Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

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Distintas miradas sobre la hoja de ruta económica

La columna de nuestro corresponsal en la capital de la provincia.

   El “crecimiento de la economía” no es suficiente si no viene acompañado de un fuerte perfil social. Esa referencia de impacto positivo que se propone dar desde el Gobierno nacional no termina de conectar con la coyuntura bonaerense frente a la feroz inflación que sigue devorando los salarios, jubilaciones y asignaciones familiares. 

   Sin ir más lejos, el propio gobernador Axel Kicillof asegura que en la provincia de Buenos Aires el “modelo económico es crecer distribuyendo” y que eso puede advertirse en algunos anuncios de gestión, como la puesta en marcha del plan que busca garantizar la seguridad alimentaria en los sectores de mayor vulnerabilidad social.  

   También con la presentación del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) según la óptica gubernamental de calle 6. La inversión en materia de infraestructura permite apuntalar la reactivación económica y el salario, además de mejorar las condiciones de vida del ciudadano común. A ese combo le suman el aumento de sueldos para estatales, más un bono y aumentos en jubilaciones y pensiones. 

   Es que, a partir de la aceleración imprevista de la inflación y su impacto en el poder adquisitivo, a Kicillof no le quedó otra que sacarle el candado a la caja de tesorería para ofrecerle al sindicalismo estatal un incremento adicional del 10% en mayo y un nuevo aumento en diciembre para asegurar un piso de mejora salarial interanual en torno al 60%. 

   Además, para obras de infraestructura, el equipo económico provincial consiguió días atrás financiamiento del mercado local con vencimiento en 2024 por  $ 16.413 millones.  

   El acompañamiento de los inversores logrado, más que duplicó el monto de $ 7.500 millones ofrecido originalmente, con ofertas totales por $ 18.177 millones. 

   El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, destacó la respuesta de los inversores a la estrategia propuesta desde la administración bonaerense. 

   “Con esta colocación conseguimos extender el plazo del financiamiento en pesos. Para hacer frente al Plan 6X6 para la transformación de la Provincia es necesario avanzar con nuestro programa de financiamiento responsable, en moneda local, el cual permitirá la planificación de obras y políticas que aseguren la transformación profunda que buscamos”, subrayó. 

   De ese modo, el gobernador logra incrementar el plazo del financiamiento en moneda local, al sumar un instrumento que extiende el tradicional programa de letras del tesoro provincial para poder agilizar obras públicas, como reclamaba la “Liga de Intendentes”. 

   Esa suerte de presión de los municipios quedó al descubierto con la firma de los convenios para el reparto del FIM, que dispondrá de una inversión de $ 17 mil millones y ya cuenta con 119 proyectos aprobados por más de $ 10 mil millones. 

  El FIM otorga fondos de manera equitativa entre los 135 municipios para que se lleven adelante las obras que fueron definidas como prioritarias en cada distrito. Entre los proyectos que ya fueron presentados, se encuentran obras de arquitectura, agua y cloacas, energía y vialidad. 

   Frente a este contexto, las pulseadas domesticas siguen tiñendo la agenda política, donde referentes del oficialismo y de la oposición mantienen disputas por futuras candidaturas entre los distintos sectores internos.  

   El clima de fricción interna en las dos coaliciones políticas mayoritarias está en un estado de sensibilidad máxima. Y eso, como es lógico, se traduce en ámbitos legislativos ante la necesidad de encontrar un equilibrio de poder interno. 

   Por eso en paralelo, pero con cierta similitud a la crisis política por goteo entre los Fernández, ya sean “albertistas” o “cristinistas” donde el tigrense Sergio Massa juega el rol de componedor central, en la Provincia es el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, quién interviene como mediador entre La Cámpora y los intendentes del PJ bonaerense (incluidos los opositores de JxC), quienes no dejan de manifestar su beneplácito por tener un diálogo de “gestión política” con el Ejecutivo que antes no tenían.  

   Justamente, las tensiones internas tanto en el oficialismo del Frente de Todos como en la oposición de Juntos por el Cambio, vienen provocando una suerte de parálisis legislativa y con pronóstico reservado. 

   De manera subterránea trasciende que los bloques mayoritarios del oficialismo y la oposición exploraron un acuerdo para avanzar en una sesión doble (reactivar los recintos de Diputados y Senadores) con un paquete de proyectos de peso: los cargos en los organismos de control que le corresponden a la oposición, la adhesión de la provincia de Buenos Aires al Consenso Fiscal con el Gobierno nacional  y la reforma jubilatoria del BAPRO. 

   En medio de especulaciones e idas y vueltas y alguna sesión para la estadística, queda una convicción: desde todos los campamentos parlamentarios salieron a responsabilizar a la dirigencia nacional del PRO por “dinamitar” los entendimientos en la Provincia, postura que, podría provocar algún portazo dentro de la alianza opositora. 

   Otro funcionario, en este caso nacional, que viene asomando para 2023, es el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (esta semana caminó la Sexta para estar presente en Bahía Blanca, pasando por Tornquist, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Guaminí) quien inauguró y supervisó el avance de obras del “Plan Argentina Hace” que se realizan con inversión de la Casa Rosada. 

   Dicho programa está a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que tiene como subadministrador a Néstor Álvarez, funcionario de la Sexta, igual que Gustavo Trankels, actual director de Vialidad nacional del distrito 19 y el gerente ejecutivo, Jorge Ruesga.