Bahía Blanca | Lunes, 03 de octubre

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¿Se necesita más seguridad en los Tribunales de Bahía?

Vigilancia insuficiente, condiciones edilicias inadecuadas y crecimiento de la intolerancia social son motivos por los que se repiten agresiones a defensores, fiscales y jueces.

 

Gerardo Monforte / gmonforte@lanueva.com

   La falta de recursos edilicios por parte del Poder Judicial, la carencia de medidas de seguridad -como detectores de metales- y la escasez de personal policial en muchas de las audiencias son algunas causas por las que se reiteran hechos de violencia contra defensores, fiscales y jueces en los Tribunales.

   Todo sumado a la creciente intolerancia social y en un contexto de tratamiento de casos que nunca son gratos. 

   El antecedente más reciente, y que motivó una reacción casi orgánica, fue el que soportó la defensora oficial Fabiana Vannini durante el debate por el homicidio en ocasión de robo de Ramiro Barragán, a partir de lo que señaló como agresiones verbales de parte de familiares de la víctima que estaban en el público, que incluso le impidieron realizar con absoluta libertad su tarea.

   Vannini patrocinaba a Juan Manuel Ortiz, luego condenado a prisión perpetua como autor del disparo que terminó con la vida del comerciante del barrio Noroeste.

  El jefe interino de los defensores oficiales, Pablo Radivoy, enfatizó que los jueces tienen la responsabilidad de “poner orden y reclamar mayor seguridad” en las salas y que algunos “subestiman” los agravios a los operadores del sistema.

Pablo Radivoy. En muchos juicios cambiaron las jarras y los vasos de vidrio por los de plástico por razones de seguridad.

   La Defensoría General Departamental no lleva estadísticas en este sentido, aunque Radivoy advirtió un incremento.

   “Notamos que las agresiones fueron in crescendo y esto tiene que ver con lo que nos pasa a todos cuando caminamos por la calle. La gente está un poco alterada y todos los días hay por ejemplo discusiones por cuestiones de tránsito”, manifestó.

   La jueza Claudia Fortunatti, presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Bahía Blanca, coincidió: “Es parte de la conflictividad de la sociedad actual”.

   Fortunatti cree que no aumentó la cantidad de hechos pero sí la intensidad. “Se producen con un poco más de virulencia porque actualmente la sociedad” es violenta.

   Juan Pablo Fernández, titular de los fiscales, consideró los ataques como “excepcionales” y sostuvo que quienes ejercen la función pública están más expuestos a “hostigamientos”.

Reclamo ante la Corte que no prosperó  

   Hace 4 años, desde la justicia bahiense se hizo una presentación formal ante la Suprema Corte bonaerense, a fin de reclamar mayores medidas de seguridad, aunque la respuesta negativa se basó en limitaciones presupuestarias y estructurales.

   “Les expresamos a los presidentes de los tribunales bahienses que debe haber mayor seguridad en las salas de audiencia, donde ni siquiera hay detectores de metales. Si ocurre una desgracia, recién en ese momento se analizará qué hay que hacer”, dijo Radivoy.

   La imprevisibilidad es un factor clave en este sentido. Las reacciones agresivas no necesariamente tienen que ver con las causas más resonantes o los delitos más “pesados”.

   “Trabajamos en un contexto en las que los ánimos a veces están caldeados. Hoy podemos tener una situación de violencia en un caso como el de Barragán o en una cuestión familiar, por ejemplo una causa por amenazas, un delito leve. Advertimos que las agresiones se están suscitando cada vez con mayor frecuencia y eso nos preocupa”, remarcó Radivoy.

"El defensor oficial es una figura impuesta por la ley", remarcó Rafael Gentili.

   Para Rafael Gentili, titular del Colegio de Abogados y Procuradores bahiense, “el Estado debería garantizar la tranquilidad y seguridad no solo de los funcionarios, sino también de cualquier ciudadano en general. Pero también la gente debería conocer que el defensor oficial es una figura impuesta por la ley, que no se puede sustituir de ninguna manera”.

Espacios chicos y muchas causas 

   Las dimensiones insuficientes de las salas de audiencia y la poca cantidad de juzgados y tribunales en la ciudad, en proporción al cúmulo de causas que tramitan son también aspectos que inciden, según Radivoy.

