Limpiavidrios y trapitos: la Justicia interviene en el caso

Redacción de La Nueva.

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 Los limpiavidrios y cuidacoches que fueron echados de la Plaza Rivadavia cuando arribaron los agentes de Prefectura el mes pasado, llegaron a la Justicia tras la presentación de un hábeas corpus por parte de la Defensoría General.

 "Nadie puede prohibir la libre circulación por la calle a estas personas", sostuvo ayer la defensora oficial Graciela Cortázar, al referirse a los siete jóvenes que fueron desplazados por los agentes aparentemente con amenazas.

 En diálogo con este diario, la letrada relató que "a mediados de septiembre las personas que se dedican a limpiar y cuidar los autos y motos en esa zona vinieron a Defensoría preocupados porque sufrían acosos por parte de los prefectos".

 "Los agentes les decían que eran indeseados por la gente y que no los querían ahí", continuó Cortázar, para luego agregar: "En principio se retiraron porque pensaron que había problemas con permanecer en ese lugar, pero nadie puede prohibirles estar en la calle".

 De esa manera, remarcó que tras un regreso "volvieron a ser apretados" por los agentes.

 "Por eso decidimos interponer un hábeas corpus colectivo preventivo. Colectivo para que se aplique a otros casos similares y preventivo porque estamos previniendo que suceda algo malo", dijo.

 Cortázar expresó y puntualizó en que el hábeas presentado es "un remedio urgente" debido a la preocupación que generó el tema.

 Cuando promediaba el mes pasado, y el tema fue puesto sobre la mesa, los efectivos de Prefectura afirmaron que habían actuado con consentimiento y por orden de la Municipalidad.

 Sin embargo, en ese entonces, el secretario de Gobierno, Fabián Lliteras, explicó a este diario que el jefe de calle de los prefectos consultó al municipio si estaba regulada la actividad de los trabajadores y la respuesta fue negativa.

 "Preguntaron si estaban habilitados, se les dijo que no, y actuaron", relató el funcionario, quien agregó que muchos bahienses les habían mostrado su malestar por esa presencia.

 Como consecuencia, los oficiales actuaron con la premisa: "No hay nada escrito que lo permita".

 Cortázar, por su parte, entendió que la medida era ilegal y arbitraria.

 "No pueden actuar en base a algo que no está prohibido", sostuvo, para citar el artículo 19 de la Constitución Nacional.

 Ese artículo expresa, entre otras cosas, que "una conducta está exenta de toda interferencia estatal cuando ella es susceptible de ser valorada por el agente como relevante a su plan de vida libremente elegido, y no implica un riesgo apreciable de generar causalmente perjuicios que afecten intereses legítimos relativos a terceros".

 Seguir la Ley. El jefe de la Policía Departamental, Gustavo Maldonado, sostuvo por su lado que sus hombres actuaban en función de la ley, por lo que, si no hay nada escrito acerca de la actividad de los limpiavidrios o trapitos, no puede prohibirles esa tarea.

 "Nosotros lo que tenemos que hacer es apegarnos al principio de que lo que no está expresamente prohibido, está permitido", comentó.

 A las 12. Hoy al mediodía la Justicia de Garantías recibirá a los siete implicados, a los representantes de la Defensoría General y al concejal de Integración Ciudadana Raúl Woscoff.

Más permisivos

 A partir de este debate, trascendió que luego del recambio de prefectos a principios de este mes, los nuevos agentes limitaron la actividad y permitieron a dos trapitos cuidar coches, aunque se les aseguró que no se les permitirá lavar vehículos.


Trabajo sí, trabajo no

 Según las versiones que llegaron a "La Nueva Provincia", de las siete personas retiradas, una entró a trabajar temporalmente en el cementerio municipal. Además, de acuerdo con fuentes consultadas en el municipio, otras dos fueron derivadas a la Sapem.