¿Esto salva vidas?
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Si bien sigo lo que acontece en el Poder Legislativo, hay sesiones que me detienen, especialmente cuando se vota “a altas horas” o cuando lo que se vota contiene artículos que involucran a muchos/as. Esto me pasa con la reforma de la Ley de Salud Mental.
En la madrugada del viernes 30 de octubre, después de más de once horas de debate, el Senado aprueba la reforma con 42 votos a favor y 21 en contra y la gira a Diputados, que tiene ahora la última palabra.
Durante la sesión, los senadores modifican el proyecto que envió el Gobierno, y la versión aprobada mantiene la prohibición de crear manicomios y les devuelve a los psicólogos su participación en el alta. Sin embargo, conserva el punto central del proyecto oficial y es que ante una emergencia, la internación involuntaria de una persona queda en manos de un solo médico, y el equipo interdisciplinario tiene 48 horas para revalidarla. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, defiende la reforma con una frase: “Esto salva vidas”.
Entonces desde la Psicología Política me pregunto: ¿la libertad termina en la puerta del psiquiátrico?
Lo pregunto porque este gobierno hace de la libertad individual su bandera y la invoca para el mercado, para los contratos y para cada decisión económica, y, sin embargo, cuando una persona atraviesa una crisis psíquica, esa libertad queda en manos de otro y con menos controles que antes.
Erving Goffman, sociólogo canadiense, trabajó durante un año en un hospital psiquiátrico de Washington para observar la vida de los internos, luego publicó “Internados”. Allí describe lo que sucede cuando alguien cruza la puerta de lo que él llama una institución total, porque la persona deja su ropa, sus horarios y sus roles, y la institución decide por ella desde que se levanta hasta que se acuesta. Goffman llama a ese proceso la mortificación del yo, y el nombre alcanza para entender lo que está en riesgo cuando una internación se decide con tanta facilidad.
Hay situaciones en las que una internación involuntaria protege una vida, y la Ley 26.657 de 2010 ya la permitía ante un riesgo cierto e inminente. Por eso la discusión pasa por quién decide esa internación y con qué controles, y también por cómo se define el riesgo, porque la reforma amplía esa definición y, con ella, la posibilidad de mirar a quien sufre como alguien peligroso.
Entonces desde la Psicología Política surge otra pregunta: ¿En qué momento alguien se convierte en peligroso?
Según el texto aprobado, para evaluar el riesgo cuentan también los antecedentes de la persona, su evolución previsible y las consecuencias de no intervenir. Es decir que a alguien se lo considera peligroso por lo que le pasa hoy y también por lo que tal vez haga mañana.
Goffman explicaba que cuando una persona ingresa a un hospital psiquiátrico, los profesionales y la familia reescriben su vida, eligen del pasado los episodios que confirman que está enferma y los usan para justificar la internación, hasta que esa vida se reduce a lo que dice la historia clínica. Llama “estigma” a esa marca, y después de una internación los demás ven solo esa etiqueta y pierden de vista a la persona.
La historia nos recuerda que siempre el miedo gobierna con eficacia y cuando el sufrimiento se presenta como amenaza, se acepta con más facilidad que otros decidan en nombre del padeciente. El diagnóstico, que siempre es también un acto político, se transforma en un destino. Ante el miedo y el peligro parte de la sociedad pide respuestas rápidas, y la respuesta más rápida llega en forma de cama y de fármaco.
Entonces me pregunto: ¿La salud mental cabe en una receta?
Goffman compara el modelo médico aplicado a la internación con la lógica de un taller de reparaciones, donde alguien trae un objeto roto y el técnico lo diagnostica y lo arregla. El problema es que una persona llega a la consulta con su historia, sus vínculos y sus condiciones de vida, y en Argentina esas condiciones pesan, porque el sueldo que se termina a mitad de mes, el trabajo que se pierde y la deuda que crece también producen sufrimiento. Una pastilla calma la angustia, pero al otro día la boleta de la luz sigue sobre la mesa, y medicar sin mirar esas causas es psicologizar las consecuencias del ajuste.
Cuando el sufrimiento está atravesado por múltiples causas, comprenderlo exige varias miradas, y para eso existe el equipo interdisciplinario. La reforma lo mantiene, con un psiquiatra obligatorio junto a psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas ocupacionales, pero le da más peso a la evaluación médica. Y ese médico que decide en la urgencia es el que esté disponible, aunque no sea psiquiatra. Así esa mirada se impone sobre las demás, y con ella, la receta.
Maritza Montero, referente de la psicología comunitaria en América Latina, propone otra intervención, el “fortalecimiento”, que aplicado a la salud mental supone que la persona participe en las decisiones sobre su tratamiento y cuente con el sostén de su entorno. Esta nueva ley hace lo contrario, ya que en la crisis le quita esa participación al que padece.
Esta alternativa ya existe en Argentina. La Ley de Salud Mental de 2010 prevé hospitales de día, casas de convivencia y tratamientos ambulatorios, y el texto que aprobó el Senado los mantiene. El problema es el dinero, porque sin presupuesto esos dispositivos quedan en el papel. Así la salud mental se reduce a una receta por falta de fondos, más que por una decisión clínica.
La reforma está ahora en Diputados. Y lo que allí se decida va a tener consecuencias sobre personas concretas, sobre sus familias y sobre el modo en que nuestra sociedad entiende la salud mental.
Por eso les pido a los/as diputados/as que no reduzcan esta discusión a las condiciones para internar, porque también tienen que discutir las condiciones en las que vivimos. Y a ustedes les propongo algo y es que cada vez que alguien hable de una persona peligrosa, antes de pensar en el encierro, preguntemos qué le pasa. Esa pregunta también salva vidas.