Polémica

Ajuste de jubilaciones: ¿volantazo de Alberto a la derecha o realismo?

12/11/2020 | 06:30 |

El Congreso debatirá la nueva fórmula de actualización de los haberes que reemplazará a la de 2017. 

Foto: Archivo La Nueva.

Por Francisco Rinaldi / frinaldi@lanueva.com

   La propuesta de actualización de los haberes previsionales encendió la polémica entre quienes aseguran que el Gobierno viró hacia la derecha en su política económica al dar inicio a un proceso de ajuste del gasto y los que defienden la sostenibilidad de un sistema previsional en serios apuros.

   Del lado del Gobierno niegan tal viraje y aseguran que la nueva fórmula que ajusta, a partes iguales, en función de la evolución de los salarios y los recursos de la seguridad social (ingresos de la Anses), es “sustancialmente la misma a la sancionada en el año 2008 y que resultó en una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta el año 2015”.

   Agregan, además, que la fórmula busca evitar el desfinanciamiento del sistema, ya que “incluir la recaudación en la fórmula permite compartir el crecimiento y, al mismo tiempo, cuidar la sustentabilidad fiscal".

   “Se recupera el tope a los aumentos anuales, que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de Anses (multiplicado por 1,03). Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019). Esta condición de sustentabilidad había sido eliminada con la reforma del 2017”, acotan desde el Ejecutivo.

   En efecto, los datos señalan que con la fórmula de 2008 (ley 26.417), los haberes subieron por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta 2013, para caer entre ese año y 2014, volviendo a retroceder fuertemente durante los dos últimos años de su vigencia (2015 y 2017), ya que en diciembre de ese año fue nuevamente modificada por la administración de Mauricio Macri (ver gráfico).

   “Soy partidario de que los haberes jubilatorios evolucionen siempre de acuerdo a índices 'sanos' de la actividad económica. Por ello si bien los índices propuestos son virtuosos, en un país como el nuestro, donde el fenómeno inflacionario es crónico, olvidarlo en el planteo de una norma para ajustar haberes pasivos es negar una fatal realidad”, advierte el previsionalista bahiense Alfredo Bernabei.

   Para el economista Rafael Rofman “ajustar jubilaciones por la recaudación es una mala idea. Casi todo el mundo lo hace por inflación, salarios o una combinación de ambos, por buenas razones para eso. El objetivo de la movilidad es proteger el poder adquisitivo de los beneficios, dándoles previsibilidad”.

   Para el referente en temas de Seguridad Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) al ser la recaudación muy volátil (sube en época de vacas gordas, baja en la de flacas) los haberes de los pasivos se verán afectados negativamente.

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   “Me parece razonable que los haberes no crezcan por encima de lo que recauda la Anses. Comprendo la tesitura de quienes opinan otra cosa, pero no se puede prometer lo que no se puede pagar”, explicó el también economista Jorge Colina, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).

Un debate incompleto

   Más allá de la pertinencia o no de la fórmula de ajuste propuesta, el sistema previsional adolece de un claro problema: su financiamiento. Es que los aportes personales de los trabajadores registrados y las contribuciones de los empleadores constituyen el grueso de los ingresos del sistema previsional argentino.

   Y en ese sentido, la tasa de sostenimiento, que relaciona cantidad de aportantes al sistema con respecto a la cantidad de beneficios pagados, pasó de 1,72 a 1,94 entre 2009 y 2014, para describir una trayectoria descendente de allí en adelante, producto de la ampliación de la moratoria previsional, que se produce a partir de la ley Nº 26.970.

   Más: en 2005, el Estado pagaba más de 3 millones de jubilaciones y pensiones, pero diez años más tarde pasó a pagar más del doble.

   A futuro, con un nivel de empleo no registrado que promedia el 30 % a nivel país, la cantidad de aportantes se halla seriamente comprometida, de forma que el crecimiento económico y la generación de puestos laborales registrados serán claves para morigerar el deterioro.

   Conclusión: la sustentabilidad del sistema parece estar más atada al crecimiento del empleo registrado (aportes y contribuciones) que a la fórmula utilizada para el ajuste de los haberes e, indirectamente, a la inversión y expansión económica.

   “¿Qué posibilidad tiene el jubilado, el retirado, quien ya aportó, de intervenir en políticas serias de empleo que contribuyan a mejorar el resultado práctico de la fórmula?”, se preguntó Bernabei,

   Para Colina se deben desactivar las moratorias que aumentan el gasto no sostenido con aportes, eliminando los dobles beneficios que cobran algunos jubilados.

   “Hay pasivos que suman pensión y jubilación por ejemplo. Lo ideal sería que el beneficiario opte por uno o por otro”, sostuvo.

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