Violencia económica, la pandemia silenciosa que se acentúa por la crisis

Redacción de La Nueva.

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Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

   Violencia de género. Psicológica y física. Son términos usuales de una realidad que el aislamiento, por la pandemia del Covid-19, ha potenciado.

   Las estadísticas de los organismos especializados en el tema, desde el Equipo Interdisciplinario de Comisaría de la Mujer de Bahía Blanca, como de las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 3, 4 y 14, lejos están de aplacar un fenómeno que se consolida. Y que viraliza nuevos términos.

   “La violencia económica existe desde siempre, pero se agravó por la pandemia. El hecho de no pagar la cuota alimentaria en relación al cuidado de los hijos ya tiene que ver con eso”, dijo Letizia Tamborindeguy, licenciada en Trabajo Social e integrante del Equipo Interdisciplinario de Comisaría de la Mujer de Bahía Blanca, juntos a los abogados Juan Manuel Ortiz y Esteban Cid.

   “Es entendible que haya familias que han sufrido consecuencias terribles a nivel económico, pero la responsabilidad en relación al cuidado, protección y subsistencia de los niños no puede dejar de atenderse nunca”, agregó.

   “La pandemia ha visibilizado aún más las desigualdades y la enorme brecha vinculada a la falta de compromiso y de responsabilidad en la manutención de hijos/as, siendo una responsabilidad parental de ambos progenitores, no solamente de la persona con quien conviven y un derecho esencial de esos niños, que se vulnera permanentemente. Y este tipo de violencia la atraviesan muchísimas mujeres; por eso, es necesario también una justicia con perspectiva de género”, sostuvo.

Lic. Letizia Tamborindeguy, licenciada en Trabajo Social e integrante del Equipo Interdisciplinario de Comisaría de la Mujer de Bahía Blanca.

   “Tuvimos denuncias por deudas en el pago de las cuotas alimentarias. Esto no es menor en pandemia, ya que es ahí donde más se advierte el nivel de las desigualdades. Este es un tipo de violencia que, a veces, empieza después de una separación donde existieron otros tipos de violencia”, manifestó.

   La funcionaria agregó que las denuncias se extienden a los casos de padres que no se hacen cargo de la educación de sus hijos, y de todo lo que conlleva en cuanto al desarrollo de la virtualidad y demás.

   También dijo la Lic. Tamborindeguy —quien es doc ente y militante por los derechos de la niñez y adolescencia y de la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres— que alrededor del 70 % de las mujeres que acuden a denunciar en pandemia están atravesadas por la citada violencia económica, ejemplificada de distintas formas.

   “El tema es que ellas no lo detectan como tal. Cuando uno les explica de qué se trata y que están siendo vulneradas en cuestiones como sus ingresos, o porque no pueden circular libremente, ya que les retienen ese dinero, empiezan a darse cuenta”, dijo.

   “No dejan de denunciarse, claro, situaciones de violencia doméstica y, dentro de ella, la física, psicológica y sexual”, aclaró.

   Un tramo del diálogo mantenido con La Nueva. es el siguiente:

   —Lic. Tamborindeguy, ¿el hogar es el lugar más peligroso para la mujer?

   —Sí. En el año ya se han superado los 142 femicidios en el país y más del 65 % de ellos suceden en la vivienda de la víctima y por parte de parejas o de exparejas. Esto es, durante el año una mujer es asesinada cada 36 horas.  

“Una de las cuestiones que se agravaron con la pandemia es que, justamente, muchas de las denunciantes y su grupo familiar estaban conviviendo con su agresor”.

   —Por la pandemia, en la informalidad la mujer perdió más puestos de trabajo que el hombre. ¿De qué manera las afecta?

   —Aquí está todavía la cuestión machista y de violencia simbólica sobre que los cuidados de los niños, de la crianza, de lo educativo y de la casa es que se siga haciendo cargo la mujer, cuando en realidad estamos hablando que dos personas cumplen la misma cantidad de horas trabajando afuera, la misma responsabilidad y que, por descarte, la que queda a cargo de los niños siempre es ella. Incluso, en pandemia nos tocó sumar como actividad, porque no fue de otra manera, la organización en relación al aprendizaje virtual, con clases, horarios a cumplir y tareas.

   —¿La pobreza está directamente relacionada con la violencia de género?

   —No. Ese es uno de los grandes mitos, porque la realidad es que no todas las familias que viven en condiciones de pobreza atraviesan situaciones de violencia de género.

