Lucrar con el dolor ajeno

Alertan por el accionar de abogados "caranchos" en Bahía Blanca

22/9/2019 | 06:30 |

Captación ilegal de clientes y millonarios réditos por accidentes laborales. El Colegio departamental aconseja la libre elección de un profesional y analiza si hay delito.

Montaje de imágenes: Guillermo Kluin. Fotos: Rodrigo García y Pablo Presti-La Nueva.

Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com

   No está Ricardo Darín, personificado en el abogado Sosa, ni la médica Luján que encarnaba Martina Gusmán. Tampoco vino Pablo Trapero a asumir la dirección como lo hizo con la exitosa película que se estrenó en 2010.

   Sin embargo, en Bahía sobrevuelan los “caranchos”. Y parece que cada vez más.

   Como las aves rapaces que se alimentan de la carroña, existe en nuestra ciudad un grupo de abogados que viene lucrando, cada vez con mayor intensidad, gracias al dolor ajeno.

   A punto tal que encendieron las alarmas del Colegio que nuclea a los profesionales del derecho.

   “Es otra modalidad de caranchismo”, advierte Rafael Gentili, presidente de la institución.

   No “fabrican” accidentes ni se “inflan” lesiones, como puede inferirse del premiado film pero sí captan de manera ilegal a potenciales clientes que sufrieron un accidente laboral.

   “Lo observamos permanentemente. Es un grupo menor (de abogados); los tenemos identificados a casi todos. Trabajan por fuera de lo que establecen las normas de ética y de ejercicio profesional”, sostiene Gentili.

   Sin embargo no hay denuncia penal porque no existen pruebas de la tipifación de un delito. Al menos por ahora.

Hernán Silva y Rafael Gentili, referentes del Colegio de Abogados de Bahía Blanca.

   “Para que configure una estafa o una defraudación tiene que existir un perjuicio económico en la víctima. Si solo hubo una captación ilegal, pero al paciente después le fijan el porcentaje de incapacidad que corresponde, no habría delito. Sí podría incurrir en este tipo penal en caso de ‘apurar’ a la víctima para firmar los papeles o para asegurar los honorarios”, explica Hernán Silva, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados.

   Esa “celeridad” puede significar que la víctima, para cobrar rápido, se vea persuadida por el “carancho” y acepte un porcentaje inferior por su incapacidad.

“Dateros” que hacen su aporte

   Cómo llegan los “caranchos” a tomar rápido contacto con los accidentados: a través de “dateros”.

   “Tienen conexiones en las guardias hospitalarias, con ambulancias y fuerzas policiales, que son los que siempre dan los primeros auxilios.

   Obviamente que estas personas tienen una retribución por esa información”, asegura Gentili.

   Ni bien el paciente recibe la asistencia se le facilita la tarjeta de los estudios jurídicos que hoy están bajo la lupa.

  Hasta algunos taxistas que trasladan a los accidentados a las Comisiones Médicas de las ART -para su evaluación- entregan las mismas tarjetas.

   La víctima accede muchas veces porque la toman en un estado de indefensión, de vulnerabilidad y sin saber de qué manera opera el sistema.

   “Lo que tiene que saber el paciente es que en una situación de accidente de trabajo tiene plena libertad para contratar a su abogado de confianza. A ese abogado, sea quien sea, sus honorarios le van a ser pagados por la ART. No hay ningún caso que justifique la urgencia de designar un abogado”, remarca Gentili.

   El trabajador tiene que nombrar a un abogado de manera obligatoria porque necesita de su firma para homologar el porcentaje de incapacidad que va a determinar la suma indemnizatoria a recibir.

   La SRT tiene un cuerpo de abogados gratuitos, aunque Gentili y Silva observan cierta “incompatibilidad” en esa alternativa.

   Es que se trata de profesionales que cobran sus ingresos por intermedio de un convenio que la superintendencia mantiene con la Universidad de Buenos Aires, sin que ello le aporte un valor agregado a los intereses del trabajador, por que - reiteran - los honorarios son siempre a cargo de las ART, pudiendo haber un conflicto de intereses.

   De hecho, existen casos en los cuales un trabajador disconforme con la indemnización ofrecida acude a la justicia y obtiene entre 3 y 6 veces más de lo que pudieron conseguirle en la instancia de origen.

