Reforma laboral: el gobierno busca una victoria clave en el Congreso

Redacción de La Nueva.

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El gobierno de Javier Milei necesita buenas noticias, luego de la polémica generada en torno a la salida de Marco Lavagna del Indec y el índice de 2,9% de inflación de enero, que consolidó el movimiento de leve curva hacia arriba de los últimos meses.

Hoy el Senado debatirá un proyecto de reforma laboral resistido por el peronismo, la izquierda y buena parte de los gremios que se movilizarán en todo el país, incluida Bahía Blanca. No obstante, según las previsiones, La Libertad Avanza ya tendría los respaldos suficientes para darle media sanción al proyecto en la Cámara Alta, normalmente la más difícil para los gobiernos que no son peronistas.

De todos modos, en el oficialismo hay cautela hasta tanto se desarrolle la votación e incluso puertas adentro también se recomendó prudencia si se aprueba, porque la reforma luego debe ser refrendada en Diputados.

En caso de aprobarse en ambas cámaras, el mensaje hacia adentro del país y, sobre todo, al exterior y los mercados, será de un gobierno fortalecido que avanza en sus reformas estructurales, aun cuando haya realizado concesiones para que avance la ley.

Por ejemplo, en el caso de indemnizaciones por despido, la regla quedará así: Al igual que en el dictamen original, la indemnización estará a cargo de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado con un porcentaje de las contribuciones patronales (que hasta ahora iba a la Anses). No obstante, la versión original establecía un 3% para todos los empleadores y el nuevo dictamen hace una segmentación para diferenciar a las grandes empresas (que aportarán solo el 1%) de las pymes (2,5%). El ministro Luis Caputo debió ceder en este punto, aunque incluyó un párrafo que lo autoriza a subir en 0,5% estos porcentajes si es necesario para cumplir con las metas de déficit cero.

En lo que respecta a los sindicatos, el dictamen da marcha atrás en tres puntos que había propuesto el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que debilitaban el financiamiento de las organizaciones gremiales.

En la nueva propuesta se elimina el artículo que proponía la reducción del 6 al 5% del aporte a las obras sociales que deben hacer los empleadores; a su vez permanecerá vigente la llamada “cuota sindical” compulsiva que pagan los trabajadores (estén o no afiliados) a los gremios, aunque con un tope del 2% del salario mensual y por solo dos años (el tope baja al 0,5% del sueldo cuando se trate de aportes a las cámaras empresarias, mientras que Sturzenegger pretendía que esos aportes fuesen voluntarios para los trabajadores) y, finalmente, los empleadores seguirán siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación a los gremios de los trabajadores. El dictamen original obligaba a que hubiese una autorización previa expresa del trabajador.

Otro punto relevante que se modificó fue a pedido de los gobernadores, que serán clave para poner a sus senadores y diputados a votar la reforma. En este caso, el gobierno dio marcha atrás con la reducción del impuesto a las Ganancias a las sociedades (empresas) en los tramos dos y tres del tributo. Caputo debió ceder ante la presión de los mandatarios provinciales, reacios a aprobar la totalidad de la reforma porque este punto les implicaba una fuerte caída en el flujo de sus fondos coparticipables. El dictamen mantiene, en cambio, la eliminación de los impuestos internos a artículos suntuarios, automóviles, embarcaciones y elementos de comunicación.

La batalla libertaria se encuentra comandada por la exministra Patricia Bullrich en el Senado, mientras que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es el encargado de liderar las conversaciones en su recinto. El presidente Javier Milei los mira con atención.