Si uno no quiere dos no pueden

Ricardo Salas

rsalas@lanueva.com

En la antesala de una huelga docente de 72 horas, ya no sólo por la cuestión salarial sino también por el generalizado reclamo por el estado de la infraestructura en las escuelas públicas, puede advertirse un lógico impacto sobre la agenda gubernamental y política bonaerense.
Es una crónica anunciada desde el receso invernal. En el cara a cara entre ministros y dirigentes gremiales las miradas fueron penetrantes. Al momento de sentarse, los sindicalistas docentes desplegaron un cartel reclamando justicia por la vicedirectora y el auxiliar fallecidos por el trágico escape de gas en la escuela de Moreno. 
Fue durante la novena reunión paritaria donde, por primera vez, la gobernación de María Eugenia Vidal hizo una oferta superior al 15%, pero que igualmente fue rechazada por los docentes más combativos.
No alcanzó la propuesta del 19% hasta septiembre, 210 pesos de material didáctico y el compromiso de los funcionarios de Vidal de una revisión para octubre. De inmediato, el gremialismo docente convocó a una huelga de 3 días (mañana, miércoles y jueves) y a la Provincia no le quedó otra que anunciar que se les descontará los días a los docentes que adhieran al paro en su salario de bolsillo mensual. 
“Algunos gremios docentes se han sumado a la estrategia política partidaria de ciertos dirigentes que creen que con su seguidilla de paros debilitan la gestión de Vidal”, subayan desde el ala legislativa de Cambiemos.
Creen que era posible, encauzar un acuerdo sin que los alumnos, fundamentalmente de las escuelas públicas que son los chicos que por situaciones de mayor vulnerabilidad necesitan más y mejor educación.
La “grieta” entre el Ejecutivo y el sindicalismo docente agrega incertidumbre y está lejos de vislumbrar un buen horizonte. En la coyuntura aparece la desastrosa situación de las escuelas por falta de mantenimiento escolar, sueldos que no alcanzan, inflación y tarifas de servicios públicos domicliarios por la nubes y conflictividad social por todas partes. Escenario de sombrías proyecciones.
En medio de la pulseada apareció una renuncia cantada. Mateo Nicholson, responsable de infraestructura escolar de la PBA, duró dos meses de licencia, pero cercado por denuncias por corrupción, se fue. El funcionario fue denunciado por un audio”pidiendo” a una colaboradora “inventar presupuestos” en una licitación de cocinas para comedores escolares, para presentar un “dibujo” ante el gobierno.
“Pasaron varios meses, lo escondieron y lo protegieron para conservarlo en el cargo, en el medio de todo esto explotó una escuela en Moreno que se llevó la vida de dos personas y Nicholson solo se va porque renuncia. Lamento que no se lo haya echado antes”, afirmó el diputado massista, Jorge D’Onofrio.
La Provincia se metió en un frente de tormenta.“La desidia es corrupción, inventar presupuestos de obras que no se hacen, es corrupción y mantener a funcionarios en sus cargos que cometen actos de corrupción es un delito que ya nos costó vidas, Vidal tiene que empezar a transparentar sus áreas de gobierno y demostrar que no fueron cómplices de Nicholson y el principal responsable el Director General de Educación, Gabriel Sánchez Zinny”, insisten desde la oposición.
Turbulencias 
En líneas generales, la incertidumbre económica le resta credibilidad al Gobierno nacional. El clima de conflictividad social va en aumento producto de la política económica y el ajuste estatal.La Provincia no es invulnerable a ese torbellino que potencia los problemas. 
“Las obras no se van a detener” en el mapa bonaerense salió a garantizar el secretario general de la Gobernación, Fabián Perechodnik. Intentando calmar la ansiedad de no pocos intendentes, el funcionario asegura que existe la “decisión política” tanto del presidente Mauricio Macri como de la mandamás “Mariú” Vidal de darle continuidad a la obra pública. “Puede haber adecuaciones en los cronogramas en función de la situación por la que estamos atravesando, pero no las vamos a detener”, dijo procurando no mencionar las turbulencias económicas. 
“Nuestra obligación es estar en los lugares, conversar con la gente y escuchar sus problemas en estos momentos difíciles”, repiten funcionarios gubernamentales después de la tajante orden de Vidal en la última reunión de gabinete ministerial en La Plata. La Gobernadora quiere que salgan a dar la cara y recorran superficie territorial. Es decir; que estén más tiempo en la calle dando respuestas que en sus despachos oficiales. El mensaje llegó también a oídos de senadores y diputados de la embarcación oficialista.
La mandamás bonaerense de Cambiemos sabe que no está exenta de las complicaciones políticas y económicas por las que atraviesa la Casa Rosada. En ese contexto, Vidal también viene siendo afectada en las encuestas de imagen positiva, por algunas cuestiones que tienen que ver con su propia gestión en la Provincia. Por caso, la tragedia en la escuela de Moreno que terminó de tensar la cuerda con el sindicalismo docente.
Pero también habría impactado sobre su figura las denuncias sobre supuestos “aportantes truchos” a la última campaña electoral de Cambiemos. De hecho, Vidal ordenó el desplazamiento de la contadora Fernanda Inza, responsable financiera de esa campaña.
Diás atrás, peritos de la Cámara Nacional Electoral objetaron la rendición de cuentas de la campaña proselitista del oficialismo aliancista de Cambiemos para las elecciones primarias del año pasado en la Provincia. Se destacó que más de un centenar de aportantes son beneficiarios de planes sociales del ministerio de Desarrollo Social y de la Anses.

Tolerancia 0
Está todo dado para que la ley de “Tolerancia Cero de alcohol al volante” obtenga sanción en el Senado bonaerense, a más tardar, a mediados de septiembre primaveral. El proyecto impulsado por Federico Susbielles, ya fue debatido durante varios meses en comisiones parlamentarias, donde participaron funcionarios, académicos y familiares de víctimas, entre ellos, Santiago Saccoccia, el padre de Facundo, el joven bahiense fallecido tras ser arrollado por un conductor en estado de ebriedad. 
Según trascendió, el debate fue arduo respecto de los alcances de la prohibición --basada en criterios como la graduación alcohólica, la edad o la categoría de registro de conducir-- aunque hubo consenso de todos los sectores políticos en la necesidad de implementar una nueva normativa que disminuya los altos niveles de siniestralidad al volante en la Provincia, un flagelo que se cobra cientos de vidas al año, especialmente entre los jóvenes. 
Resta aún definir la fecha de la sesión. Desde la oposición sugirieron que el oficialismo pretende reducir al mínimo las sesiones para lo que resta del año, buscando resguardar al gobierno de Cambiemos de las críticas que el peronismo le tiene preparadas por la crisis económica que golpea el ámbito bonaerense.