   Otra pata clave de la estructura que está bajo la lupa son las comisiones médicas, encargadas de resolver las diferencias entre las ART y los pacientes, tanto en el porcentaje de incapacidad como en el tratamiento.

   “Alguien de las ART también brinda los teléfonos de los accidentados para que los contacten. También surge la información desde adentro de las comisiones médicas”, sostiene Gentili.

Hay, por día, 9 audiencias

   Las organizaciones de “caranchos” generan ingresos millonarios por este tipo de prácticas.

   Con un leve crecimiento en el tiempo, en esta región -incluye Bahía, Punta Alta, Tres Arroyos, Coronel Suárez y Tornquist, entre otros distritos- se produce un promedio de 9 audiencias de homologación por día.

   Las ART les pagan a los abogados entre el 10% y el 20% por cada indemnización.  

   Algunos estudios capitalinos cuentan con calculadoras on line para este tipo de situaciones: un trabajador de 25 años, que sufre una incapacidad del 10% y cobra 40 mil pesos de sueldo puede recibir más de 600 mil pesos por un accidente o enfermedad laboral.

En la delegación local de Trabajo hay afiches que advierten sobre esta situación.

   La misma maniobra sospechosa que se da en Bahía se advierte en otros departamentos judiciales, como Azul, Moreno-General Rodríguez o Necochea.

   “Generan honorarios en escala porque son muchos casos”, marca Silva.

   Creen que puede tratarse de una organización porque existe “una publicidad uniforme”, con un mismo teléfono 0-800 de consultas.

   “Son todas prácticas que están alejadas a las formas que los abogados tienen que procurarse clientela, en base a conocimiento”, asegura Gentili.

   La situación no solo afecta a los trabajadores, que pueden llegar a perder parte de los ingresos que les corresponden, sino también al resto de los abogados laboralistas, porque los “caranchos” están concentrando el mercado.

   “Con la Reparación Histórica sucedió algo parecido. Por publicidades engañosas del Estado se concentraron trámites en muy pocos abogados. En ese caso no había una captación ilegal en connivencia con las ART, sino que la mayoría no aceptaba el honorario que establecía la ley porque era ínfimo, de mil y pico de pesos, y algunos acumulaban hasta 250 reclamos por semana y así les daba la cuenta. A ellos, no al jubilado que veía afectados sus derechos”, compara Gentili.

   En Bahía hay dos Comisiones Médicas: Belgrano al 700 y Chiclana al 400. La otra sede departamental está en Punta Alta, donde hoy se resuelven las cuestiones medulares porque cuenta con más recursos y una audiencista titular, situación que no se da en nuestro medio.

  “No hemos tenido respuestas de las ART pero estamos en camino de obtenerlas. Son cosas que cuesta probar y visibilizar”, advierte Gentili.

   Fuentes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) confirmaron a La Nueva. que el área de Legales recibió un oficio desde el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, mediante el cual se manifiesta esta preocupante situación.

   En los ámbitos de las Comisiones Médicas aseguran que “nunca vieron nada raro” aunque también reconocen que “casi siempre son los mismos” abogados los que toman los casos.

   El Colegio, por otro lado, también impulsa -junto a otros sectores- la inclusión en el proyecto de reforma del Código Penal de una figura que se adapte a estos requerimientos, no solo para los letrados sino para aquellos que, con un afán de lucro, les suministren datos.

Pasa en todos lados y ya hay condenas

   En 2015, las ART llevaron a juicio a abogados que hostigaban a trabajadores, hasta por montar juicios fraudulentos.

   Sucedió en la Capital, tras la denuncia de estudios de abogados contra colegas que directamente se apostaban en la puerta de las clínicas a las que eran derivados los llamados “pacientes frescos”, para elevar la litigiosidad.

  “Lo sufren quienes lo necesitan de verdad y además generan un daño y desvirtúan el sistema”, reconoció un denunciante.

   También en Neuquén se hicieron eco de esta preocupante modalidad hace poco más de dos años.

   Detectaron la presencia de “caranchos” que captaban a enfermeros, camilleros y policías para obtener datos mediante el pago de entre mil y 2 mil pesos, según el interés del caso.

