La Cámara Penal liberó al sospechoso de un atraco
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La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal ordenó la libertad de un sujeto que estaba detenido por el asalto al empresario automotriz Fabián Balut, cometido hace un año en nuestra ciudad, al existir un vicio procesal que derivó en la nulidad de su prisión preventiva y de la elevación a juicio de la causa.
El fallo, a cargo de la Sala I del cuerpo, benefició a Héctor Camilo Figueroa, de 40 años, quien ya recuperó la libertad desde la Unidad Nº 19, de Saavedra, pese a estar sindicado como autor del hecho y haberse encontrado sus huellas en la escena del atraco --perpetrado el 14 de junio de 2010--, según estableció la delegación de Policía Científica de Mar del Plata, por medio del sistema Afis.
Los camaristas Gustavo Barbieri y Pablo Hernán Soumoulou hicieron lugar a la apelación del defensor Sebastián Martínez, y declararon inválida el acta de levantamiento de rastros que se incorporó a la causa, por ser una "fotocopia" que no es copia del original, "sino copia de copia".
En el mismo sentido, remarcaron que "no tiene otro valor que una simple copia sin eficacia judicial".
De esta manera, la Cámara Penal revocó la decisión de primera instancia de la jueza de Garantías Nº 1, doctora Gilda Stemphelet, quien había rechazado la nulidad pedida por el defensor.
Soumoulou y Barbieri consideraron que este elemento es muy importante porque forma el cuadro probatorio que la jueza ponderó al momento de dictar la prisión preventiva de Figueroa, tanto como la declaración de Balut, quien dijo estar en condiciones de reconocer al acusado, pese a que nunca habría participado de una rueda de personas.
Esta situación se "podría haber sido evitado con la adjunción de la documentación original", señalaron los magistrados.
En definitiva, declararon nula la pericia agregada en la causa, por no poder determinar la existencia y veracidad de las huellas que se compararon y, en consecuencia, también dejaron sin efecto la prisión preventiva del procesado y la requisitoria de elevación a juicio.
Por último, remitieron las actuaciones a la fiscalía actuante, a cargo del doctor Eduardo Zaratiegui, para que tome conocimiento de la resolución y "disponga lo que estime corresponder", para reencauzar la investigación.
Con identidad falsa.
Las derivaciones del caso de Balut fueron resonantes, porque Figueroa supuestamente utilizaba una identidad falsa, con un DNI robado años atrás a Guillermo Ariel González, quien, en principio, estuvo detenido por el caso.
Luego se descubrió la verdad y se pudo arrestar al sospechoso, dos meses después del delito, en Río Negro.
El asalto al dueño de la concesionaria automotriz de Donado y Berutti, se produjo cuando dos sujetos armados irrumpieron en el comercio y, luego de reducir al empresario, le sustrajeron unos 5.000 mil pesos, joyas por 2.000 dólares y otros elementos.
Los malhechores llegaron al lugar minutos antes de las 12, haciéndose pasar como potenciales clientes y, enseguida, denunciaron sus verdaderos propósitos, amenazando a Balut con armas de fuego y alzándose con el botín.
Personal de Policía Científica encontró huellas dactilares en la caja fuerte del local, que al ser cotejadas con los registros oficiales, se determinó que correspondían a "Guillermo Ariel González".
A partir de ello se realizaron distintas diligencias y un allanamiento en la vivienda del hombre, en Las Heras al 1400, mientras que González fue detenido poco después en la zona de Médanos, cuando circulaba en un camión de reparto.
Al declarar en la fiscalía, González dijo ser inocente, argumentando que las huellas encontradas en la empresa Balut pertenecían a un sujeto que, años atrás, le robara su DNI, hecho por el que formuló una denuncia en el año 2000, luego de recibir algunas citaciones ajenas.
La verdad se estableció horas después, cuando las huellas dactilares de González se cotejaron con la que fueran halladas en la caja de seguridad, y no eran coincidentes, lo que motivó su inmediata liberación y la posterior captura de Figueroa.
grisado
Incineración. Una cantidad no especificada de cocaína y marihuana, secuestrada durante distintos procedimientos, fue destruida en el crematorio del cementerio local. La orden pertinente fue dictada por el juez federal Alcindo Alvarez Canale, en el marco de actuaciones caratuladas como "destrucción de efectos secuestrados".