Bahía Blanca | Viernes, 19 de abril

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Escenario político: fase 2 "intermedia", la opción de un retroceso parcial

La aceleración de los contagios y la saturación del sistema hospitalario amenazan a la actual fase 3 en Bahía Blanca. En caso de ir para atrás, desde Alsina 65 intentarán mantener en funcionamiento al menos una de las principales actividades.

Foto: Emmanuel Briane - La Nueva.

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

   "Inexorablemente", contesta uno de los funcionarios más encumbrados de la Municipalidad de Bahía Blanca cuando le preguntan si cree que en el futuro cercano la ciudad va a retroceder de fase. El promedio de contagios diarios superó los 200 en abril, los hospitales hace varios días trabajan a cama caliente y en los últimos 10 días hubo más de 50 fallecimientos por coronavirus, marca inédita desde el inicio de la pandemia. Y todavía no empezó el frío.

   De aquí surgen dos preguntas. La primera es cuándo se producirá el endurecimiento de las restricciones, la segunda es cómo. En el AMBA se dispuso una fase 2 que supone el cierre de los comercios no esenciales a las 19, la prohibición de actividades gastronómicas y deportivas en ambientes cerrados en cualquier horario, la prohibición de circulación desde las 20 y la suspensión de las clases presenciales. 

   Medidas muy resistidas, al punto de que la Ciudad de Buenos Aires llevó el conflicto por las clases a la Corte Suprema. En el fondo, lo que se pone en juego es la autoridad presidencial para gestionar la pandemia. El máximo tribunal deberá resolver quién tiene la potestad de decidir aperturas y cierres: la Casa Rosada, o la Ciudad y las provincias. Es una sentencia que deberá tener fundamento jurídico pero, en rigor, será una decisión política.

   Volvamos a Bahía. Las conversaciones entre el intendente Héctor Gay, el ministro bonaerense de Salud Daniel Gollán y el jefe de Gabinete Carlos Bianco son cada vez más frecuentes. Una idea está clara y la expresó días atrás el viceministro de Salud Nicolás Kreplak, uno de los duros de la cuarentena: las decisiones se deben tomar de manera consensuada entre Provincia y Municipios.

   La polémica respecto de a quién le corresponde dictar medidas ante el avance de la segunda ola, si a la Gobernación o a la comuna, en este caso puntual deviene abstracta. Depende de lo que acuerden entre ambas. En esa línea, en Alsina 65 anticipan que ningún eventual retroceso motivará resistencias ni llamados a rebeliones. Pero sí tratarán de negociar algunos términos. Un concepto para empezar a internalizar es el de fase 2 "intermedia".

   ¿De qué se trata? De imponer todos los criterios restrictivos de esa fase, pero sosteniendo las clases presenciales. No hay que descartar esta opción, alentada por quienes proponen que la presencialidad escolar sea lo último en tocar. El gobierno local de Juntos por el Cambio sería proclive a pararse en ese lugar, bajo el argumento de que la contagiosidad en las entidades educativas es mínima.

   El análisis de la actividad escolar en 2021 no se puede desacoplar de lo que sucedió en 2020. Pese al inconmensurable esfuerzo de la mayoría de los docentes, familias y alumnos, la virtualidad no alcanza a cubrir ni de cerca las necesidades educativas, pero sobre todo impacta gravemente en los procesos de vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNyA). El encierro genera retrocesos y trastornos que pueden impactar en el desarrollo de estas personas en el mediano plazo. 

   UNICEF a nivel internacional, la Sociedad Argentina de Pediatría en el orden nacional y el Consejo Local de Niñez dentro del ámbito bahiense defienden la importancia de mantener esos relacionamientos y remarcan la necesidad de quitarle la mirada adultocéntrica a la administración de la pandemia. ¿Cuáles fueron las políticas públicas el año pasado para NNyA? No las van a encontrar.

   Esto no implica rechazar en forma absoluta la suspensión de clases presenciales, si el contexto lo requiere, pero este año debería ser siempre lo último. La bala de platino.