   Sin embargo, varios “dateros” fueron los que dieron a conocer la maniobra, porque muchas veces no llegaban a cobrar. También eran “carancheados”.

   Además hubo casos de abogados que directamente le “compraban” la causa a la víctima. Es decir que le pagaban una cifra determinada por cierto accidente y después obtenían un poder absoluto para negociar con las ART y lograr montos más jugosos.

   Un caso de referencia y que terminó con condena, es el del abogado Hugo Schiber, apodado “rompehuesos”.

El abogado Hugo Schiber fue condenado como jefe de una asociación ilícita.

   Un tribunal de San Isidro le impuso en mayo 18 años de cárcel como jefe de una asociación ilícita.

   Quedó probado en el juicio que se dedicaba a estafar a compañías de seguros con los cobros de indemnizaciones millonarias por accidentes simulados.

   “Nosotros quebramos piernas y brazos para ayudarlos a ustedes”, decía  Schiber, según una testigo.

   La realidad superó a la ficción. 

   Los acusados se aprovechaban de personas carenciadas, las llevaban a un galpón, les inyectaban xilocaína (anestésico), les ponían un pañuelo en la boca y una frazada sobre la cara para ahogar los gritos y luego les pegaban con una masa o una llave francesa hasta provocarles una fractura expuesta de tibia y peroné.

   Luego los trasladaban a una calle y “escenificaban” un accidente de tránsito.

“El remisero de la ART me recomendó al abogado”

   A mediados del año pasado, Valeria iba en bicicleta hacia su trabajo. Al doblar en una esquina céntrica, un automovilista abrió la puerta de manera imprevista y la golpeó.

   Valeria cayó violentamente y sufrió lesiones.

  Como estaba camino a su trabajo, tenía protección de la ART. 

   Diez sesiones de kinesiología con cobertura de traslado fueron parte de la primera asistencia.

   La ART le mandó el remís para llevarla al centro médico. La chofer que primero la trasladó no le dijo nada, pero sí lo hizo el dueño de la flota, que la llevó en el segundo viaje.

   -¿Qué te pasó...?

   Valería le explicó lo del accidente, el tipo de lesiones que había sufrido y el tratamiento iniciado.

   -¿Te pagan algo?

   -Que yo sepa no, salvo el tratamiento...

   -Ojo porque estos (los de la ART) no se van a hacer cargo. Yo tuve un accidente y solo me pagaron los gastos médicos. No me indemnizaron. Te puedo recomendar un abogado de confianza, te va a asesorar.

   Valería no solo recibió una tarjeta del profesional, sino que el remisero le entregó varias “para que repartiera en el trabajo, por las dudas”.

   Después de iniciar la gestión, el abogado le pidió que cuando firmara el alta médica lo hiciera en disconformidad. “Yo me encargo del resto”, le advirtió.

   Cuando el traumatólogo que la revisó le preguntó quién le había dicho que firmara en disconformidad se sorprendió. “Ah, bueno, acá todos vienen con abogado, ¿qué pasa?”, respondió el médico de manera espontánea. No la revisó ni le mandó a hacer estudios. Nada.

   Casi sin saber cómo era la operatoria, Valeria continuó. Un día la citaron a la Comisión Médica de la calle Chiclana y antes de presentarse ante la junta de evaluación recibió otra advertencia llamativa.

   “El abogado me agarró en la vereda, antes de entrar, y me aclaró que no dijera nada de la fractura, que iba a pasar como una lumbalgia, y que me iban a hacer agachar y estirar los brazos, pero que dijera que no podía hacerlo. Tuve que hacer el acting y así pasó. Me dieron una incapacidad de 6% y después me pagaron poco más de 200 mil pesos”, sostuvo Valeria.

   Recién el día del cobro el abogado le comunicó cuál era su arancel. “Se llevó el 20%. Le había preguntado mil veces y siempre me respondía con evasivas”, reconoció.

   A Valeria le quedaron varias sensaciones: que a nadie le importó su diagnóstico -hoy todavía tiene dolencias y limitaciones físicas- y que el abogado solo tenía un fin recaudatorio, aunque también cree que sin el patrocinio legal solo le hubieran cubierto la kinesiología. 

   El asesoramiento legal es imprescindible, pero para que sea pleno se requiere la prestación de un abogado de confianza.

 

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