Diciembre de 2001: crónica de una crisis agónica

Ricardo de Titto

   Durante el último año, la fuga de capitales había sido notable. Según destaca Marcelo Bonelli, “en los últimos doce meses del gobierno de Fernando de la Rúa, los inversores internacionales sacaron el dinero del país a bajo costo para trasladarles el peso de la crisis a los ahorristas locales.

   Según el informe de la Cámara de Diputados que se mantiene en secreto “Hechos Ilícitos Vinculados al Lavado de Dinero”, la salida de dinero al exterior durante el último año de la convertibilidad ascendió a 16.026 millones de dólares. Un año antes, entre 2000 y 2001, la fuga había sido de 22.959 millones.1 

La fuga de capitales

   Esta actitud de empresas y particulares, de retirar del país sus depósitos y capitales cuando aún estaba en vigencia el cambio de “un peso igual a un dólar” fue la principal manifestación de desconfianza en el sistema. Los cálculos realizados por la propia Cámara de Diputados permiten precisar los alcances de la maniobra. 

   Según el mismo autor, “en los ocho meses que transcurrieron hasta el fin de agosto de 2001, el BCRA perdió 11.244 millones de dólares de sus reservas que, cuando terminó ese mes, eran de solo 14.379 millones de dólares. Con la aprobación el 21 de agosto del préstamo del FMI y su giro en los primeros días de septiembre, aumentarían hasta ubicarse en los 20.227 millones de dólares.2 Una diferencia de 5.848 millones que se había conseguido gracias al préstamo del Fondo. Entre septiembre y diciembre, ese dinero volvería a desaparecer”. 

   En conclusión, “En tan solo cuatro meses, la fuga de capitales llevó las reservas líquidas otra vez a los 14.546 millones de dólares en diciembre. El préstamo del FMI solo había servido para sacar el dinero de los sectores privilegiados de la Argentina. El Blindaje fue de unos 13.700 millones de dólares. Sumándole el préstamo de agosto de otros 8.000 millones de dólares, da un total de 21.700 millones; casi la misma cifra que escapó de la economía argentina en los últimos dos años de convertibilidad”.

Crisis, corralito, saqueos y Estado de Sitio

   La complicidad entre el sistema financiero, las empresas y el gobierno de De la Rúa-Cavallo es inocultable. Durante un año de convertibilidad el sistema financiero -consciente de que al “uno a uno” le quedaba poca vida y de que la renuncia del “Chacho Álvarez del año anterior había deteriorado notablemente al gobierno- fue cómplice abierto de la salida de capitales locales. Según investigaciones oficiales, más de un 90% de los fondos girados al exterior lo hicieron por vía de la banca y más de la mitad de esas operaciones se concretaron por vía de la banca extranjera. 

   Una medida del Banco Central acompañó y favoreció este proceso al establecer que el 86 por ciento de las transferencias al exterior se realizaran sin obligación de declarar su motivo. 

   Además, la recesión era grave –llevaba ya más de dos años–, el desempleo abierto había crecido a niveles nunca vistos superando el 20 por ciento, y el descrédito del gobierno era total. 

   El número de pobres ya sumaba doce millones -uno de cada tres habitantes–, lo cual significaba un dramático incremento de 2,2 millones más de pobres que en 1999. 

   Además, el 10 por ciento de la población –casi 3,7 millones de personas– había sido arrastrada a niveles de indigencia. La crisis política provoca decenas de pronunciamientos que alertan sobre un futuro catastrófico, que el ministro Cavallo y el presidente Fernando De la Rúa, cada vez más solos, desmienten con énfasis. Un documento de la Iglesia alerta enfáticamente que “la Nación se torna ingobernable”, y afirma que los políticos deben “renunciar a los privilegios y compartir los sacrificios del pueblo. [...] La injusta deuda social que pesa sobre nuestro pueblo –advierten– pone en peligro [...] la paz de la patria”. 

   En ese clima social, agravado por el fuerte calor que sacudió al país durante diciembre mientras miles de personas hacían cola de horas en los bancos para tratar de retirar algo de sus depósitos ya que los cajeros estaban vacíos y la disposición de Cavallo impedía los retiros por caja, el 14 de diciembre, al día siguiente de un importante paro general y en medio de un feriado bancario dispuesto por el gobierno, en Rosario y Mendoza se producen los primeros saqueos de supermercados. 

   El miércoles 19 de diciembre, finalmente, la violencia social contenida explota furiosamente. El saldo de las refriegas, en todo el país, según las cifras oficiales, es de seis muertos y más de 108 heridos, y 328 personas resultan detenidas. 

   De la Rúa decreta el estado de sitio por treinta días y comunica la medida por televisión: “El estado de sitio se decidió para asegurar la ley y el orden y terminar con los incidentes de las últimas horas [acusó a] grupos enemigos del orden y la República. [...] Hay que distinguir a los necesitados de los violentos que se aprovechan de sus penurias”.