   Muchas de las instalaciones no están previstas para funcionar como salones de audiencia, ya que se trata de oficinas modificadas.

  La tradicional sala del quinto piso de Estomba 34, donde se produjeron los incidentes contra Vannini, es la más amplia de todas, pero el resto tiene dimensiones mucho más chicas.

  “No estamos tan mal, aunque la situación no es la ideal. Por suerte se sacó la sucursal del Banco Provincia que funcionaba en la planta baja de Tribunales, porque antes los detenidos pasaban entremedio de las filas de gente que estaba haciendo trámites en el banco, con el peligro que conlleva”, sostuvo el defensor.

Hasta no hace mucho, la sucursal del Provincia en Tribunales estaba a metros de dos de las salas de juicio. Se cruzaban clientes con detenidos.

  “Es un edificio antiguo y hay más juzgados y tribunales de los que entran. Lamentablemente esto tiene que ver con la falta de recursos edilicios que tiene la Provincia”, completó.

   A modo de ejemplo, citó la sede del fuero de Trabajo, en Sarmiento 32.

   “Ahí no puede funcionar ni un registro automotor, porque es un lugar que se readecuó como se pudo. A esto hay que agregarle el cúmulo de trabajo existente desde la creación de los tribunales en Bahía, sobre todo del fuero penal, que creció muchísimo”, enfatizó.

Plantean la necesidad de un estudio del tema

   El fiscal general Fernández consideró necesaria la realización de un estudio para prevenir nuevos actos de violencia.

   “La agresión nunca debiera ser la respuesta a algo y, mucho menos, cuando ese algo consiste en el desempeño de un deber legal propio de la función que ejerce una persona, sea judicial o en cualquier otro ámbito”, sentenció.

La agresión no debe aceptarse nunca y menos contra alguien que ejerce un deber legal, dijo el fiscal general Juan Pablo Fernández. 

  “La agresión no puede ser indiferente a ninguno de los operadores del sistema judicial, ocupe el lugar que ocupe o se encuentre o no dentro de determinado rol en el proceso”.

  “Recuerdo amenazas y agresiones físicas a fiscales por cumplir su función. Ello no significa que, como funcionarios públicos, debamos resignarnos siempre a soportarlas estoicamente. Si bien se trata de situaciones excepcionales, a veces ocurren”, continuó.

 Según Radivoy, también conspira la falta de policías afectados a la vigilancia.

   El servicio está a cargo del área de Custodia de Objetivos Fijos, Personas y Traslado de Detenidos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

   Sin embargo, cuando el Poder Judicial reclama más policías para custodiar las salas se encuentra con la limitante de la falta de recursos humanos en dicho organismo.

  “La guardia es escasa porque los policías no pueden estar 4 ó 5 días abocados a un juicio extenso sin cumplir otras tareas”, dijo.

   Para algunos juicios se envían uno o dos uniformados pero a veces es necesaria una mayor cantidad por la presencia de familiares o allegados de las dos partes en litigio.

  También hay agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, aunque la función prioritaria en ese caso es trasladar a los detenidos desde las cárceles.

Una jueza que reconoce falencias 

   La jueza Fortunatti, al referirse al caso de Vannini, enfatizó que es un “problema” de los jueces “no saber comunicar cuál es la función del defensor oficial o particular respecto de su necesidad dentro del debido proceso para que el juicio sea válido”.

   “Este tipo de agresiones siempre ocurrieron. Y también contra fiscales y jueces. Hay cada vez hay más situaciones violentas en cuanto a los delitos, que son de mayor gravedad. Es algo para tomar nota e implementar más medidas de seguridad”, resaltó.

  La integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2 marcó deficiencias de vigilantes y problemas estructurales, porque el palacio de Estomba 34 es “antiguo”.

El Palacio de Tribunales es "antiguo", según la presidenta del Colegio de Magistrados, Claudia Fortunatti.

  “Tenemos un solo oficial de policía para custodiar el palacio de Estomba 34, o sea que falta personal. Para algunos juicios importantes pedimos detectores de metales y la realización de cacheos previos”, dijo.

