Causa UOCRA: "La prueba testimonial es el punto más fuerte", dijo el fiscal Zorzano

Redacción de La Nueva.

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   El fiscal Gustavo Zorzano, quien llevó adelante la investigación de la denominada causa UOCRA, indicó que los testimonios recolectados les permitieron elaborar la imputación a los exintegrantes de la cúpula local del gremio de la construcción, seis de los cuales son juzgados desde hoy como presuntos miembros de una asociación ilícita.

   "El punto más fuerte de la acusación es la prueba testimonial con la que hemos contado. Cuando se inició la causa solamente teníamos artículos periodísticos y desde eso comenzamos a tomar declaraciones a empresarios de la construcción, profesionales y otras personas que trabajaban dentro de empresas dedicas a obras civiles y viales. Todos nos informaron la experiencia que tenían y a partir de eso pudimos reconstruir los hechos y determinar la existencia de una asociación ilícita que funcionaba tras el velo de la UOCRA", dijo el titular de la UFIIJ N° 10 al programa Panorama de LU2.

   Zorzano agregó que "pudimos acreditar la participación de 14 personas en la asociación ilícita, las que no estaban todas en Bahía Blanca, ya que algunas operaban en la zona de Villarino o Coronel Suárez".

   Acerca de los roles que desempeñaban los imputados, indicó que "eran distintos, algunos tuvieron una participación mayor, tenían más poder y una conducción clara sobre la actividad de los otros. Monteros y Burgos, para nosotros, ocupaban el rol de jefes".

   "Había personas que respondiendo a la iniciativa de los jefes se constituían en las obras, hablaban con los encargados y exigían sumas de dinero como condición para no entorpecer el avance de la obra mediante diferentes formas. Había otra personas que operaban en las obras mismas como delegados gremiales y en otras funciones. Es decir, había una estructura jerárquica, piramidal, en la que claramente Burgos y Monteros estaban en la parte superior, después había roles intermedios de otros integrantes y en la base algunos delegados", siguió diciendo.

   El fiscal señaló que Monteros arribó en 2010 a la conducción del gremio y "con posterioridad a la actividad sindical empezamos a advertir este tipo de situaciones. A medida que transcurrieron los años los hechos eran más complejos y afectaban a más empresarios y las sumas exigidas eran mayores. Creemos que 2017 fue un año clave en cuanto a la presión que este grupo ejercía sobre los empresarios".

   Finalmente, sobre las condenas que otros imputados recibieron en juicios abreviados, refirió que "para la fiscalía es importante que al menos a esta altura dos jueces hayan analizado la causa y concluido que la prueba lograda durante la instrucción tenía entidad suficiente como para dar por acreditados los hechos, es decir, que la asociación ilícita existía y que los delitos que se le imputaban a cada uno de los acusados también existieron".

   "De todas maneras, hay que destacar que el veredicto y eventual condena que se alcance respecto de estos seis procesados que llegan al debate oral se debe basar únicamente sobre la prueba que se produzca allí, no sobre lo que dijeron otros jueces", aclaró Zorzano.