El gran cacerolazo

  La respuesta popular fue inmediata. En particular, en la ciudad de Buenos Aires y su cinturón suburbano miles de personas se autoconvocaron, cacerolas en mano, y desde los diferentes barrios porteños comenzaron a caminar hacia el centro de la ciudad. El departamento del ministro Cavallo fue rodeado por una multitud que, agitando banderas argentinas y golpeando ollas, tapas de aluminio, tambores y bombos, exigía su renuncia, que finalmente se anuncia, bien entrada la noche. 

   Miles y miles de manifestantes, en su mayoría provenientes de barrios de clase media, llegan a la Plaza de los dos Congresos, la Plaza de la República y la Plaza de Mayo. La ciudad estaba en manos de la población insubordinada y la policía, desbordada y sin órdenes precisas, no atinaba a contener a los manifestantes.

   El día 20 amanece con un país en tensión extrema. Por un lado, cacerolazos, por otro, grupos de piqueteros manifestando; muchos barrios aparecen con sus calles completamente desiertas. La jornada que concluye con la renuncia del presidente arrojó un saldo total de más de veinte personas muertas y miles de heridos en enfrentamientos con la policía entre piedras, gases y balas, mientras se saqueaban supermercados y comercios defendidos por sus dueños y hora tras hora aumentan los destrozos de negocios, oficinas públicas y, en particular, de bancos y cajeros automáticos, convertidos en foco de la indignación popular y de la acción de los activistas políticos.

El helicóptero

   Para concluir esta primera nota apuntemos que, según datos aportados por la Policía Federal y el Ministerio del Interior, entre el 13 y el 20 de diciembre se detuvo a 3787 personas, se registraron 553 civiles y 172 policías heridos, y 27 muertos.

   El país era un verdadero caos de insurgencia y el gobierno, sin controlar la situación a pesar del decreto de Estado de Sitio, se colocó al borde de la renuncia, que el presidente concretará el 21 de diciembre casi dos años antes de que se cumpliera el período para el que había sido electo en 1999 junto a Carlos Álvarez con el voto de un 48.37 % del padrón, cerca de diez millones de argentinos.

   En un último intento por sostenerse el presidente trató de comprometer al justicialismo, para crear un gobierno de unidad nacional pero la idea fue rechazada por todo el peronismo. 

   A las 19.45 de aquel 20 de diciembre de 2001 De la Rúa presentó su renuncia y, para evitar todo contacto con la gente movilizada en Plaza de Mayo y toda la ciudad, abandonó la Casa Rosada en helicóptero.

Los beneficiarios de la fuga de capitales

Empresas

   Entre las empresas que más dinero se llevaron durante ese año [2001] son mayoría las de capital extranjero y las privatizadas. Éstas fueron las diez primeras (todas las transferencias, medidas en millones de dólares): Pecom Energía, 1890; Telefónica de Argentina, 1559; YPF, 1058; Telecom Argentina, 963; Nidera, 806, Shell, 793; Telefónica Comunicaciones Personales, 723; Esso, 490; Bunge Ceval, 412; Molinos Río de la Plata, 308.

   Las siguientes, en orden de importancia, también eran en su mayoría multinacionales: IBM, con 303; Massalin Particulares, con 291; EG3, con 251; Dreyfus, con 248; Molfino Hermanos, con 243; Ford, con 240; Renault, con 238; Telecom personal, con 225; y Cargill, con 186. Además de YPF, Telecom y Telefónica, otras privatizadas ocuparon los primeros puestos como transferidoras de divisas: Edenor, con 183; Edesur, con 172; Central Puerto, con 149; Aguas Argentinas, con 132; Metrogas, con 104; y Aeropuertos Argentina, con 79.

Particulares

   En los diez primeros puestos estaban: Marcelo Hernán Devoto, con 59; Gregorio Pérez Companc, con 47; Alejandro Pedro Angulo, con 25; Javier Madanes Quintanilla, con 25; José Emilio Huespe, con 24; José Pedro Angulo, con 24; Juan Carlos Viano, con 23; Raúl Arnaldo Frávega, con 22; Arturo Acevedo, con 20; y María Magdalena Zupan de Ecker, con 16.

   Otros integrantes de la lista son Jorge Blanco Villegas, con 9,8; Oscar Roberto Paladín, con 9,3; Alfredo Péculo 6,1; Eduardo Escasany, con 5,8; Carlos Spadone, con 5,4; Eduardo Elsztain, con 3,9; Amalia Fortabat, con 2,7; Luis Otero Monsegur, con 2,5; Federico Zorroaquín, con 2,4; Ricardo Handley, con 1,7; Jorge Born y señora, con 950 mil; y Santiago Soldati, con 800 mil.

Cámara de Diputados de la Nación, Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Capitales, año 2002-2003, Sección: “Empresa con nombre, sin duplicado”.

La continuidad de este reporte la entregaremos con el suplemento del próximo 7 de enero.

1 M. Bonelli, M., Un país en deuda, Planeta, Buenos Aires, 2004.

2 Fuente: Banco Central de la República Argentina