La Justicia da 90 días a empresas y al Estado para hacer "un plan concreto" y reducir la contaminación en la ría bahiense
El tribunal bahiense revocó una decisión de primera instancia y le dio valor a un informe de la Facultad de Agronomía de la UBA.
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La Cámara Federal de Apelaciones ordenó la conformación, en 90 días, de un plan concreto para diagramar inversiones futuras y desarrollo sustentable en la ría de Bahía Blanca, ante el riesgo latente de contaminación ambiental.
El fallo, de carácter precautorio, revocó parcialmente la decisión de la jueza federal Gabriela Marrón y le dio cabida al planteo de las agrupaciones que nuclean a los pescadores artesanales.
Los camaristas Pablo Candisano Mera y Silvia Fariña le otorgaron otro valor al informe desarrollado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
De ese estudio, conocido el año pasado, surge la presencia de metales pesados en especies del ecosistema marino local, que superan los niveles superiores en cadmio, cromo, cobre y plomo.
La medida de la Cámara Federal abarca a las empresas denunciadas, los querellantes, el Ministerio Público Fiscal, la Municipalidad de Bahía Blanca, el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Autoridad del Agua y otros organismos especializados en la materia.
Se los insta a realizar -previa reunión a tal efecto y en un plazo de 90 días- "un plan concreto que tenga como fin diagramar inversiones futuras para asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre desarrollo y la preservación del ambiente".
También deberán exponer un plan de concreción de los medios necesarios para incorporar nuevas tecnologías en el tratamiento de efluentes e instrumentar sistema de "aguas regeneradas" en un plazo razonable.
Además, reformular la normativa que establece parámetros para el vuelco de efluentes en la zona, teniendo en cuenta la morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el Polo Industrial de Bahía Blanca.
Por último, deberán reforzar los mecanismos de control de vertidos a la ría, además del régimen sancionatorio.