Cómo busca Bahía Blanca fortalecer la protección animal
El Concejo Deliberante trabaja en una normativa que reunirá y actualizará las disposiciones vigentes, incorporará sanciones municipales y creará un registro de guardadores para alojar animales rescatados de situaciones de violencia.
El maltrato animal, su prevención y la necesidad de contar con herramientas concretas para intervenir ante situaciones de violencia ocupan un lugar creciente en la agenda pública de Bahía Blanca.
En ese contexto, el Concejo Deliberante avanza en la elaboración de una ordenanza integral de bienestar animal que busca actualizar la normativa vigente, establecer sanciones administrativas y mejorar los mecanismos de protección y resguardo.
La iniciativa surgió a partir de distintos episodios que provocaron preocupación y movilización de vecinos, entre ellos los casos de la perra Chimenea y el coipo.
Esos hechos impulsaron nuevas instancias de trabajo entre concejales de diferentes espacios políticos, organizaciones proteccionistas, profesionales, vecinos autoconvocados y representantes del Municipio y del ámbito judicial.
“Lo que proponemos puntualmente es que el municipio pueda sancionar el maltrato”, explicó la presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo, al referirse a uno de los principales objetivos de la propuesta.
El proyecto busca avanzar hacia una regulación que no se limite a promover la tenencia responsable o las acciones preventivas, sino que también permita actuar frente a situaciones concretas de violencia, abandono y desprotección.
De la prevención a las sanciones
Bahía Blanca cuenta con disposiciones orientadas al bienestar animal, entre ellas programas de castración y adopción, además de iniciativas de concientización y educación.
Sin embargo, según explicó Caputo, la nueva ordenanza pretende ampliar ese marco mediante un régimen municipal de sanciones específicas frente al maltrato.
Entre las herramientas que se encuentran en análisis figuran multas económicas, clausuras de comercios por un período de hasta 90 días cuando sus titulares hayan cometido hechos de maltrato y restricciones vinculadas con la habilitación de establecimientos.
También se contempla la posibilidad de establecer impedimentos para renovar la licencia de conducir, de acuerdo con las condiciones que finalmente determine la normativa.
La propuesta prevé, además, clasificar las infracciones en leves, graves y muy graves, de manera que las sanciones puedan adecuarse a las características de cada situación. Su aplicación quedaría a cargo de la Justicia de Faltas, dentro de las competencias municipales y de acuerdo con la legislación vigente.
Otro aspecto relevante es el destino de los fondos recaudados por las multas. La intención es que se incorporen a un fondo específico para financiar programas de prevención y acciones relacionadas con el bienestar animal.
El objetivo es que las herramientas previstas no queden limitadas a una declaración de principios, sino que cuenten con recursos y mecanismos que permitan sostenerlas en el tiempo. En ese sentido, Caputo remarcó la importancia de prever partidas presupuestarias para garantizar su aplicación, más allá de los cambios de gestión municipal.
Un hogar transitorio
Uno de los problemas que suelen presentarse cuando se denuncia un caso de maltrato es determinar dónde alojar al animal mientras avanza la intervención judicial.
La falta de lugares disponibles puede dificultar las actuaciones y trasladar una responsabilidad adicional a las organizaciones proteccionistas.
Para responder a esa necesidad, el proyecto contempla la creación de un Registro Municipal de Guardadores, destinado a reunir a vecinos y organizaciones dispuestos a ofrecer alojamiento temporal a animales que deban ser retirados de situaciones de violencia.
La propuesta se trabaja también con representantes del ámbito judicial, entre ellos integrantes del Ministerio Público Fiscal, y apunta a ampliar las alternativas de resguardo disponibles en la ciudad.
La idea es que las personas interesadas puedan inscribirse voluntariamente y recibir animales durante el tiempo que resulte necesario, con acompañamiento municipal para cubrir aspectos como la atención veterinaria y la alimentación. También se analiza la posibilidad de establecer convenios con privados que colaboren con esos recursos.
De esta manera, se busca articular el trabajo de la Justicia, el Estado municipal y la comunidad para que la protección no termine en el momento de retirar al animal de una situación de riesgo, sino que incluya las condiciones necesarias para su recuperación y cuidado.
Protocolos para actuar y prevenir
La elaboración de un protocolo municipal de actuación constituye otro de los ejes de la futura ordenanza. El propósito es establecer procedimientos claros para recibir denuncias, evaluar situaciones de riesgo, determinar qué organismo debe intervenir y realizar el seguimiento de cada caso.
La coordinación entre las distintas áreas municipales, la Justicia de Faltas y el Ministerio Público Fiscal será importante para evitar superposiciones y delimitar las competencias de cada organismo.
El proyecto también contempla acciones de prevención y educación, campañas de concientización, promoción de la guarda responsable y continuidad de políticas vinculadas con la vacunación, la esterilización y el bienestar animal.
Para Caputo, la mayor visibilidad de estos episodios también está relacionada con los cambios en la comunicación y en la percepción social sobre el maltrato. “Yo creo que no es que se haya intensificado, creo que hoy los canales de comunicación lo que hacen es comunicarlo más”, sostuvo.
La circulación de imágenes y denuncias en redes sociales y medios de comunicación contribuyó a que situaciones que antes podían permanecer ocultas lleguen a conocimiento de la comunidad y de las autoridades. A esto se suma una mayor sensibilidad social respecto de los animales, considerados seres sintientes y parte de la vida familiar.
Una norma para sostener en el tiempo
La ordenanza se encuentra en etapa de revisión legislativa y reúne aportes de distintos proyectos presentados por concejales, vecinos e instituciones vinculadas con la protección animal.
Según Caputo, el texto llegó a tener cerca de 100 artículos, por lo que ahora se trabaja en su revisión y síntesis para alcanzar una regulación más clara y aplicable.
La intención es integrar en una única normativa las disposiciones municipales existentes, actualizar aquellas que hayan quedado desfasadas e incorporar nuevas herramientas de prevención, intervención, seguimiento y sanción. Algunos asuntos sobre los que todavía no existe consenso, como la regulación de los criaderos, podrían quedar para una instancia posterior, con el propósito de no demorar el tratamiento del núcleo principal del proyecto.
El compromiso planteado por los distintos espacios políticos es avanzar con su tratamiento antes de fin de año. Como fecha de referencia se mencionó la sesión ordinaria prevista para el 26 de noviembre, aunque también se contempla la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria.
La discusión abre una oportunidad para consolidar una política pública que combine educación, responsabilidad ciudadana, intervención estatal y sanciones ante el maltrato. El desafío será convertir los acuerdos alcanzados en una norma que pueda aplicarse efectivamente, con procedimientos definidos, recursos suficientes y mecanismos de coordinación.
La futura ordenanza busca establecer un marco común para que el bienestar animal no dependa exclusivamente de la respuesta de las organizaciones proteccionistas o de la repercusión pública de cada caso, sino que forme parte de una política sostenida del Estado municipal.