“La Liga”: 6 acusados, con tareas comunitarias y resarcimientos
Son 15 los procesados por formar parte de una organización que coaccionaba y estafaba en remates judiciales. Otros dos están a la espera de un juicio abreviado y los 7 restantes irán a debate oral.
Mientras 6 de los imputados en la causa por asociación ilícita para coaccionar y estafar en remates judiciales, conocida como "La Liga", irán a debate oral en septiembre, otros 7 acusados fueron beneficiados con la suspensión del juicio a prueba y deben cumplir reglas de conducta, tareas comunitarias y resarcir económicamente a las víctimas.
Paralelamente, dos procesados más aceptaron la vía de juicio abreviado respecto del cual en los próximos días la jueza en lo Correccional Nº 3, Susana González La Riva, dictará los fallos correspondientes.
Los causantes que recibieron la suspensión de juicio son Alejandro Martín Chotard, María Soledad Moral, Juan Antonio Cerna, los abogados Hugo Jorge Fernández y Néstor Daniel Di Nardo, y Hernán Diego Mahon, quienes de esta forma evitaron llegar a juicio oral.
La implementación de la probation, prevista en el artículo 76 bis del Código Penal, es posible cuando los delitos imputados contemplan una pena que no exceda los 3 años de prisión.
Con previo acuerdo entre las partes, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 resolvió las medidas en favor de los nombrados, que en el caso de las reglas básicas de conducta (fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados) se extienden entre 1 y 3 años.
Los presuntos delitos atribuidos a los mencionados se habrían cometido entre 2015 y 2018.
El órgano judicial, integrado por los jueces Daniela Castaño, Eduardo d´Empaire y Eugenio Casas, decretó la suspensión por 3 años para Chotard, acusado de “estafa procesal” como “cómplice secundario”, “los términos de los artículos 172 y 46 del Código Penal y coacción y estafa procesal en concurso real en calidad de cómplice secundario”.
El acusado deberá además cumplir 300 horas de trabajos no remunerados “en favor del Estado o de instituciones de bien público”, como también abonar 10 mil pesos a la persona al parecer damnificada a modo de “reparación del presunto daño causado”.
En el caso de Moral, la Justicia dictaminó esta figura en orden a los delitos de “coacción y estafa procesal en concurso real en calidad de cómplice secundario”, y que a cambio realice 100 horas de tareas comunitarias además de pagar 5 mil pesos a la persona afectada.
Respecto de Cerna, la medida tiene vigencia por dos años y seis meses, en vinculación con los delitos de “estorbo o impedimento de actos funcionales y estafa procesal en grado de tentativa” en calidad de autor.
Durante ese período el encausado tendrá que trabajar 250 horas ad honorem y paralelamente “integrar la suma de 7.500 pesos” como reparación.
Uno es letrado y ofreció asesoría gratis
Al abogado Hugo Fernández, acusado de ser autor de tentativa de extorsión, se le suspendió el juicio por dos años. Debe pagar 20 mil pesos de resarcimiento y cumplir 200 horas de trabajos gratis.
El Patronato de Liberados debe tener en consideración “el ofrecimiento efectuado por el imputado para desempeñarse en asistencia legal gratuita y/o tareas de docencia, en atención a la profesión de abogado que reviste”.
En cuanto a Mahon, el Criminal Nº 3 dispuso la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, en orden a los delitos de “extorsión en calidad de cómplice secundario”.
El hombre, asimismo, deberá afrontar la realización de 100 horas de trabajos comunitarios y abonar 5 mil pesos en concepto de reparación de posibles daños.
Por último, la resolución también alcanzó a Di Nardo y en su caso regirá por dos años, al ser considerado autor de “estafa procesal”.
Tiene la obligación de cumplir 200 horas de trabajos no remunerados, “debiendo tener en consideración el Patronato de Liberados el ofrecimiento efectuado por el imputado para desempeñarse en tareas afines a su profesión de abogado”.
Por otra parte, el acusado deberá resarcir a la víctima con 2.000 pesos.
Cuál es la situación de los restantes
Penas en suspenso. Para Jorge Carreiro y Carlos Sánchez, acusados de abuso de autoridad, se presentaron acuerdos de juicio abreviado por penas de 6 y 8 meses de prisión en suspenso. También una inhabilitación de 1 año y 4 meses para ejercer función pública.
Reemplazo. La instrucción de la causa fue llevada adelante por el fiscal Sebastián Foglia, aunque sería reemplazado en el debate por Gustavo Zorzano, ya que Foglia asumió como integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
Simulación. A los "ligueros" se los acusa por actos simulados en subastas judiciales, suspensiones intencionales de remates y coacción a posibles competidores, entre otros delitos.
Jefes. Claudio Daniel Trabucco y Claudio Oscar Del Valle están sindicados como los jefes de la presunta banda, mientras que Vicente Domingo Ponce, Marcelo Alejandro Sansoe, Ricardo Gustavo Roldán, Néstor Horacio García y su hijo Rodrigo Emanuel (estos tres últimos oriundos del conurbano) al parecer integraban la organización criminal. Todos ellos irán a juicio oral.
Impostores. Roldán, domiciliado en Ituzaingó, siempre concurría a los remates con los García, también ajenos a Bahía.
Ardid. Ni bien se publicaban los edictos judiciales, los procesados investigaban la zona del inmueble y dialogaban con demandados y vecinos. También simulaban peleas en los actos públicos al presentarse como referentes de distintos clientes.
Apercibimiento. En los 6 casos de suspensión de juicio a prueba descritos antes, las reglas de conducta y tareas comunitarias impuestas deben cumplirse “bajo apercibimiento de llevarse el juicio adelante”.