   Por medio de la Superintendencia, los jueces también le reclamaron a la Corte “más custodia permanente” en los tribunales.

   “Uno trata de dotar de seguridad a todos los operadores de la justicia. Los jueces también hemos recibido agresiones, pero si bien no hay que acostumbrarse a ellas, son parte de las posibilidades de nuestra función”, reconoció.

   En los procesos o debates los jueces cuentan con “poder de disciplina” pero no tienen la función de seguridad, es decir que pueden ordenar el desalojo de la sala de audiencia o que retiren a quien altere el orden.

   “Siempre pueden surgir imponderables independientemente de que haya personal de seguridad”, concluyó la integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2.

   La figura del defensor, según Gentili, “garantiza el debido proceso y permite que las sentencias tengan valor”, agregó.

El chichón de una jueza y otros casos

   En marzo pasado, la jueza Susana González La Riva había sufrido un golpe en la cabeza como resultado indirecto de un acto violento que se registró en el segundo piso de Estomba 34.

   En un cuarto intermedio, antes de la lectura de la sentencia en un juicio por un abuso sexual simple ante el juzgado en lo Correccional Nº 3, se produjo un enfrentamiento entre dos particulares vinculados con el caso -no el imputado-, que terminó con la magistrada en el piso y con un chichón en la cabeza.

   Un hombre le aplicó una trompada a otro y este, al esquivarla, chocó con su cuerpo a González La Riva, quien cayó al piso y golpeó su cabeza. De inmediato intervino la policía y no pasó a mayores, pero la lectura del fallo se suspendió.

  Más atrás en el tiempo, en mayo de 2010, cuando se juzgaba al policía Rodolfo Guidobono, acusado de matar de un disparo a Giuliano Gallo (14), el hijo del acusado le lanzó una patada al fiscal del juicio, Gustavo Zorzano, en el hall de ingreso a Tribunales.

  Otro antecedente se registró en marzo de 2006, mientras el por entonces fiscal Christian Long investigaba el homicidio del médico Felipe Glasman y como amenaza recibió un sobre con una bala Luger 9mm., que dejaron en mesa de entradas de la Fiscalía General. 

  Long, en otro debate, sufrió por la rotura de una jarra de vidrio en medio de un incidente en la sala de juicio, hecho que motivó el cambio de material para esos recipientes, que pasaron a ser de plástico.

   El juez de Garantías Guillermo Mércuri también fue atacado por un acusado durante una audiencia procesal y el defensor oficial Sebastián Cuevas sufrió tiempo atrás una agresión similar a la que reportó Vannini, hecho que también mereció una nota del Colegio de Abogados, según confirmó Gentili.

Una problemática que excede a Bahía

   El fiscal Gastón Garbus, de San Isidro, fue víctima hace pocos días de un violento ataque de vecinos cuando iba a dirigir un allanamiento en Béccar, en una causa por robo.

   El Colegio de Magistrados bonaerense expresó su “enérgico repudio”, al considerar que Garbus solo ejercía su función.

   “Las agresiones contra magistrados y funcionarios se han reiterado sin que la respuesta estatal haya sido suficiente para prevenirlos. Instamos a los tres poderes del Estado provincial a trabajar para poner fin a estas situaciones”, comunicaron.

  El reclamo tiene correlato en Mar del Plata, donde durante un juicio de junio, un allegado al detenido Cristian Baca insultó al coimputado y al fiscal Leandro Arévalo, amenazó a una testigo y a la defensora y pateó una puerta.

  También en Mar del Plata, en el debate por el asesinato de Lucía Pérez (16),  hubo agresiones a la defensora oficial María Laura Solari, tras la absolución por abuso sexual y femicidio de los imputados Matías Farías y Juan Pablo Offidani.

El resultado del juicio por la muerte de Lucía Pérez motivó fuertes reacciones.

   Por este caso, el defensor Pablo Radivoy insistió en el cuidado que tienen que tener los operadores del sistema al hacer declaraciones públicas.

   Es que la primera fiscal del caso, María Isabel Sánchez, había dicho tener “probado” que la víctima había sido “abusada sexualmente y 'empalada'”, pero después se comprobó que era falso y que lo había hecho para generar presión mediática y exacerbar los ánimos.