El procedimiento, solicitado por la UFIJ N° 7 y autorizado por el Juzgado de Garantías N° 1, fue llevado adelante por efectivos de la Estación de Policía Comunal de Médanos y la Patrulla Rural.

Los voceros señalaron que los uniformados inspeccionaron un inmueble ubicado en calle Malvinas al 800, donde secuestraron una camioneta Ford F100, una garrafa y un teléfono celular.

Los elementos fueron puestos a disposición de la fiscalía, que determinará los pasos a seguir en la causa judicial.

Según detallaron, alrededor de las 21:15 ingreso un ladrón al local ubicado en una de las esquinas más transitadas del barrio.

Tras amedrentar a la empleada con un arma de fuego, se llevó una suma no especificada de dinero de la caja y se dio a la fuga a pie, de acuerdo con lo que informó la Comisaría local.

Añadieron que se montó un operativo cerrojo para intentar dar el delincuente y que investiga el caso la DDI puntaltense.

El hecho se produjo poco después de las 2, cuando los operadores de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM) advirtieron que los adolescentes pretendían sustraer un rodado estacionado en Gorriti al 300 y dieron aviso a la policía.

Efectivos del Comando de Patrulla y de la Policía Local se dirigieron al sitio, aunque al advertir la llegada de los uniformados los imputados escaparon corriendo.

Poco después los jóvenes, de entre 16 y 17 años, fueron interceptados y aprehendidos en el sector de Castelli al 200.

En poder de uno de los acusados la policía incautó una ganzúa, mientras que comprobaron que la moto Gilera que intentaron robar presentaba daños en el tambor de arranque.

Los menores fueron trasladados a la seccional Segunda y puestos a disposición de la UFIJ N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Se trata de un fallo del juez Sebastián Foglia, a partir de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal, los defensores y los propios acusados de obligar a desarrollar la actividad sexual a no menos de 16 mujeres de origen paraguayo y algunas brasileñas y dominicanas.

Las víctimas, al parecer, vivían en distintos domicilios de Bahía Blanca pero "trabajaban" en dos bares de Mayor Buratovich y Pedro Luro, con fecha incierta pero anterior al 11 de diciembre de 2013 y hasta el 14 de abril de 2015.

La principal condena recayó en Héctor Luis Toto, de 62 años, con domicilio actual en Holdich al 1700, quien recibió 5 años de prisión tras ser acusado del delito mencionado en calidad de autor.

Su pareja, la paraguaya Gricelda Correa González (38 años y nacida en Ciudad del Este) fue sentenciada a 2 años y medio de prisión en suspenso, como partícipe secundaria.

También fueron condenados Maximiliano Héctor Toto (36), hijo de Héctor, quien recibió 3 años de prisión de ejecución condicional y Carlos Alberto Mercere (66), quien era encargado de los locales y le impusieron 2 años y medio en suspenso. Ambos también por participación secundaria.

Los últimos tres tendrán que cumplir distintas reglas de conducta mientras dure la pena y Toto hijo, además, realizará trabajos no remunerados en favor del club Kilómetro 5, a modo de tareas comunitarias.

Llamado al 145

La causa se inició a partir de un llamado al número gratuito 145 (Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por Trata de Personas) el 11 de diciembre de 2013.

Esa persona, que prefirió no identificarse por razones de seguridad, informó que 4 días antes se había abierto un local nocturno en Buratovich, ubicado en la calle 27 de abril al 1300, que se llamaba Ellas y ellos y tenía como fachada una confitería pero había 16 paraguayas que eran explotadas sexualmente.

La investigación que se inició en ese momento permitió determinar que el mismo rubro comercial luego se trasladó a un boliche de campo/pool en Pedro Luro (en un camino ubicado a la altura del kilómetro 805 de la ruta 3).

Según la información reunida por personal de la Prefectura a la que la fiscalía federal le encomendó profundizar el caso, las mujeres eran trasladadas desde Bahía Blanca en una combi (blanca y naranja) para ser sometidas al ejercicio de la prostitución, con retención del 50% de lo recaudado.

Prolongadas intervenciones telefónicas, en especial a Héctor Toto, permitieron determinar cómo era la trama.

"Se determinó que fue él quien centralizaba la explotación regenteando el boliche, manteniendo contacto fluido con las mujeres, ofreciéndoles trabajo en los boliches de su propiedad, estableciendo los contactos a través de otras mujeres prostituidas, percibiendo el 50% de la recaudación", explicó el juez Foglia.

