Abordaje del delito: de qué trata el proyecto que elevaron desde Bahía a la Corte

Redacción de La Nueva.

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   Durante el reciente encuentro de la Justicia Federal en la turbulenta Rosario, y con el narcotráfico como tema excluyente de agenda, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti instó a un abordaje multifacético en la lucha contra el crimen, para tener éxito en el mediano y largo plazo. 

   En esa línea, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca presentó un proyecto ante el máximo tribunal nacional, para crear la Oficina Interdisciplinaria. 

   ¿Qué se busca? que la respuesta no sea solo desde la sanción de delitos sino como un todo y atacando múltiples causas en distintas fases: institucionalización del territorio, seguridad, desarticulación económica del ilícito y luego la eventual condena.

   Desde la Cámara Federal se explicó que observan en las distintas investigaciones la "retroalimentación" que existe entre la vulnerabilidad y el crimen organizado, lo que hace inadecuado pretender dar una respuesta solo desde la sanción de delitos.

   "Aunque se juzgue y se condene a una o varias personas, está claro que no se erradica ni combate eficazmente el problema", se aclaró.

   También señalaron que la existencia de políticas públicas "incompletas o desarticuladas" forjan un escenario propenso al fracaso en la restitución de derechos vulnerados, en la medida que no exista "un plan estratégico que aborde la problemática en su totalidad", con ajuste a nuestro espacio territorial local/zonal.

   El rol del Poder Judicial puede servir como "detector primario" de situaciones de criminalidad y de personas vulnerables que subyacen al delito.

   "Se requiere de una intervención especializada y continua", explicaron. Y para ese fin consideran necesaria la creación de este ente.

   Con esta oficina se proponen trabajar en el "abordaje social" del delito, en articulación con otros organismos del Estado y de manera transversal.

   Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en los últimos años creció el número de mujeres detenidas por venta de drogas y narcotráfico (hoy es el delito predominante en ese género) y que muchas dejan desamparados a niños y adolescentes que lamentablemente siguen por el mismo camino

   La oficina se piensa para ese tipo de casos y también para auxiliar a víctimas (adictos y dependientes) y, de ser necesario, dar una intervención estatal aún después de un fallo judicial. 

   Además de los profesionales del Derecho, se busca integrarlo con médicos, psicólogos, asistentes sociales y otros actores oficiales y no gubernamentales que puedan dar auxilio y conozcan cada punto conflictivo por su acción de proximidad.

   "Tenemos que aplicar la ley, pero siendo conscientes que el delito organizado utiliza sectores de mayor vulnerabilidad. Donde el Estado no está presente, el crimen organizado gana terreno", se remarcó en el proyecto.

"Es como ver el futuro"

   Tras el desembarco en Santa Fe del pleno de la Corte Suprema de Justicia y de magistrados federales de todo el país -entre ellos un juez de primera instancia y tres camaristas bahienses-, la lucha contra el narcotráfico volvió a tomar protagonismo en la agenda nacional, con un escenario paradigmático como Rosario. 

Fuerte respaldo a jueces santafesinos dio la Corte, a pleno durante el encuentro en Rosario.

   El juez federal N° 1, Walter López Da Silva y los doctores Roberto Daniel Amábile, Pablo Candisano Mera y Pablo Larriera, de la Cámara Federal de Apelaciones local, fueron los representantes locales.

   El encuentro sirvió como fuerte respaldo del máximo tribunal a los representantes judiciales santafesinos, en medio de una batalla que hoy parece desigual contra el crimen organizado.

   "Rosario es como ver el futuro. Tenemos la misión de evitar llegar a ese extremo", declaró Candisano Mera, a modo de reflexión.

Narcotráfico: "Las 3 C" como meta de trabajo coordinado

   Para tomar conciencia de la situación, graficó que en algunos sectores periféricos de esa ciudad las bandas organizadas ya toman tierras, dan "trabajo" y amenazan a quienes no se suman.

   "Es el Estado de Derecho o la ley del más fuerte, que reemplaza al Estado. En ciertos lugares de Rosario es así, lo que se denomina 'El Estado fallido'", amplió.

   La principal ciudad santafesina triplica o cuadriplica la tasa de homicidios de todo el país, al menos en la última década.

   Los fiscales provinciales deben movilizarse con chalecos antibala y a partir de los ataques armados a distintos organismos y comercios (a modo de presión o extorsión), llegaron al punto de crear unidades de investigación "especializadas en balaceras".

Candisano Mera y Larriera, dos de los camaristas de Bahía que concurrieron a Rosario.

   Larriera, otro de los concurrentes, destacó que, más allá del preocupante panorama, es positivo que al menos en la rama judicial "no hay división de banderas" cuando existe un tema de agenda real y concreto como este.

   Y remarcó que la evolución del "fenómeno Rosario" en los últimos 15 años, según ejemplificó su colega santesino Aníbal Pineda, obedeció a un mal enfoque del socialismo -y que no corrigió ninguna otra fuerza política- en la delegación del abordaje a las fuerzas de seguridad. 

   Candisano Mera también admitió que, en línea con Rosario, hay severas complicaciones en el norte fronterizo (límites con Bolivia, Paraguay y Brasil), donde cada vez hablan con más naturalidad de sicarios.

   El mismo magistrado consideró vital recuperar la "inteligencia criminal", tarea que en los últimos tiempos quedó con una imagen bastardeada porque solo se empleó con fines políticos.

   Larriera también consideró necesaria una mejor legislación en materia de recupero de bienes decomisados al narcotráfico, con el fin de que efectivamente se empleen para las fuerzas de seguridad actuantes y las entidades comunitarias que luchan contra el flagelo y evitar así que vuelvan a manos criminales, a través de testaferros.

Nueva reunión interfueros

Encuentro. Para antes de la feria judicial de mitad de año buscan organizar un nuevo encuentro de la mesa interinstitucional, entre los poderes judiciales provincial y federal.

Coordinación. La idea es profundizar los convenios firmados para trabajar de manera coordinada, teniendo en cuenta que la justicia bonaerense actúa en narcomenudeo y el fuero federal, contra organizaciones más complejas, pero que muchas veces tienen el mismo hilo conductor.

Positivo. "Tanto la Justicia bahiense, como la sociedad en general, tienen una tradición bastante positiva en este aspecto de compromiso", dijo Larriera, al comparar con otras ciudades que presentan una posición más disgregada.