de la Corte le reclama al Gobierno que envíe un proyecto al Congreso para que lo sancione en un plazo de seis meses. Justo cuando el oficialismo acaba de perder la mayoría en el Senado y tiene apenas un diputado más que Juntos por el Cambio en la Cámara baja como consecuencia de la derrota electoral del 14 de noviembre.

   El Gobierno, lo recordó su portavoz, ha enviado al Congreso un proyecto de ley para modificar el número de miembros del Consejo de la Magistratura, llevándolo de los 13 actuales a 17. Difícil que la oposición justamente se avenga ahora a tratar ese proyecto, cuando todavía está en carne viva el calvario del oficialismo para sancionar el Presupuesto 2022 y resta negociar los proyectos del Plan Plurianual y el acuerdo con el FMI.