Su hijo, su pareja y Mercere realizaban aportes relacionados con el traslado, alojamiento y control de las mismas, entre otras funciones.

Las escuchas

En una conversación telefónica del 7 de mayo de 2014, Toto padre habla con otro hombre sobre las dificultades que tenía para habilitar los locales.

"No, en Luro no pude abrir más… y estoy ahí viste estoy con la habilitación, mañana tengo que ir capaz a Luro… tendría que ir para que me haga el, lo que tiene que ir el inspector, pero me han dado mil vueltas viste, no me quieren habilitar (...) yo me mandé la cagada puse a nombre mío… las habilitaciones, y no me van a habilitar".

En la misma charla, Toto reconoció "ellos saben que yo voy a poner mujeres..." y que debió gastar "un montón de plata" para lograr habilitaciones anteriores.

En otra conversación, le pregunta a alguien identificado como "Pimi" si conocía alguna casa grande para alquilar.

"Yo necesitaría si es cuatro dormitorios mejor viste, tres, cuatro dormitorios…algo grande".

Su interlocutor realiza cuestionamientos a su conducta: "Vos sos un huevón porque vos le erraste, ta bien que la bebida por ahí te deja pero y entonces vos pero sabes qué pasa si vos pones una casa de masaje".

"Es lo que quiero hacer ahora, yo tengo allá el campo todavía viste (...) ahí estoy todavía lo tengo al viejo ahí adentro (...) pero no, no puedo abrir porque donde abro me allanan de toque ahí", le respondió.

También se incorporaron a la causa comunicaciones entre Toto padre y su hijo, relacionadas con el traslado de las mujeres desde Bahía hacia Villarino, con punto de partida desde la avenida Colón y Güemes, y una de un control en el puesto Zoofitosanitario donde lo detuvo la autoridad y posteriores comunicaciones de Toto padre "con un tal Roberto" para evitar complicaciones en dicho operativo.

Existen, a su vez, charlas telefónicas entre Héctor Toto y su mujer, referidas a una mujer dominicana que "vivía borracha" y tenían pensado echar y situaciones en las que ella se hacía cargo de coordinar traslados, compras las cajas de profilácticos y también las bebidas.

"Toma perfume, alcohol, de todo toma", le dijo el hombre a Correa González.

Esa misma situación dialogó con Mercere, al aludir que debían expulsarla porque "faltan (rendir) como 60 copas".

"En suma, las pruebas presentadas por las partes y la conformidad prestada por los imputados al suscribir los acuerdos, resultan
concordantes a la hora de acreditar los hechos y el grado de participación achacado", dijo el tribunal.

La mutación del "negocio"

Ordenanza. El 16 de abril de 2015 se aprobó la ordenanza de cierre de los cabarets. Fue el principio del fin, pero solo el principio. No existió desarrollo para enfrentar la problemática y, menos, un final para la prostitución, sino que el negocio mutó.

Plazo. La ordenanza (N° 18.164) estipulaba una autoridad de aplicación, un plazo de 120 días para revisar todas las habilitaciones otorgadas a ese tipo de locales, cuyos dueños debían presentar un proyecto alternativo de funcionamiento.

Cambio. Las casas de citas y los privados reemplazaron a los cabarets, aunque algunos locales sobrevivieron un tiempo más, pero atendían con la persiana baja, como se comprobó en Cat's (avenida Colón y Sixto Laspiur) y Kaos, Las Vegas o El Gran Chaparral (todos de White).

Durante las reuniones se prevé que se evalúen tres ejes centrales de la problemática: uno de ellos es la dinámica comercial del puerto bahiense y su vinculación con el resto de la región, que favorecería el tráfico de estupefacientes.

Las alarmas por el tráfico de drogas a gran escala en el ámbito local se encendieron con el caso Bobinas Blancas en 2017, cuando se incautaron casi 1,5 toneladas de cocaína de alta pureza.

Fue el mayor secuestro de estupefaciente de la historia bahiense.

Otro de los puntos a tratar es la falta de infraestructura o las “necesidades operacionales” al momento de combatir el problema en Bahía Blanca y la zona, como también se abordarán aspectos referidos a la contención de personas adictas a las drogas y la afectación a la salud producto de este tipo de consumo.

“Hay un gran déficit en los aspectos sociales, de salud y económicos referidos a la asistencia de drogodependientes, que casi nadie está abordando”, afirmó el camarista federal Pablo Larriera.

