Estadística oficial

Usurpaciones: uno de los delitos que creció durante la pandemia

28/11/2020 | 06:30 |

Desde el decreto de la cuarentena y hasta mediados de noviembre, la fiscalía comenzó a investigar un 30% más de casos que durante el mismo plazo del año pasado. En el partido de Bahía Blanca iniciaron 157 investigaciones penales.

Entre el 30 de marzo y el 20 de noviembre, se iniciaron 269 causas por usurpación en este departamento judicial. (Fotos: Pablo Presti-LN.)

Audionota: Florencia Albanesi

Gerardo Monforte / gmonforte@lanueva.com

   Mientras que las estadísticas demostraron que la pandemia del coronavirus provocó un descenso en la mayoría de los delitos, la usurpación de terrenos y propiedades estuvo al margen de esa situación y el número de casos aumentó con respecto a períodos anteriores.
   Desde el Ministerio Público indicaron que creció en el orden del 30% la cantidad de causas puestas en marcha en el departamento judicial de Bahía Blanca durante los ocho meses de aislamiento preventivo en comparación con 2019.
   Según la información proporcionada por la fiscalía, entre el pasado 30 de marzo y el 20 de noviembre, se pusieron en marcha 269 investigaciones penales preparatorias, de las cuales 157 (un 58%) tienen que ver con episodios ocurridos en nuestro distrito.
   Las fuentes explicaron que 37 casos se registraron en Tres Arroyos y 22 en Coronel Suárez, mientras que los 53 restantes se dieron en otros partidos correspondientes al departamento judicial local.
   Esas cifras contrastan con lo ocurrido el año pasado, cuando la fiscalía intervino en 207 causas.
   En ese período tuvieron origen en Bahía 125 expedientes judiciales, 26 en Coronel Rosales y 24 en Tres Arroyos.

Situación inédita

   El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, Emiliano Álvarez Porte, calificó como “inédita y delicada” la situación generada por el crecimiento en el número de ocupaciones ilegales registrado en nuestra ciudad.
   De acuerdo con datos de la comuna, entre el 21 de agosto y el pasado 16 de noviembre se produjeron 52 usurpaciones en las que intervino la Policía.
   “Es algo inédito en Bahía Blanca. La situación es delicada y ocultarla no ha sido nuestra forma de actuar. Al intendente (Héctor Gay) le preocupa esta problemática y nos tiene abocados, tanto a la Policía como a nosotros, a prevenirla y desalentarla”, manifestó.
   El funcionario agregó que “estoy convencido de que el mensaje de impunidad que se ha transmitido por los medios periodísticos nacionales, producto de los desaciertos en la comunicación y la forma de pensar entre la Nación y la Provincia en materia de seguridad, ha sido clave”.
   “A su vez hay un problema en nuestra legislación. Hoy alguien decide intentar usurpar un terreno y, si la Policía lo detiene, en unas horas está libre. Inclusive a veces sin que se lo procese, porque no se configura el delito de acuerdo nuestro Código (Penal)”, siguió diciendo.
   Álvarez Porte explicó también que “aunque parezca mentira, en algunos casos se ordenó devolverles la pala y las herramientas con las que estaban usurpando. Lo peor que nos puede ocurrir como sociedad es creer que actuar al margen de la ley no tiene consecuencias. Y en este caso está sucediendo eso”.


   Por otra parte, el titular de la subsecretaría de Seguridad hizo hincapié en la colaboración de la comuna bahiense con la fuerza policial para combatir este tipo de ilícitos difícil de prevenir.
   “El municipio colabora con la Policía en todo lo que está a su alcance; se trata de un hecho de difícil prevención. La Policía patrulla, pero ignora si las personas que están trabajando en un terreno son o no los titulares del lote”, expresó.

Más diálogo con vecinos

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   Como consecuencia del crecimiento en la cantidad de hechos durante el último tiempo, el área a cargo de Álvarez Porte estableció como política tener “mayor comunicación y estar en contacto permanente con vecinos” de los sectores donde se produjeron usurpaciones.
   “Los mensajes entre Nación y Provincia han sido contradictorios. Para nosotros, la usurpación es un delito y no establecemos negociaciones de ningún tipo con quienes cometen estos hechos. Incluso si se individualiza a los autores, se les retira todo tipo de ayuda social”.
   “Es cierto que hay un problema de hábitat, pero esto no otorga el derecho a cometer un delito”, reflexionó.
   Destacó también la importancia de denunciar estos incidentes al teléfono de emergencias 911 cuando son advertidos en flagrancia.


