Mundo Gremial

Sindicatos y movimientos sociales lanzan un plan de reactivación post pandemia

17/8/2020 | 06:00 |

El Plan de Desarrollo Humano Integral prevé la creación de 4 millones de puestos de trabajo y 170 mil empleos registrados.

   En una reunión llevada a cabo en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Pablo Moyano, Juan Grabois, Gerardo Martínez, Sergio Sasia, y líderes sindicales y organizaciones sociales, presentaron de forma conjunta una estrategia nacional post pandemia, inspirado en la consigna de “Tierra, Techo y Trabajo” que impulsa el Papa Francisco junto a movimientos populares de todo el mundo, la cual nombraron “Plan de Desarrollo Humano Integral”.

   El mismo tiene como ejes centrales la promoción del trabajo como ordenador social y el repoblamiento de la Patria. Se complementa con una propuesta de salario universal para la inclusión de trabajadores y trabajadoras, y su financiamiento a través de una profunda reforma impositiva que grave las grandes fortunas, los capitales especulativos y las actividades extractivas.

   En el documento queda plasmado el consenso de sindicatos y movimientos sociales sobre asuntos estratégicos para el desarrollo, contemplando las realidades de los trabajadores registrados y los trabajadores de la economía popular.

   Además, incluye propuestas de ejecución inmediata, basadas en las experiencias exitosas llevadas adelante por la comunidad organizada.
Gabrois asegura que el presidente Alberto Fernández, está de acuerdo con la iniciativa que apunta a crear 4 millones de puestos de trabajo, principalmente entre la población que se desempeña en la actualidad como cuentapropistas no registrados, y otros 170.000 empleos formales, con una inversión inicial de $750.000 millones anuales.

   En las próximas semanas, se desarrollarán una serie de charlas virtuales con militancias y dirigentes sociales, sindicales y políticos para profundizar el debate sobre cada uno de los ejes del Plan y enriquecer la propuesta a partir de los aportes que fortalezcan la iniciativa en la búsqueda de ampliar la base de consensos alcanzada.

   Del encuentro participaron Gerardo Martínez (UOCRA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Pablo Moyano (Federación de Camioneros), Laura Ávalos y Julián Domínguez (SMATA), Esteban “Gringo” Castro (UTEP), Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Jacqueline Flores (MTE), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Cristian Romo (Movimiento Popular La Dignidad), Juan Carlos Alderete (CCC) y el economista Agustín D`Attellis. Además, envió su apoyo Juan Carlos Schmid (Sindicato de Dragado y Balizamiento).

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Qué dice el plan

   La idea base es la del Estado como garante del empleo. Una de las razones señaladas es que hoy en la Argentina el sector privado está dando empleo en blanco a sólo un tercio de su Población Económicamente Activa, situación que va a agravarse con la pandemia.

   El concepto es entonces, para la economía popular, crear puestos de trabajo mínimo garantizado, con el Estado como empleador, en ocupaciones socialmente valiosas que sean remuneradas con un salario social complementario. La propuesta es de un salario social de 10 mil pesos con una carga mínima de 60 horas mensuales.

   Parte del programa consiste en generar empleo formal, mediante la realización de obra pública (Uocra), y desarrollo del transporte de cargas (Camioneros y la Unión Ferroviaria). El programa menciona que con cada puesto de trabajo en la construcción se crean tres empleos en la economía formal, porque se activan otras actividades como la siderurgia, madera, la industria química, mecánica y de productos de electricidad.

 

La alianza con los demás gremios

   La presentación del programa junto a los sindicatos es parte de un nuevo intento de las organizaciones sociales de unir fuerzas con la CGT, o con aquellos sindicatos que estén más abiertos a mirar a los trabajadores formales e informales como parte de la misma clase. Este es un viejo deseo –una mirada estratégica– de los movimientos que integran la UTEP, que hasta ahora no han podido convertir en realidad.

   Al momento de mayor acercamiento lo lograron en noviembre de 2016, cuando la CGT, la CTA y los movimientos sociales hicieron una marcha al Congreso por la ley de emergencia social.

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