En la actividad se le daría tratamiento además al problema de los “soldaditos”, que son niños y adolescentes -en general consumidores- utilizados para vigilar de manera encubierta y avisar si alguien intenta perjudicar el negocio de las bandas narco, problemática que abordó La Nueva en un reciente informe periodístico.

Está previsto que el encuentro, organizado por la Cámara Federal de Apelaciones bahiense, se lleve a cabo el martes 4 y miércoles 5 de junio en las instalaciones del mencionado tribunal revisor, ubicadas en Mitre 60.

Uno de los participantes será el fiscal federal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además estarán presentes representantes de la Universidad Nacional del Sur, agentes de la Prefectura Naval Argentina y otras fuerzas de seguridad, funcionarios del ministerio de Seguridad de la Nación y otros especialistas en la temática.

“La idea es armar la actividad acá, en la Cámara Federal, en el marco de la mesa local de intercambio de información sobre narcotráfico, que sigue generando iniciativas. Queremos que sean jornadas prácticas y concretas, no de capacitación”, explicó Larriera.

“El objetivo es reunirnos todos los actores relacionados con la problemática del narcotráfico y la drogodependencia, para proponer temas prácticos sobre problemas, necesidades y preocupaciones en nuestra región y tratar de encontrar alguna solución. Va a ser una actividad de trabajo”, agregó.

La finalidad de la iniciativa es que los operadores judiciales de esta jurisdicción dispongan de información precisa sobre maniobras que podrían estar conectadas con esta actividad ilegal en nuestro ámbito.

“Necesitamos tener datos concretos y que (los auxiliares de la justicia) nos digan, por ejemplo, que hay mucho flujo de contenedores en el puerto, o que (tal cargamento) va a Neuquén por La Pampa, pero no pasa por Bahía”, comentó.

En línea con esta acción local contra el narcotráfico, implementada en los términos de la ley 27.502, el ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, creó en los últimos días una mesa “interinstitucional para mejorar la articulación entre las justicias federal y provincial”.

La medida apunta asimismo a diseñar “mecanismos de intercambio de información, intercambiar criterios de política criminal y revisar posibles conflictos de competencia”.

El apoyo financiero se destinará, primero, a las Cámaras Federales de Apelaciones de Rosario y Mendoza y, posteriormente, se girarán los fondos al resto de las cámaras del país, según se publicó en la cuenta de la cartera nacional en la aplicación X.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer, encabezaron la reunión de la cual también formó parte el jefe de la PROCUNAR.

“Lo que está haciendo ahora el ministerio de Justicia es crear una mesa más interinstitucional con otros actores que no participan directamente de las investigaciones, como por ejemplo la Junta Federal de Cortes y la UIF (Unidad de Información Financiera)”, precisó el bahiense Iglesias.

“Es una mesa mucho más amplia en la cual se debaten temas que exceden el intercambio de información sobre los casos concretos o, en términos generales, de política criminal, que es lo que hicimos en Bahía Blanca. Actúan organismos que no están previstos en la ley”.

“Son acciones distintas. Las mesas de coordinación que celebramos en Bahía se realizan en los términos de la ley 27.502, entre jueces y fiscales federales y provinciales, y la PROCUNAR”, continuó diciendo.

“Veremos los resultados de esta mesa más grande que están creando, pero es complementaria de las anteriores”, concluyó Iglesias.

Al respecto, el juez Larriera añadió que la mesa que “está diseñando el ministerio es más general e integran a la Procuración General de la Nación, funcionarios de la justicia Nacional y de diversas provincias, y a la PROCUNAR”.

“Es una mesa impulsada a nivel nacional”, confirmó Larriera.

El incidente sucedió el viernes pasado, en horas de la noche, aunque se conoció hace algunas horas luego de que se viralizaran por las redes unos videos de la violenta situación. 

Según la secuencia, algunos jóvenes de ambos sexo discutieron y luego se tomaron a golpes de puño.

El hecho sucedió a metros de un banco local, sobre Stegmann al 500, entre Alem y Mitre.

Primero, según se puede advertir, existió una agresión verbal cruzada y luego llegaron a los golpes de puño y la situación se desbordó.

Se puede ver a una mujer pegándole a un hombre y, a su vez, a un hombre golpeando a una mujer, luego otra persona que cae y está muy cerca de dar con su cabeza en el cordón de la vereda.

El hecho terminó cuando algunos de los protagonistas del enfrentamiento se fueron en un automóvil y otros caminando.