   “Los damnificados tienen que acudir al lugar cuando llega la Policía para acreditar su titularidad y luego dirigirse a la dependencia policial correspondiente para radicar la denuncia, también con la documentación que pruebe que son los propietarios de ese bien inmueble”, aclaró.
   “(Los denunciantes) deben comprender que la Policía ignora quién es el titular del lugar y necesita toda la colaboración posible para acreditar el ilícito en la justicia”, finalizó.

“Siempre hay intereses políticos”

   Para el abogado Juan Ignacio Vitalini, quien días atrás presentó una denuncia por la venta de tierras ajenas a manos de una inmobiliaria falsa, en la mayor parte de las ocupaciones de terrenos ilegales “hay intereses políticos”.
   “En algunos casos son movidas políticas y, en otros, avivadas (de particulares). Las usurpaciones siempre se suceden en determinado momento político; no creo que acá esté instalado el problema de las tomas. Obviamente siempre son generadas por alguien para hacer ruido y tapar algún otro conflicto”, afirmó.
   El letrado se refirió a la causa en la que patrocina a un denunciante que acusa a Rubén Ortega y a su mujer, Marcela Brian, de vender lotes de una sociedad civil cuyo complejo habitacional no prosperó, en la zona cercana a El Pinar.
   “Esos son lotes abandonados; siempre hay gente que busca, vigila el lugar y, cuando advierte que no hay mucho movimiento, se mete. Pero son todas sucesiones en las que, tarde o temprano, aparecen los dueños y terminan sacando a los usurpadores”, señaló Vitalini.
   El matrimonio denunciado habría formado parte de una inmobiliaria “trucha” que funcionó en esta ciudad desde 2008 y causó estragos con la venta de terrenos ajenos.
   El proyecto, que contemplaba 16 lotes de un macizo delimitado por las calles Bermúdez, Rawson, 14 de Julio y Rufino Rojas, no avanzó por problemas económicos, aunque siempre se mantuvo la tierra vigilada y libre de ocupantes.
   Sin embargo, el año pasado desconocidos instalaron un pequeño obrador y en la actualidad existe una persona viviendo (que no se quiere ir) y también hay otras dos construcciones.

“Una de las mayores estafas”

   Vitalini aseguró que las circunstancias son diferentes cuando se trata de terrenos pertenecientes al Estado.
   “En este sentido radiqué una denuncia muy importante que investiga la justicia federal bahiense, tras la cual se desbarató una banda que se dedicaba a falsificar documentación para vender tierras de manera irregular”, indicó.
   La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal Nº 1, aunque, según señaló el letrado, no ha tenido avances significativos.
   “Espero que esta causa tome impulso nuevamente porque, para mí, es una de las mayores estafas vinculadas con tierras en Bahía Blanca”.
   “La organización delictiva vendía terrenos del ferrocarril. Se hizo un allanamiento importante y se descubrió muchísima información y una gran cantidad de documentación (de la empresa) Ferrocarriles Argentinos que se adulteraba”, detalló.


   Mencionó que “son los lotes de calle Esmeralda, el barrio Tierras Argentinas y todo lo que es el cordón del ferrocarril. Había gente que se dedicaba a falsificar esa documentación y después vendía los terrenos. Estos sujetos se hicieron de un lote gratis, en un lugar espectacular; es una locura”.

¿Qué dice la ley?

El inciso 1 del artículo 181 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes”.


El fiscal Marcelo Romero Jardín, a cargo de la UFIJ Nº 8, explicó que “cuando se dan los medios comisivos como violencia, fuerza en las cosas y/o abuso de confianza o clandestinidad, y se comprueba (el ilícito) con un mínimo de elementos probatorios, solicitamos la restitución inmediata (del inmueble) a la justicia de Garantías como medida cautelar”.

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