Buscan que Suris no vaya a la cárcel: llegarán a Casación​​​​​

Redacción de La Nueva.

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Audionota: Danilo Belloni

A casi 3 meses de su nueva detención en la provincia de Santa Fe, luego de ser condenado en Bahía por vender drogas y conformar una asociación ilícita fiscal, Juan Ignacio Suris lucha por todas las vías para recuperar la libertad o, al menos, purgar la pena bajo prisión domiciliaria.

Desde el 23 de noviembre pasado Suris está detenido -con la orden judicial de ir a una cárcel federal en cuanto se libere un cupo- en la sede departamental de la Policía Federal Argentina en la ciudad capital de Santa Fe.

Su captura se produjo a poco de conocerse la unificación de penas en su contra -a 8 años de prisión-, de parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de nuestro medio, aunque la medida de detención se registró porque una de las dos condenas -a 6 años de prisión por el delito de narcotráfico- adquirió firmeza al no ser recurrida.

Defensa compartida

La defensa del imputado -primero encabezada por el abogado capitalino Martín Adrián Rois y luego por los bahienses Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Ságer- solicitó que su prisión sea morigerada y que la cumpla en la vivienda familiar que hasta ese momento ocupaba en la localidad santafesina de Esperanza, donde tienen domicilio su mujer y sus dos hijos.

Explicó que si las dos causas seguidas a Suris se hubieran llevado a cabo en un solo juicio hoy estaría gozando de libertad, puesto que -a diferencia de la condena por la comercialización de drogas- la unificación de la pena (a 8 años de cárcel) todavía no está firme.

Los defensores también reclamaron por el "principio de igualdad" con respecto a los otros procesados, quienes recibieron penas similares a las de Suris pero algunos de ellos están gozando de la detención domiciliaria. 

Y también afirmaron que la causa que originó la detención es de 2012 y que desde que acontecieron los hechos Suris "ya no sería la misma persona que aquella que ha cometido el delito, pues se encontraría trabajando y reinsertado en la sociedad, mantendría vínculos familiares estrechos y se haría cargo de la manutención de sus hijos".

La negativa

Sin embargo, la acusación, encabezada por el fiscal de juicio Gabriel González Da Silva, se negó al planteo de la defensa al afirmar que no resultaría aplicable dentro del marco de la ley y desestimó los argumentos en torno a una posible ausencia del peligro de fuga.

El tribunal, a través del doctor Sebastián Foglia, que oficia como juez de ejecución penal, coincidió con el fiscal en cuanto a que la situación de Juan Ignacio Suris "no encuadra en ninguno de los supuestos normativos".

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Explicó que no se trata el condenado de una persona con discapacidad, ni de un enfermo en periodo terminal o con patología que no pueda ser tratada en la unidad carcelaria, ni tampoco es un hombre mayor a 70 años.

Por otra parte, este no es el caso -que habilita la ley para arresto en domicilio- "de la madre de un niño menor a 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo", ya que sus hijos, hoy de 19 y 24 años, no están en una situación de vulnerabilidad que requieran especial atención.

A la carga

Rechazada la posibilidad, hace apenas algunos días la defensa volvió a la carga y pidió recurrir ante el Tribunal Federal de Casación Penal, para que tome intervención en esta cuestión.

Consideró que la decisión del magistrado bahiense, de mantener a Suris entre rejas, "no se encuentra fundada y adolece de arbitrariedad".

También dijo que no se dio cumplimiento a la cláusula del acuerdo de juicio abreviado, que establecía que no se daría su detención hasta tanto no quedase firme la pena única y su cómputo.

Los abogados pidieron, en este sentido, que se declare la nulidad del pronunciamiento del TOCF local y se ordene el arresto domiciliario de Suris.

El tribunal bahiense, en consecuencia, concedió el recurso de apelación y las actuaciones fueron giradas al Tribunal Federal de Casación Penal, para que ese cuerpo judicial superior defina la situación del condenado.

Cuánto tiempo le queda a cumplir

Condicional. Suris recién podría recuperar la libertad condicional,- en caso de cumplir con los reglamentos carcelarios- a los dos tercios de cumplida la sanción, esto sería dentro de 23 meses (casi dos años).

Ley Petri. En su caso no se aplica la denominada "Ley Petri", que se dictó en 2017 y prohibe las salidas anticipadas o libertad condicional para delitos graves, como el narcotráfico, ya que sus causas se iniciaron antes.

Drogas. Además de Suris, por la causa de narcotráfico fueron condenados Fernando Alexis Bond Stork, Yolanda Jiménez (ambos recibieron 6 años de prisión), Guillermo Suris -hermano de Juan-, Aníbal Arce (ambos 4 años de cárcel), Gustavo Sequeira (3 años y 3 meses), Tamara Jiménez y Sandro Miranda (ambos 3 años en suspenso).

Facturas. Por la asociación ilícita fiscal también fueron condenados Nicolás Ibarra Gutiérrez, Eduardo Suris -padre de Juan- (ambos a 3 años de prisión en suspenso), mientras que Domingo Goenaga y Juan Pipkin recibieron probation (donación de dinero a entidades de bien público).