Luego arribaron algunos patrulleros y, según se informó hoy, habían sido aprehendidos -y luego liberados-  Luis Alberto Schmidt (38) y Schmidt Ricardo Enrique Schmidt (34), imputados de lesiones y amenazas.

Dos de las mujeres agredidas realizaron la denuncia en sede policial, según se informó.

Se desconoce el causal de la pelea y si los sujetos estaban alcoholizados.

Por las actuaciones sumariales se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca (agencia Coronel Pringles).

Escoltado por personal de la Policía Federal Argentina, en cuyos calabozos pasó la noche de ayer, el uniformado -ya desafectado de la fuerza bonaerense- se negó a declarar, según el adelanto de sus abogados Bárbara Ságer y Leonardo Gómez Talamoni.

En principio se le imputa a Ñancucheo haber facilitado su handy encriptado a la banda que, la noche del lunes 6, tendría previsto robar conductores de cobre de una línea de media tensión en un campo de la ruta 33, aunque un golpe de electrocución motivó 4 fallecidos y un herido.

La imputación formal, por ahora, es robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de tentativa y en carácter de partícipe primario.

Ubican al policía en el lugar de los hechos

De todas maneras, no se descarta que el subcomisario haya estado presente en el lugar del delito. Trascendió que un informe de una compañía de teléfonos ubica su celular en la zona del establecimiento San Bautista del Sur (kilómetro 45,6 de la ruta 33), al cual los delincuentes habrían ingresado para cometer el delito que terminó de la peor manera. 

Las otras dos personas detenidas son Ángel Daniel Gallardo (63), padre de una de las víctimas fatales, y Emanuel Chamorro Sepúlveda (20), quien resultó herido en medio de la descarga eléctrica.

En el hecho fallecieron Facundo Marcelo Uribe, Nicolás Joaquín Acosta, Federico Ezequiel Strick y Fernando Ariel Gallardo.

El homicidio, según la investigación que llevó adelante el fiscal Jorge Viego, se produjo el 24 de julio de 2022, en Darregueira 2530, cuando Delgado, con la utilización de un arma de fuego calibre 9 milímetros, habría realizado múltiples disparos hacia esa vivienda, en la cual se encontraban reunidas varias personas.

Como consecuencia de ese accionar, dos de los disparos impactaron en el cuerpo de la joven de 20 años, provocándole lesiones que produjeron su deceso.

Delgado llega a juicio imputado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El debate se realizará en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3, Estomba 34.

La aprehensión se llevó a cabo en la zona de Villa Rosario Sur, en Brown al 2.600.

En ese lugar, personal del Comando de Patrullas interceptó un Citroën C3, en el que se transportaban Diego Gerazzi, de 32 años; Fernando Aggio, de 39, y Camila Hernández, de 25. Estas personas habían sido vistas en el centro bahiense realizando maniobras tipo pasamanos.

Entre las ropas del primero de ellos se encontraron ocho envoltorios con una sustancia polvorienta blanca símil cocaína.

Además, en el vehículo se hallaron dos envoltorios de la misma sustancia, envueltos en billetes de 50 y 20 pesos.

En total, fueron ocho bochas de 6,9 gramos y una de 0,7. También se secuestró dinero en efectivo por 59.410 pesos, en billetes de diferentes denominaciones, además de tres celulares.

Las tres personas fueron aprehendidas por infracción a la Le 23.737. La causa corresponde a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19.

Según la causa investigada por la UFIJ Nº 14 a cargo de Marcelo Romero Jardín, el hombre -al que no se identifica para preservar a las jóvenes- estaba acusado de haber abusado de las menores entre 2013 y 2019, cuando tenían entre en 10 y 17 años.

La denuncia había sido realizada en 2021 por la madre luego de que sus hijas revelaran lo que habían vivido en manos de su padre durante esos años, aprovechando una discusión que se había generado con motivo de la separación de la pareja.

El hombre había llegado al juicio acusado de 6 hechos de abuso sexual simple, reiterado, doblemente agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años (hechos I, II y III), en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años (hechos IV, V y VI).

En el juicio las víctimas declararon en favor de su padre y también dijeron que fueron manipuladas por su madre. 

Sin embargo, el fiscal del caso, Marcelo Romero Jardín, está convencido de que los abusos existieron pero ahora, a partir del veredicto de no culpabilidad dictado por el jurado, no tiene posibilidades de apelación. 

