Caso Santiago Vega: "Nuestra expectativa es de prisión perpetua", dijo el abogado de la familia
El doctor Norberto Filippini sostuvo que la calificación del hecho debe ser la de homicidio calificado. Dijo que evalúan la situación de los dueños del bar donde estuvieron el detenido y la víctima.
Uno de los abogados que asesora a la familia de Santiago Vega, el joven asesinado el mes pasado en Ingeniero White, dijo que la imputación al acusado debe ser más grave y que la pena en expectativa sería severa.
Cabe recordar que por el hecho, ocurrido el último 1 de agosto en San Martín y Plunkett, se encuentra detenido Joaquín Eleazar Larraburu.
"El fiscal (Jorge Viego), en su teoría del delito, lo imputó (a Larraburu) de homicidio simple con agravantes, pero nosotros analizamos el expediente y consideramos que estamos ante un homicidio calificado. La expectativa nuestra es la de prisión perpetua", indicó el doctor Norberto Filippini en declaraciones al programa Panorama de LU2.
También se refirió a las consideraciones de Marcelo Vega, padre de la víctima, quien dijo estar convencido de que hay más responsables en el hecho.
"Hay un grupo de cuatro personas que ya tenemos identificados con nombre y apellido, y otras en las que estamos en ese proceso. Estamos analizando el rol que tiene cada uno. Algunos pueden ser coautores, otros cómplices primarios o secundarios o instigadores. En la causa hay indicios vehementes para que esas personas también puedan ser traídas al proceso", consideró.
El letrado agregó que también están analizando la situación de los responsables del local comercial en el que previo al crimen estuvieron el acusado y la víctima.
"Hay que ver la responsabilidad de los dueños del bar. Ese lugar, donde se iniciaron los hechos, no estaba habilitado como tal. Tenía una habilitación de restaurante y, por lo tanto, no tenía las medidas de seguridad correspondiente a la función que desarrollaba. Por otro lado, consideramos que no fue diligente el actuar que tuvieron los responsables. Entendemos que hay responsabilidades administrativas y también penales".
Agregó que "cuando uno está a cargo de un lugar tiene el deber de diligencias. Estas personas pudieron haber realizado distintas acciones que no hicieron, como por ejemplo, cuando temprano comenzaron los disturbios, podrían haber llamado a la policía o, si estuvieran habilitados como correspondía, hubieran tenido los medios de seguridad adecuados que hubieran impedido que esto escalara al nivel que escaló".
"Esto figura dentro de las hipótesis que vamos a evaluar", cerró.