Cómo Bahía Blanca busca mejorar la comunicación en momentos de crisis
Mediante ordenanza, en el CD plantean un plan para no quedar sin comunicaciones en caso de una nueva catástrofe. Se tiene previsto conformar un Consejo Asesor.
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Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.
El Concejo Deliberante aprobó una propuesta del Departamento Ejecutivo para implementar el llamado “Plan de resiliencia en telecomunicaciones”, mediante el cual se garantice el funcionamiento “continuo y autónomo” de los servicios de telefonía fija, móvil e internet en caso de registrarse catástrofes naturales, climáticas u otras situaciones extraordinarias.
La resolución se relaciona con la situación vivida en la ciudad el pasado 7 de marzo, con la inundación generada por las intensas lluvias, como también lo ocurrido en el temporal de diciembre de 2023.
En ambos casos la ciudad quedó completamente incomunicada, lo cual dificultó, por un lado, las tareas de emergencia destinadas a brindar ayuda, la coordinación de los distintos grupos de trabajo, como también afectó a miles de vecinos que intentaban en vano contactarse con sus familiares, tener una idea de lo que estaba ocurriendo o cómo manejarse ante semejante situación.
Esta circunstancia de quedar incomunicados es habitual verla reflejada en series o películas de catástrofe, donde curiosamente empieza a recurrirse a todo “lo viejo”, aquello que no está atado al uso de antenas, router u otro tipo de sistema digital o analógico.
La ordenanza sancionada pone a consideración de varios ejes, por caso disponer de una infraestructura con capacidad para adaptarse y recuperarse de situaciones adversas, contar con innovación tecnológica, tener una planificación ante emergencias con monitoreo y reporte, todo esto bajo principios de redundancia, innovación, colaboración público–privada y transparencia.
Los pasos
Para llevar adelante este objetivo se creará un Consejo Asesor, el cual estará integrado por las prestadoras de servicios, universidades, funcionarios del Departamento Ejecutivo y Deliberativo, expertos y todos quienes puedan aportar sus conocimientos.
La ordenanza será de aplicación obligatoria para todas las empresas de telecomunicaciones, las que deberán presentar un plan de continuidad operativa que indique cuales serán los procedimientos ante cortes de servicios, cuales los mecanismos de comunicación con Defensa Civil y que protocolos tendrán de recuperación y mantenimiento.
Las prestadoras deberán garantizar que, como mínimo, el 80% de sus estaciones base y nodos críticos cuenten con fuentes de energía de respaldo (grupos electrógenos, paneles solares o baterías) con una autonomía mínima de 72 horas y sistemas de conectividad como enlaces satelitales o de microondas capaces de funcionar independientemente del tendido principal. También deberán instrumentar protocolos de activación automática y priorización de tráfico para garantizar comunicaciones de emergencia.
Sistema de alerta
Una segunda propuesta es crear un Sistema de Alertas y Comunicación Pública, coordinado por el Departamento Ejecutivo, Defensa Civil y los prestadores, destinado a emitir alertas tempranas, informar sobre interrupciones del servicio y zonas críticas a partir de una eficiente difusión por los canales y redes sociales.
A su vez se buscarán establecer Centros de Comunicación de Emergencia equipados con tecnología autónoma de comunicación satelital, alimentación energética independiente y acceso a telefonía e internet durante emergencias.
Las empresas prestadoras serán parte del plan de contingencia junto con Defensa Civil y el Comité Operativo de Emergencia (COE), participando en simulacros y ejercicios de prueba.
La autoridad de aplicación será la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, la que tiene dentro de su jurisdicción a la Subsecretaría de Prevención, Enlace y Comunicación y al Centro Único de Monitoreo.
Tendrá a cargo además un registro de incidentes que indique frecuencia y duración de las interrupciones, cantidad de usuarios afectados y tiempo de recuperación del servicio.
El incumplimiento de lo dispuesto será sancionado con multas que serán proporcionales a la facturación de la empresa infractora, con la eventual suspensión de licencias o autorizaciones municipales y la publicación de los incumplimientos en los medios oficiales.
Finalmente se buscará incentivar a las empresas para que incorporen tecnologías sustentables y energías limpias, a partir de acceder a incentivos fiscales u otros beneficios.
La presente normativa entrará en vigencia en 90 días y las empresas tendrán un plazo de doce meses para adecuarse a sus requisitos.
El objetivo final de todos estos emprendimiento es disponer de una herramienta adecuada para enfrentar situaciones de riesgo que en particular han sido inéditas y recurrentes en la ciudad –temporal, granizada, inundación—y que, atento a las cuestiones de cambio climático que atraviesa el planeta, son difíciles de predecir o anticipar en el tiempo y cuando ocurren exigen una respuesta inmediata.