El acusado, a quien no se identifica para preservar a las jóvenes, recuperó ayer mismo su libertad, luego de estar detenido por la causa desde septiembre de 2022.

La medida -pedida la semana pasada por el fiscal Gustavo Zorzano- la dispuso hoy el Juzgado de Garantías N° 1.

Fuentes consultadas indicaron que Ñancucheo se presentó solo en la delegación local de Cibercrimen, ubicada en Río Atuel al 200, y se puso a disposición de la justicia, tal como había adelantado su abogado Leonardo Gómez Talamoni.

Esta mañana La Nueva. dio a conocer el resultado de un informe de telefonía que ubicaba al celular de Ñancucheo, la noche del hecho, en la zona del campo donde se produjo el frustrado delito.

Con las pruebas periciales y testimoniales -que lo ubican en el centro asistencial en un Chevrolet Meriva, de las mismas características a la que fue vista en el campo de la ruta 33- se ordenó la detención del uniformado, quien cumplía funciones en la comisaría Cuarta y actualmente está desafectado de servicio. 

Fuentes consultadas indicaron que quedaría alojado en la delegación local de la Policía Federal y mañana a primera hora será indagado por el fiscal Zorzano.

Desde la seccional Quinta indicaron que el procedimiento está relacionado con una serie de operativos que vienen desarrollando en el último tiempo, dispuestos por la Estación de Policía Departamental y la secretaría de Seguridad municipal.

Los voceros señalaron en un parte de prensa que inspeccionaron un local ubicado en Pampa Central al 3.700, propiedad de Roberto Becer (30), donde hallaron un rodado marca Volkswagen Passat sobre el que pesaba un pedido de secuestro elevado en 2017 por la UFIJ N° 1 de Lanús.

Desde la dependencia del barrio Noroeste también refirieron que en el predio encontraron otros vehículos y autopartes acerca de los cuales se intenta determinar la procedencia.

En tanto, procedieron a la clausura del lugar por carecer de habilitación municipal.

Finalmente mencionaron que a partir de lo detectado en el sitio dieron intervención a la fiscalía y al Juzgado de Faltas.

La medida -pedida la semana pasada por el fiscal Gustavo Zorzano- la dispuso hoy el Juzgado de Garantías N° 1, mientras que personal de la Policía Federal Argentina fue destinado a la búsqueda del ex subjefe de la comisaría Cuarta de Villa Mitre, quien finalmente se entregó.

Uno de sus abogados, Leonardo Gómez Talamoni, confirmó la decisión judicial y aclaró -tal como finalmente sucedió- que "en breve" se iba a poner a disposición.  

Poco antes de conocerse esta novedad, La Nueva. dio a conocer el resultado de un informe de telefonía que ubicaba al celular de Ñancucheo, la noche del hecho, en la zona del campo donde se produjo el frustrado delito.

Hasta el momento solo se había establecido que en la camioneta Volkswagen Amarok en la cual abandonaron los 4 cuerpos y a otra persona herida en el hospital Municipal encontraron el handy encriptado cuyo número de registro debía estar a cargo del citado subcomisario.

Con las pruebas periciales y testimoniales -que lo ubican en el centro asistencial en un Chevrolet Meriva, de las mismas características a la que fue vista en el campo de la ruta 33- se ordenó la captura del uniformado, que actualmente está desafectado de servicio. 

Por otra parte, se esperan los resultados de una pericia del GPS del handy de Ñancucheo, para determinar si ese dispositivo estuvo "activo" en los días previos, cuando se produjeron otros hechos de robo de cables.

Esa conclusión pericial a partir de la ubicación de las antenas, confirmada a La Nueva. por investigadores del caso, pondría en una situación más comprometida al ex subjefe de la comisaría Cuarta, cuyo handy encriptado fue encontrado en la camioneta Volkswagen Amarok en la cual abandonaron a 5 de las víctimas de la electrocución, 4 de ellas fallecidas.

De todas maneras, la situación procesal del subcomisario, que ya desafectado de la fuerza policial, aún no fue definida por la justicia de Garantías, que también analizaría un pedido de eximición de prisión presentado por un abogado defensor.

La investigación también habría establecido que aquella noche, en apoyo de la Amarok, hubo otro vehículo particular en el campo de la ruta 33, kilómetro 46,5: se trata de un Chevrolet Meriva, de color claro.

