Datos de las 13
Nunca antes durante estos 10 meses de gobierno del Frente de Todos habían quedado tan expuestas las diferencias ideológicas, políticas y hasta de gestión o punteo de las prioridades que separan a los dos principales, digamos, accionistas de la coalición gobernante, como el kirchnerismo y el peronismo.
Si bien desde el arranque de esta historia -la misma noche del triunfo en las PASO, cuando en el palco de la celebración quedaron claramente plasmadas aquellas diferencias- ya se pronosticaban este tipo de entreveros, nadie esperaba que la guerra de guerrillas comenzara tan temprano.
En boca de un funcionario del gabinete: “Sabíamos que este tipo de diferencias en algún momento podían surgir, lo que no esperábamos es que fuera tan pronto, y encima en medio de una pandemia que nos lleva todos los esfuerzos”, se queja el hombre.
Reconoce un mal punto de arranque: las rencillas entre cristinistas puros y albertistas incipientes empezaron casi al mismo tiempo que se conoció aquel tuit en el que Cristina avisó que ella había elegido ser vice y que Alberto sería presidente. Una falla de origen que el paso del tiempo ha ahondado.
El capítulo más fuerte, y tal vez de final todavía incierto, acaba de ocurrir en el marco del conflicto con Venezuela y las denuncias sobre el gobierno de Nicolás Maduro en la OEA y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Lo grave es que Alberto fue destratado no solo por sus propios aliados, en una nueva demostración del fuego amigo, sino por muy altos funcionarios del gobierno caribeño, empezando por el dueño del poder en las sombras, Diosdado Cabello, íntimo de Cristina y en su momento de Néstor Kirchner.
En despachos de la Casa Rosada lamentaban francamente esos ataques, pero más todavía el silencio de la vice. NI un tuit de los tantísimos que suele escribir para condenar aquella ofensa externa al presidente argentino.
Tampoco para poner en caja a la tropa, entre los habituales Hebe de Bonafini, Juan Grabois, Luis D´Elía, o el periodista militante Roberto Navarro, que se ufana de hablar en nombre del Instituto Patria, que hasta le pidió a los ministros del gabinete que cuestiona el cristinismo que “tengan la dignidad de irse”.
No es que al presidente y a su gabinete le sobren coherencia. En medio de esas andanadas, tanto el presidente como el canciller Felipe Solá defendieron la posición argentina frente al gobierno de Maduro. “Siempre dijimos lo mismo”, abundó Solá. Cabría preguntarle a cuál de las dos posiciones se refiere. Si a la del embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, que relativizó las violaciones a los derechos humanos o la del embajador en la ONU, Federico Villegas, que avaló el durísimo informe de Michelle Bachelet.
Hay a estas alturas una razón que explica no solo la posición de Raimundi, sino la de la frustrada embajadora en Rusia, Alicia Castro. Ellos no disimulan avisar que hablan y operan en nombre de Cristina, nunca de Alberto. De hecho, en fuentes del cristinismo se decía que la orden al presidente para que se comunicara con Maduro para “darle explicaciones”, que finalmente no ocurrió, así como el llamado a Castro para que revise su decisión de no ser embajadora, le habían llegado “abrochadas” desde el principal despacho del Senado. En la Casa Rosada lo desmienten y lo adjudican a operaciones de los periodistas que están “militando” la candidatura presidencial de Máximo Kirchner para 2023.
En suma, de esa relación tóxica entre la vice y el presidente da cuenta un hecho que ocurrió el sábado anterior y que recién se conoció en la semana por una filtración de un ladero de Alberto. Fue la charla “secreta” que mantuvo con Bachelet para avisarle del apoyo de la Argentina al informe contra Venezuela. ¿Por qué el presidente debía hablar en secreto con la Alta Comisionada de la ONU?
Dicen a su lado que Alberto, una vez más y para salir del callejón sin salida que le plantean sus propios aliados, busca “relanzarse”. Especialmente en materia de economía, para encontrar definitivamente rasgos de un “país normal” que puede salir de la gravísima crisis que compromete el crecimiento y buscar atacar con reglas claras la evidente crisis de confianza que sufre su gobierno.
En esa línea habría que enumerar la serie de reuniones que viene manteniendo con empresarios, sus conferencias con inversores norteamericanos y con el nuevo titular del BID, Mauricio Claver-Carone. O el impulso a las medidas que presentó el equipo económico para evitar una mayor crisis de los mercados y la disparada del dólar.
El plazo fijado por quienes conocen de esos enjuagues es marzo próximo, en consonancia con el probable fin de lo más duro de la pandemia que le permita al Estado dejar de financiar con una monumental emisión las consecuencias de la crisis sanitaria.
Va de nuevo. El problema para esas aspiraciones es que el ala más dura del Frente de Todos cree que eso debe hacerse con otro gabinete. Que ciclos como los de Santiago Cafiero, Martín Guzmán, Miguel Pesce, Marcela Losardo, Daniel Arrollo y María Eugenia Bielsa, están agotados. O con voces que llegan desde el PJ más racional que reclaman la vuelta de Roberto Lavagna a Economía.
El presidente debe necesariamente atacar no solo aquella crisis de confianza. También la inocultable crisis de autoridad que padece.