   “La pobreza sí puede incrementar la violencia, ya que las familias se enfrentan a múltiples formas de discriminación y de falta de acceso en general, y eso genera que sufran un mayor riesgo. Ejemplo de esto puede ser que mujeres y niñas que se encuentran en una situación total de vulneración puedan caer en redes de trata de personas e, inclusive, en la explotación sexual.

   “Sí, quizá, es mucho más fácil ocultar, o minimizar, un hecho de violencia en una familia que maneja otro tipo de recursos y un nivel socioeconómico diferente. Porque el acceso a la información es distinto, las presiones sociales y el qué dirán juegan un rol lamentablemente muy importante, vinculado a estas conductas patriarcales como: ‘No te metas’; ‘Olvidáte, acá no pasó nada’; ‘A mí me conoce todo el mundo, tengo muchos contactos y conocidos’ y ‘¿a vos quién te va a creer’?

   “A nosotros nos parece que estas situaciones son más difíciles de abordar, porque se invisibiliza o se tiende a esconder o a negar cualquier tipo de intervención de un tercero; en este caso, el Estado y sus instituciones.

   “Esto impide un abordaje integral desde las instituciones que trabajamos con esta problemática. Pero, siempre pensando en todas las intervenciones posibles, se ofrece la información necesaria en relación a la toma de denuncia, y al después de la denuncia, aunque no es sencillo. Todas las situaciones son personales, y cada una tiene un abordaje diferente. Pero insisto: no tiene que ver con una cuestión de clases, sino de poder; una relación desigual, donde el poder atraviesa todas las clases sociales”.

   —De las denuncias que se realizan, ¿se sabe cuál es el porcentaje que no se concreta?

   —Es difícil de determinar. Hay muchos tipos (física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica) y modalidades (doméstica, laboral, institucional, obstétrica, mediática y contra la libertad reproductiva) y es complejo, considerando que es algo que, a veces, es imposible de detectar o sospechar, principalmente si es intrafamiliar o sexual, y la víctima no pide ayuda o no lo denuncia.

   “La mayoría de las veces es porque no pueden, no porque no quieren. Es difícil develar un hecho tan doloroso, ya que a veces el sacarlo a la luz hace que se rompan familias, surjan situaciones que impactan de forma negativa en muchas personas y, por supuesto, surge el sentimiento de culpa. Quien no ha vivido un hecho de violencia, no puede ni siquiera suponer de qué se trata y, mucho menos, el impacto y la forma en la que se atraviesa. A veces sucede que la persona que denuncia es porque escucha a una amiga, a un compañero de trabajo, a una vecina, o alguien que salga en los medios de comunicación, o directamente un familiar, que cuenta su experiencia.

   “Estimo que, en Bahía Blanca, tenemos unas 250 denuncias por mes (NdR: en la Comisaría de la Mujer), pero debe haber una cantidad imposible de cuantificar por situaciones que no se denuncian; acaso sea el triple.

   “Y a veces no todo pasa por radicar una denuncia, sino que se puede acompañar a la persona desde otro lugar para una contención o para recibir asesoramiento y ser derivada a otra institución”.

   —¿Por qué no se hacen las denuncias?

   — Se ha avanzado mucho en cuanto a darle visibilidad a la violencia de género. Hay campañas en los medios; políticas públicas vinculadas a la atención de las situaciones; equipos técnicos; direcciones municipales; organizaciones de la Sociedad civil; grupos de mujeres y feministas; cursos; especializaciones; leyes que avanzan en materia de igualdad y derechos como las leyes Micaela, Brisa, de identidad de género, contra la trata de personas y la de interrupción voluntaria del embarazo.

   “Se han conquistado derechos, pero aún falta. Hay mujeres, disidencias y gran parte de la sociedad que todavía no se anima a denunciar. Por miedo, por amenazas, por descreimiento de las instituciones, por no saber a dónde acudir ni de qué manera y hasta por no poder.

“Muchas personas desconfían de las fuerzas de seguridad, de la Justicia y no creen poder salir de una relación violenta; o no encuentran de qué manera pedir ayuda”.

   “La violencia simbólica es la que se reproduce a partir de estereotipos, valores, mensajes y conductas, la dominación, desigualdad y la discriminación en todas las relaciones sociales, naturalizando el rol subordinado de la mujer en la sociedad. La consideramos la madre y la base de todas las violencias.

