Causa ANDIS: procesaron al bahiense Spagnuolo por asociación ilícita
Así lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello. Se investigan presuntas maniobras de corrupción que salpican a la hermana del presidente.
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La Justicia decidió hoy el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el bahiense Diego Spagnuolo, y 18 personas más en la causa que investiga presunta corrupción en ese organismo.
Así lo dio a conocer la oficina a cargo del magistrado Sebastián Casanello, quien busca determinar si en ANDIS se recibían coimas para otorgar contratos a empresas privadas. En los considerandos se explica que el procesamiento es por asociación ilícita, fraude y sobornos.
El tema se conoció en agosto pasado, cuando se difundieron audios de Spagnuolo dando cuenta de estas maniobras, que involucrarían a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a uno de sus principales asesores, Eduardo "Lule" Menem". Ninguno de ambos se encuentra alcanzado por los procesamientos.
El fallo de Casanello sí afecta a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la Agencia, Daniel Garbellini, así como a Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. Se trata de dos personas con estrechos vínculos con droguerías.
“En esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, remarcó el magistrado.
Según Casanello se montó un “sistema de retornos” por parte de las droguerías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios “a través de los cuales se recompensaba a los funcionarios infieles”.
Agregó que la investigación “permitió reconstruir un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
La Agencia “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, escribió el juez.