   A propósito, un dato, que en realidad es un no-dato. En Bahía Blanca no existen estadísticas oficiales de conectividad de la población estudiantil. Hay aproximaciones, como la presunción de que uno de cada cuatro chicos tiene problemas graves de conectividad, pero sin profundizaciones estadísticas que permitan pensar en un mejor abordaje del asunto.

   Detrás de esta y todas las discusiones sobrevuela un fantasma peor, que es la convicción cada vez más arraigada entre funcionarios de distintos niveles del Estado, incluso a ambos lados de la grieta, de que la única manera real de garantizar una baja en el ritmo de contagios es establecer un cierre total por dos semanas, como al inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio. El virus se mueve con la gente, no está en otro lado. Si la gente no circula, el COVID tampoco.

   El inconveniente es que no habría consenso social para acatar semejante orden ni el gobierno tendría espíritu férreo para hacerla cumplir. Sin embargo, ya son cada vez más las voces que advierten sobre esta necesidad. Las restricciones sectorizadas por actividad, se teme, no alcanzarán para detener el avance del virus sino apenas para atenuarlo levemente. Entonces se empieza a trabajar de a poco en instalar la noción, con discursos todavía poco coordinados, sobre la chance de bajar todas las persianas para prevenir una catástrofe sanitaria.

   Los hospitales bahienses alcanzaron esta semana el récord de ocupación de camas de terapia intensiva para COVID-19 y ya empieza a haber dificultades para ubicar a pacientes graves. Un ejemplo. La semana pasada ardió el teléfono del director de un hospital privado a quien le rogaban que consiguiera una cama para un importante directivo de una empresa tradicional de la ciudad, que era rebotado en todos los centros médicos debido al 100% de ocupación en las áreas críticas. Al final el paciente accedió a una, pero el terror de esa familia por la posibilidad de quedar afuera del sistema no lo olvidarán jamás.

   Las discusiones de 2021, más allá de algunos elementos nuevos como la vacuna, se parecen bastante a las ocurridas en la primera ola. La pandemia, cada día, refuerza su característica principal: cualquier cosa que se decida es mala, para la salud o la economía, pero alguna decisión hay que tomar.

   La esperanza sigue siendo la vacunación, que avanza a un ritmo aceptable teniendo en cuenta el contexto mundial para los países emergentes, aunque la cobertura integral recién llegará dentro de varios meses. La aplicación de primeras dosis en Bahía acaba de superar la nada despreciable cifra del 60% de la población objetivo (todos los grupos alcanzados por el actual operativo). No obstante, ese segmento aún no contempla a esenciales que jamás pararon, como los trabajadores del transporte público, empleados de supermercados ni transportistas de larga distancia, estos últimos vectores naturales de propagación del virus.

   Como las estadísticas son interpretables, si la observación se enfoca en los vacunados con las dos dosis, es decir los de mayor grado de inmunización, el porcentaje alcanzado sobre la población objetivo es solo del 5% (casi 5 mil personas). Más aún, tomando a los habitantes totales de la ciudad, quienes cuentan con ambas dosis son alrededor del 1,5%.

   A esto hay que sumar que las segundas aplicaciones pendientes necesitan acelerarse, porque son miles quienes recibieron la primera hace bastante más de tres semanas y correrían riesgo de ir bajando la inmunidad. En eso están enfocadas en este momento las autoridades sanitarias que, justo es recordarlo, no descansan un segundo hace más de un año. 

   Otro no-dato, al menos no difundido, es cuántos de los fallecidos de las últimas semanas formaban parte de los grupos de riesgo y si contaban con al menos una dosis de la vacuna. Información muy relevante.

   El desafío es mayúsculo y la puerta de salida sigue lejos. Los más pesimistas ya avizoran que los problemas vinculados con el coronavirus hay que empezar a proyectarlos hasta 2022. Con el agravante de que a casi nadie le queda paciencia.