Ñancucheo, al parecer, se movilizaba en ese vehículo y con el mismo llegó hasta el hospital, con el objetivo de "rescatar" su handy, que en la emergencia había quedado dentro de la Amarok, hecho que no pudo concretar por la "resistencia" de sus colegas, ya presentes en la guardia del Municipal.

Por otra parte, se esperan los resultados de una pericia del GPS del handy de Ñancucheo, para determinar si ese dispositivo estuvo "activo" en los días previos, cuando se produjeron otros hechos de robo de cables.

¿Otro civil más?

Las pruebas testimoniales y fílmicas que reunió el fiscal Gustavo Zorzano, a cargo de la investigación, también habrían determinado la presencia de otra persona más en relación al frustrado delito, que terminó de manera fatídica.

Ese hombre, al parecer, quedó registrado bajando de la camioneta Amarok, sin lesiones visibles, en la guardia del hospital, cuando arribó con el resto de los fallecidos.

De esa manera se especula que junto con las 4 víctimas fatales, el herido Emanuel Chamorro Sepúlveda, Ángel Gallardo -conductor de la camioneta- y el subcomisario Ñancucheo, estuvo presente otra persona más en el campo, como parte de la supuesta organización delictiva.

La fiscalía procura determinar de quién se trata, aunque ya trabajan con algunas pistas.

La Policía lo identificó como Rubén Ricardo Matos, quien protagonizó el hecho poco antes de las 22, en circunstancias que se tratan de determinar aunque todo parece indicar que fue una acción accidental, sin intervención de terceros.

La caída se produjo en en monoblock 9, piso 1, a la altura de Castro Barros al 2400, donde Matus tiene su domicilio.

"Llegaba de un partido de fútbol, no sé bien si de jugar o de dirigir, y en su departamento estaban su madre, cocinando, y su hermano, mirando televisión", comentó un investigador.

El ruido que provocó su caída desde el pasillo de acceso a su vivienda -la baranda de protección no es muy alta, tiene menos de un metro-, alertó a una vecina de la planta baja, quien descubrió al herido, lo reconoció como vecino y dio rápido aviso a su familia.

Personal del servicio Siempre y de Defensa Civil actuaron en la emeregencia y trasladaron al paciente al Municipal, en cuya terapia intensiva permanece internado en condición delicada, con múltiples fracturas y fuertes traumatismos, especialmente en la zona del cráneo.

Las actuaciones, en principio encuadradas como averiguación causal de lesiones, están a cargo de la comisaría Tercera.

El hecho se produjo alrededor de las 19.25, a la altura del kilómetro 864 de la ruta nacional Nº 3.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor de un Audi A4 que se dirigía en dirección norte-sur, colisionó de atrás con un camión tractor, que iba en el mismo sentido.

Producto del impacto, el rodado menor fue hacia la banquina y luego de varios tumbos, quedó apoyado sobre su techo.

Debido al fuerte impacto, se confirmó el deceso del conductor, Ernesto Rodríguez, de 60 años y oriundo de Viedma, quien habría sido juez laboral de la capital rionegrina.

La mujer que lo acompañaba sufrió varias heridas, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Pedro Ecay, de Carmen de Patagones.

El vehículo de mayor porte es un Ford cargo, cuyo conductor, un hombre de 50 años, salió ileso.

Los peritos trabajan en el lugar para esclarecer el suceso. (Agencia Patagones)

El fallo del juez Eugenio Casas, del Tribunal en lo Criminal N° 2, fue resuelto en un juicio abreviado y recayó en Luciano Ezequiel Alecsovich Mansilla.

Los hechos, según se estableció, fueron llevados adelante mientras el sujeto estaba detenido en la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, en la ciudad de Olavarría.

De acuerdo a la causa, entre los días 25 y 26 de julio de 2022, Alecsovich -con la participación de otras personas no identificadas- hizo uso de los datos de tarjetas de crédito de tres personas, sin la autorización de los titulares, para adquirir materiales de construcción por 473 mil pesos.

Para llevar a cabo esas operaciones se contactaron con la firma mediante WhatsApp, se efectivizó el pago con los números de los plásticos ajenos y se solicitó la entrega de la mercadería en un inmueble ubicado en Rafael Obligado al 5400.

Además, se determinó que entre los días 21 y 29 de ese mismo mes, el acusado y dos cómplices se contactaron con un hombre y mediante intimidaciones lo obligaron a realizar entregas de dinero por un total de 210 mil pesos a través de diversas transferencias bancarias,

Se determinó que crearon un perfil falso de Facebook de una mujer e intercambiaron con el damnificado fotografías de contenido sexual. 