   “Lograr poner en jaque esta violencia, que es la cotidiana, la que vemos en todos lados y se reproduce todo el tiempo y la irrupción y formación de los distintos movimientos feministas, que existen desde hace mucho tiempo, pero que lograron su mayor visibilización a partir de la lucha, de mostrar la cantidad de femicidios y de hechos de violencia y del nacimiento del Ni una Menos, han marcado y transformado la historia de nuestro país.

   “Creo que muchas mujeres, víctimas de distintas situaciones de violencia a lo largo de su vida, se empezaron a sentir reflejadas, identificadas y acompañadas y comenzaron a compartir experiencias, y se animaron a contar lo que no estaba bien. Y la difusión de los casos de femicidios, a través de distintos organismos y observatorios hace que muchas mujeres se acerquen a los distintos espacios que atienden las problemáticas a pedir información, contención o ayuda. Esto tiene un efecto bola de nieve. Y es fundamental para la concientización.

   “A nosotros nos pasa cuando vamos a dar charlas a las escuelas para hablar de la ESI (Educación Sexual Integral) y de todo lo que tiene que ver con los cuidados del cuerpo y de los distintos tipos de violencia. Cuando terminamos, hay veces que al salir del aula hay chicos y chicas que nos esperan para comentarnos que ellos están siendo víctimas de algún tipo de delitos, o situaciones, expuestos en la charla.

   “Eso demuestra que la información, muchas veces, hace ver que están viviendo algo que no está bien y, quizás, les da la posibilidad de animarse a contar y a pedir ayuda, que es lo que pretendemos.

   “Este paso por la educación es muy importante, porque cuando esos chicos/as lleguen a adultos sabrán cómo actuar. Hay que desnaturalizar las relaciones basadas en vínculos violentos. De esta forma, brindamos herramientas para que ellos/as mismos puedan construir relaciones, vínculos y noviazgos sin violencia. La desnaturalización implica deslegitimar las relaciones asimétricas de género”.

   —¿Cuál es la diferencia entre violencia física y violencia psicológica?

   —De la violencia psicológica cuesta más armarse, porque provoca destrucción en la personalidad, afecta el desarrollo personal y daña la autoestima y las emociones. También genera gran dificultad en la fortaleza de la persona y hace que repercuta en los vínculos personales, familiares y en las actividades cotidianas. Es tanto el impacto que cuesta muchísimo la reconstrucción y el empoderamiento.

   “Se trata de un trabajo perverso, por parte del victimario, que genera daño, baja autoestima y dependencia a tal punto que la persona, a veces, no logra identificarse como víctima. Lo primero que le hace el victimario es cortarle los vínculos con las personas que se dan cuenta de que sí está siendo víctima, con la intención de crear una dependencia. Ahí es donde trabajamos con todas las instituciones, y pedimos a la familia y a las personas de su entorno que no dejen de estar cerca.

   “La violencia física es toda acción o agresión que atenta contra el cuerpo. Generalmente es el golpe y el extremo de esta violencia es el femicidio. Muchas mujeres o disidencias logran detectarla ante un hecho específico y la diferencian respecto de un insulto. Ante el golpe, cada reacción es distinta”.

   —Tras una denuncia, ¿funciona todo el engranaje de la Justicia?

   —Es un proceso complejo. Nos ha pasado de atender, con el equipo, tres veces a la misma persona en distintas semanas, pero a la cuarta consulta terminó yendo a denunciar con toda la información adecuada.

   “Si la denuncia implica delito se eleva a las Fiscalías Nº 3, 4 o 14 y, si es una denuncia de violencia familiar (Ley Provincial 12.569) que no configura delito, como impedimento de contacto, violencia psicológica, o violencia económica, por ejemplo, intervienen los Juzgados de Familias Nº 1, 2 y 3.

   “Más allá de la tipificación, cada situación es distinta y se trabaja diferente. Pero siempre tratamos de ser lo más empáticos posible para que la persona que entró con un problema, que en el momento que lo cuenta está aún en situación de mayor vulnerabilidad, salga con una respuesta. A veces, se van enojadas porque la respuesta que obtienen no es la que esperaban. Es lógico que eso pase. Los tiempos judiciales no son los mismos que los tiempos de las personas y, muchas veces, las respuestas o intervenciones posteriores son a largo plazo”.

¿Cómo se trabaja en Bahía Blanca?

   Para la Lic. Tamborindeguy, en Bahía Blanca se está logrando articular y mejorar los canales de atención y fortalecer las redes para atender los casos de violencia de género.
Hay muchas instituciones que se dedican a trabajar con esta problemática.

