Justicia y “costos”: el insólito caso de la máquina de coser

Redacción de La Nueva.

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Más de 10 años de proceso judicial, allanamiento, despliegue de fuerzas policiales, citación de testigos y hasta la realización de un juicio oral demandó, insólitamente, la disputa entre dos costureras por una máquina de coser.

El caso, como otros varios, volvió a poner en el tapete la discusión sobre la necesidad de reforzar las vías alternativas de soluciones de conflictos para no recargar al ya congestionado fuero penal, que debe darle prioridad a los casos más graves.

Y después de tanto tiempo, para colmo, una de las protagonistas, que había sido condenada en primera instancia por defraudación, a la pena de un mes de prisión en suspenso (no iba a ir presa salvo que incumpliera reglas de conducta) ahora, en segunda instancia, es absuelta.

Es que la Cámara Penal no vio pruebas suficientes para determinar la existencia de un delito.

Toda esta historia se originó a fines de mayo de 2010, cuando M.F.A., una de las costureras, se negó a restituirle una máquina corta collareta, marca Osaka, modelo SF-801 A, a la supuesta dueña, su colega N.G.B, quien se la había entregado en noviembre de 2009, en presunta comisión para la venta.

La situación llegó al punto que la justicia de Garantías ordenó un allanamiento en la casa de la primera, en la zona del macrocentro bahiense, para recuperar el bien.

Al analizar el caso hace algunos días, el camarista Gustavo Barbieri, con la adhesión de su colega Pablo Soumoulou, no dejó pasar la oportunidad para remarcar el "dispendio" de recursos afectados a esta causa.

La Sala I de la Cámara llegó a intervenir luego de la apelación que formuló el defensor particular de la costurera acusada, Luis Fretes Seinhart, contra la condena en suspenso que había dictado la jueza Susana González La Riva.

El letrado discutió la valoración de la prueba que hizo la jueza, dijo que no había elementos para determinar que su asistida se hubiera negado a reintegrar la máquina y que solo había declaraciones ambiguas, sin testimonios válidos.

También dijo que la costurera que representaba no tuvo voluntad "retensiva", desde el momento que entregó voluntariamente la máquina durante el allanamiento, que no constaba que hubiera recibido una carta documento previa y que ella misma se encargó de reparar la máquina para dejarla en condiciones.

"Se presenta una duda"

Para los camaristas de segunda instancia "se presenta una duda".

Esa situación, "fundada en la razonabilidad de la hipótesis de descargo y su correspondencia con la prueba reunida -y ante la ausencia de otras que respalden la acusación- impiden alcanzar el grado de convicción necesario para desvirtuar la presunción de inocencia", ampliaron.

Lo que figura en la causa, de manera concreta, son los dichos de la denunciante y la imputada, sin prueba que "avale concluyentemente" ninguna de las versiones, "en especial aquella en la que se pretende fundar la condena".

La supuesta víctima dijo que conocía a su colega, que eran amigas y que como la otra costurera tenía mucho trabajo, le prestó varias máquinas de coser porque ella se iba de vacaciones.

Dijo que al regresar la acusada le advirtió que se había tomado mucho tiempo, por lo que le iba a cobrar el alquiler del depósito.

La denunciante se enojó y se presentó en la vivienda de la otra mujer para retirar las máquinas, llevándose todas a excepción de la que motivó la causa.

La imputada, por su lado, dijo que su amiga le había dejado los equipos, pero para la venta, y que ella les hizo un service porque si no se usan se deterioran.

Agregó que había acordado con la dueña que le iba a realizar el acondicionamiento y que ésta se lo iba a pagar, aportando los recibos de las intervenciones técnicas, pero que cuando fue a retirar las máquinas no le quiso abonar los arreglos y entonces se quedó con una de ellas como parte de pago.

"Las dos versiones ofrecen visiones disimiles y contrapuestas", concluyó la Cámara, para agregar que los testigos citados (incluso el fletero) tampoco esclarecieron  la acusación.

"Se presentan dos hipótesis razonables contrapuestas de las que se carece de mayor evidencia de respaldo, siendo que, en particular, no obran pruebas determinantes sobre el carácter del negocio jurídico celebrado por las partes, ni sobre las obligaciones que se habrían asumido", sentenciaron los camaristas, antes de revocar el fallo y absolver a M.F.A.

Por último, no dejaron pasar la oportunidad de cuestionar el camino elegido para resolver el caso.

"Tal vez en otra sede y/o con otros medios de prueba debiera haberse resuelto este conflicto, que pareciera tener 'más de económico y/ personal' que de materia penal (pudiendo inclusive haberse utilizado algún otro medio de solución aquí, con el fin de evitar el dispendio que todo este proceso ha conllevado: allanamiento, despligue de fuerzas de seguridad, juicio oral y público, apelación, entre otros)", advirtió el doctor Barbieri.

"Algo está fallando"

Caniche. Hace 2 años, la Justicia de Bahía también absolvió a una mujer que estaba acusada de una estafa con un caniche toy en Coronel Pringles.

Demanda. La causa demandó mucho tiempo (unos 3 años) y un importante gasto de recursos, que incluyó 3 cuerpos de instrucción de la causa, un análisis de ADN, la imputación, la elevación a juicio y hasta el debate oral.

Observación. El mismo camarista penal, Gustavo Barbieri, remarcó en ese entonces que "algo está fallando" y que debían implementarse mecanismos alternativos para resolver estos casos.

Hecho. En ese caso la discusión se había originado en mayo de 2015, cuando una mujer olvidó el portón abierto de su casa y sus dos caniches se escaparon. Tiempo después, la víctima identificó a uno de ellos en poder de otra mujer, pero nunca se lo quiso devolver, porque decía que no era verdad.

Delito. A partir de la prueba reunida y los dichos de las protagonistas, la Cámara volvió a entender que no había delito configurado.