Posteriormente se comunicaron telefónicamente y uno de los sujetos simuló ser un efectivo policial, indicándole que la chica con la que había chateado era menor y que su madre había denunciado lo ocurrido, por lo que si quería que la investigación no se ponga en marcha debía transferirle 100 mil pesos.

Luego de un primer envío de dinero volvieron a solicitarle más transferencias, hasta que el hombre no contestó más y denunció lo que estaba pasando.

Robo y muerte

Alecsovich se encuentra cumpliendo una condena de 9 años de cárcel por su participación en un asalto que finalizó con el fallecimiento de un joven que fue abatido por la policía.

En julio de 2020 el Tribunal en lo Criminal N° 1 lo sentenció por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.

El hecho se produjo el 8 de agosto de 2019, minutos después de las 19, cuando el imputado ingresó por una puerta-ventana en una casa ubicada en Necochea al 4000, donde intimidó a la dueña del lugar, quien se encontraba acompañada por su madre y sus tres hijas de 1, 6 y 11 años.

El ladrón exigió la entrega de dinero y artículos electrónicos, aunque al no encontrar esos elementos terminó escapando con el teléfono de la víctima, quien tenía a su beba en brazos cuando la abordó el asaltante.

También intentó apoderarse de anillos que tenía colocados la madre de la mujer, aunque al no poder quitárselos desistió y se dio a la fuga junto a un cómplice que lo aguardaba en una moto afuera del domicilio, a modo de campana.

Poco después de consumado el robo, y tras el aviso al teléfono de emergencias 911, dos efectivos de la Policía Local que circulaban en sendas motocicletas por la zona de Yapeyú y Scalabrini Ortiz advirtieron la presencia de un rodado similar al utilizado por los ladrones, cuyos ocupantes no hicieron caso a la voz de alto y continuaron su marcha.

La persecución se extendió durante varias cuadras y finalizó en Cambaceres al 2.600, donde los motochorros perdieron la estabilidad y cayeron del rodado.

Los policías indicaron que el acompañante efectuó varios disparos durante la fuga y que fue abatido luego de apuntar con el arma a uno de los policías, tras caer de la moto.

El proyectil impactó en el pecho de Rodrigo Ezequiel Parra, quien falleció en el lugar, mientras que Alecsovich fue reducido cuando intentaba escapar corriendo.

Así lo indicó la fiscal de la UFIJ Nº 7, Marina Lara, de cara al debate oral que el Tribunal en lo Criminal Nº 3 fijó del 9 al 11 de diciembre venidero.

“Son varios los delitos y aproximadamente la pena que le podría corresponder oscilaría entre los 10 y 20 años de prisión”.

“Previamente va a haber una audiencia en la que va a declarar el padre del imputado atento a su edad avanzada, por eso se decidió que lo haga ante el Tribunal constituido y las partes”, comentó también la representante del Ministerio Público en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Sobre la determinación de desarrollar el juicio a lo largo de tres jornadas, indicó que esto tiene relación con la cantidad de hechos que se deben analizar.

El acusado fue detenido cuando el pasado 2 de septiembre, tras violar la prohibición de acercamiento que había decretado la Justicia, al hacerse presente en el domicilio de su expareja en Bahía Blanca y ocasionar una rotura intencional en el portero eléctrico del departamento de la mujer.

Luego de ello, inició fuego de manera intencional en una vivienda ubicada en 14 de julio al 5.000, arrojando un bidón con combustible que provocó que se quemara un vehículo Renault Megane y una motocicleta marca Honda que estaban estacionados en el sector del garaje.

Al ser identificado por los investigadores, se solicitó al Juzgado de Garantías N° 4 una orden de allanamiento, secuestro y detención en el domicilio de Castelli al 2.200, donde Norambuena encerró a su padre en uno de los dormitorios a la vez que lo amenazaba con un cuchillo y le refería al personal policial que se retirara, hasta que finalmente depuso su actitud y fue detenido.

Acerca del imputado, Lara consideró que “se ve un patrón de violencia en cuanto a las conductas que ha desarrollado, al punto que se incrementaron exponencialmente, empezando con pequeños actos de violencia doméstica hasta terminar incendiando una casa o poniéndole un cuchillo a su propio padre en la garganta”

“Es una persona peligrosa y a mi entender el juez actuó bien en disponer la detención antes del juicio, porque había peligro que siguiera atentando contra la vida de la propia mujer y de los testigos de la causa”.