   “A nivel interno pudimos mejorar la atención con capacitaciones con la intención, finalmente lograda, a partir de la implementación de la ley Micaela, de empezar a recepcionar la primera instancia de las denuncias en las comisarías más cercanas a las denunciantes. Esto fue muy positivo, principalmente los primeros meses del aislamiento por la pandemia, cuando era difícil circular en la vía pública. Luego intervenimos nosotros”, aseguró.

   “También tenemos una mejor articulación con las instituciones con las cuales trabajamos siempre, que son las Fiscalías Nº 3, 4 y 14; los Juzgados de Familia y sus equipos; la dirección de Género del Municipio; las distintas organizaciones que trabajan en el acompañamiento y en el posdenuncia, y con las instituciones que forman parte de la red local de violencia”, manifestó.

   “Es una forma de ver el lado positivo de la pandemia, que nos ayudó para la toma de decisiones e intervenciones integrales”, sostuvo.

Berutti 664, sede de la Comisaría de la Mujer en Bahía Blanca.

   “¿Qué falta? Mucho, aunque se ha caminado y se ha avanzado bastante. En lo que es Latinoamérica, la Argentina es uno de los países donde más tenemos resuelta la cuestión jurídica”, contó.

   “El hecho de que existan los marcos normativos no necesariamente asegura que, con su existencia, se garantice el ejercicio de esos derechos. La ley en sí misma no garantiza el acceso a los derechos a todas las personas. Lo que garantiza el ejercicio de esos derechos será cómo se traducen en políticas de Estado y en propuestas para llevar adelante programas y prácticas cotidianas e institucionales”, aseguró.

   La Lic. Tamborindeguy dijo que en la Comisaría de la Mujer de Bahía Blanca se ha incrementado el número de consultas/denuncias y que comenzaron a manejar estadísticas semejantes a los tiempos prepandemia.

   En marzo de 2020, cuando empezaron las restricciones, se realizaron menos de 80 denuncias, algo que nunca había sucedido desde la existencia de la Comisaría de la Mujer. Al mes siguiente fueron menos de 150;  en mayo aumentó a 200, para sostener en junio, julio y agosto.

El equipo: Dr. Esteban Cid (izq.); comisario inspector Carlos Pichinao; Lic. Letizia Tamborindeguy; la jefa de la Comisaría de la Mujer, Valeria Rastel, y Dr. Juan Manuel Ortiz.

   “Pero, a medida que las restricciones se modificaron por las fases , empezó el aumento gradual. A partir de febrero de este año nos acercamos a las 230-280 denuncias , números que se asemejan a los que manejábamos antes de la pandemia”, sostuvo.

   En el Equipo Interdisciplinario de Comisaría de la Mujer también trabajan los doctores Juan Manuel Ortiz y Esteban Cid.

   La Lic. Tamborindeguy explicó que las Fiscalía Nº 3, 4 y 14 considera los delitos que están tipificados en el Código Penal, con delitos como abuso sexual simple, calificado, agravado, amenazas, lesiones y desobediencia, todos en el contexto de violencia de género.

   “Ahora, por ejemplo, la violencia psicológica es violencia, pero no constituye un delito y, otras violencias dentro de la familiar, como la económica y verbal, tampoco configuran delito pero sí corresponde la denuncia; así lo dice la ley. Se completa un formulario web de denuncia y se envía —vía web— al Juzgado de Familia en turno. En vez que la prohibición la otorgue Garantías, y que intervenga cualquiera de las Fiscalías de Género, interviene el juez o jueza de familia y el equipo técnico del juzgado”, explicó.

   “Nosotros contenemos y recibimos las denuncias que llegan a Fiscalía, por ser delitos, y las que llegan al Juzgado de Familia, que no son delitos, pero no dejan de ser situaciones de violencia familiar y están amparadas en la ley nacional y provincial”, aclaró.

Las causas de las UFIJ

   Las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 3, Nº 4 y Nº 14, de Bahía Blanca, son especializadas en violencia de género y delitos sexuales, con delitos como abuso sexual simple, calificado, agravado, amenazas, lesiones y desobediencia, todos en el contexto de la categoría principal.

   Sólo a modo de referencia, el detalle para los últimos tres períodos anuales es el siguiente:

Período               Causas

2018/2019..............4.407

2019/2020............. 2.513

2020/2021............. 2.573

Nota: En los tres casos se considera el período desde el 1 de junio de un año hasta el 30 de junio del siguiente. Fuente: Jesica Rípodas / Prensa UFIJ Nº 3, 4 y 14.