Lara agregó que incluso desde el interior de la cárcel “siguió con los hostigamientos hacia la mujer enviándole amenazas a través de su celular, por eso se pidió que se lo retiren”.

La jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Fabiana Castaño, sentenció a Martín Iván Tali por el delito de robo doblemente agravado por cometerse por escalamiento y por efracción.

Según la investigación de la fiscal Marina Lara, el hecho se produjo el 7 de junio de 2023, entre la 1 y las 8.30, en el comercio ubicado en Darregueira 182, donde Tali junto a otras personas no identificadas realizaron una abertura en el techo cortando la chapa y accedieron por el cielorraso al interior del inmueble.

Del lugar sustrajeron camperas de abrigo, chalecos, suéteres, jeans, conjuntos deportivos, babuchas, remeras, buzos de distintos estilos, talles y colores, calzado y elementos de manicuría que cargaron en bolsas dentro de una camioneta Ford Ecosport color gris y se dieron a la fuga.

El paso del vehículo fue captado por cámaras de seguridad del sector, lo que permitió a la policía llegar hasta el procesado.

Tali fue arrestado una semana después, cuando la policía allanó viviendas ubicadas en Manzana de las Luces al 800 y Punta Alta al 900.

Desde la fiscalía señalaron que el procesado "admitió haber participado del hecho y dijo que cuando el robo tomó estado público a través de los medios de comunicación tiró las prendas en un arroyo ubicado cerca de su casa".

Foto delatora

Cuando la policía allanó la vivienda de Tali incautaron, entre otros elementos de interés, un teléfono celular. 

En una de las fotos que guardaba en la galería, el sujeto aparecía sentado sobre una caja fuerte, con gesto victorioso, como si fuera trofeo de otro robo.

A partir del análisis del Gabinete Tecnológico de la fuerza, se pudo establecer que varios de los contactos y mensajes de Tali tenían que ver con Santa Fe.

La DDI local se contactó con la Policía santafesina y se inició un cruce de información que derivó en una investigación conjunta y la posibilidad de descubrir que la caja fuerte era la que habían robado en el correo de Rincón, el 25 de mayo último, y que apareció abandonada, a la vera de un río cercano a la capital santafesina, cuatro días después.

Posteriormente al individuo se lo notificó de la detención por el robo en Santa Fe, en el que otras tres personas fueron detenidas en esa provincia.

La causa fue instruida por el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y la imputada será interrogada próximamente por la jueza María Gabriela Marrón.

Se la identificó como Ester Beatriz Koch, quien podría enfrentar, al menos, el delito de supresión de documentación pública. De todas maneras, los investigadores buscan posibles implicancias "hacia arriba".

La denuncia -de la cual se conocieron detalles en las últimas horas- había sido radicada por el exdirector de la UGL V, Álvaro Díaz, cuando la mañana del 22 de agosto de 2022 recibió un llamado del sector respectivo para ser notificado que la sala de archivo directamente había sido vaciada.

En ese lugar se guardaban expedientes, legajos de personal, actos dispositivos y otra documentación desde 2003 a la fecha.

Mantenimiento y sorpresa

Esa situación se descubrió cuando otros dos agentes del organismo habían concurrido para realizar tareas de mantenimiento.

Detallaron que las cajas ubicadas en un total de 6 filas de 17 estanterías -compuestas de 7 estantes cada una de ellas- habían desaparecido.

Personal de una dependencia contigua, perteneciente al área de Fisiatría del PAMI, aportó algunos elementos para encauzar la investigación.

Otros testigos ratificaron que habían visto, dos semanas antes y fuera del horario de atención (después de las 14) a la agente Koch, acompañada por un desconocido.

Un declarante amplió que el 17 de agosto de 2022 pudo ver un camión de la firma Recicla Bahía en el lugar, donde no existen cámaras de seguridad.

Por otro lado, personas de comercios cercanos observaron una camioneta donde también se cargaban cajas.

Desde la empresa de reciclaje confirmaron que una persona identificada como Juan Mattioli -hijo de Koch- había contratado sus servicios, por un valor de 180.990 pesos, para retirar papel para vender.

En el marco del sumario administrativo, Koch había dicho que había recibido autorización para hacer esa acción, aunque sus superiores negaron esa versión.

Por ese motivo se investiga penalmente a la mujer y también su hijo será citado a indagatoria.