Cómo opera la mafia de las usurpaciones en la periferia bahiense

Redacción de La Nueva.

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Por Maximiliano Allica / [email protected]

   Johana tiene 19 años y un bebé de 7 meses. Vivía con su novio en una pieza al fondo de la casa de su madre, en un barrio de la delegación Noroeste. Poco después de nacer su hijo se mudaron a una casita de chapas, cerca del lugar. Le pagaron al “dueño” 20.000 pesos y arreglaron 10 cuotas de 2.000 por mes.

   A las pocas semanas les llegó un aumento a 2.500 para luego ir subiendo a 3.000, sin posibilidad de negociación. Lo discutieron, pero no demasiado. Amenazados, se tuvieron que ir sin recuperar un centavo. Ni Johana ni su pareja hicieron la denuncia porque tuvieron que volver a la casa familiar, que queda demasiado cerca. Según le dice la joven mamá a “La Nueva.”, tienen miedo.

   En Bahía Blanca existe un mercado inmobiliario paralelo en los barrios periféricos, donde rige la ley del más fuerte. El origen suele estar en tomas de terrenos que derivan en la apropiación de varios lotes en pocas manos. Una vez que la persona o grupo de personas se asegura el control, empieza el negocio.

   En algunos casos, la compraventa es “limpia”. Es decir, vendedor y comprador pactan un precio, se paga y se termina el tema. En otros, como el de Johana, la situación es más complicada.

   “Estas cosas ocurren y hay que decirlas. Las organizaciones sociales conocen este mercado paralelo, pero lamentablemente hay temor y la gente no se anima a denunciar”, dijo esta semana en LU2 la concejal Paola Ariente (PJ-Cumplir).

   Una vivienda de material de 4 por 3 metros, con baño adentro, puede valer entre 70 y 90 mil pesos. Una de chapa o un terreno semivacío, alrededor de 30 o 40 mil. Por supuesto que los precios son muy variables, según la ubicación e incluso de la inflación. Si en una toma alguien se asegura 10 o 12 lotes puede ganar cerca de medio millón de pesos.

   Los vendedores más pesados funcionan parecido a los dealers que manejan mucho volumen de droga. No tienen problemas en dar financiación, pero al menor atraso empieza a aparecer la violencia. De hecho, es normal que ambos negocios se crucen y potencien.

   El problema no es nuevo y tanto para la Justicia como para el Municipio no resulta sencillo intervenir. En el primer caso, porque no hay denuncias formales; en el segundo, por lo mismo y porque muchas veces estos intercambios se realizan en terrenos privados o de los Estados provincial y nacional.

   Sin embargo, de vez en cuando, algunas causas judiciales sacan a flote el problema. El fin de semana pasado José Luis Tarabelli, de 37 años, fue asesinado de un tiro en el pecho supuestamente por la disputa de un terreno en el barrio Tierras Argentinas.

   Si bien la investigación está dando los primeros pasos, se cree que el acusado de darle muerte, Roberto Gutiérrez (28), lo enfrentó por la ocupación del lote, mientras que otra versión indica que el conflicto derivó de un trabajo de albañilería que dejó disconforme a Tarabelli.

   Tierras Argentinas es uno de los asentamientos que más creció en los últimos años en nuestra ciudad, con cientos de familias radicadas. 

   Trabajadores sociales que recorren con frecuencia el sector dicen que los conflictos por estas razones no son comunes en ese barrio, aunque admiten que conocen de inconvenientes por terrenos en otros sectores.

Batalla campal y muerte

   Si bien la mayoría de los problemas terminan en peleas y daños relativamente menores, existen antecedentes sangrientos. Uno de los más graves ocurrió en julio de 2004, cuando se produjo una pelea entre más de 10 personas por un terreno en Islas Malvinas al 4300, que derivó en la muerte de Raúl Larraburu (46 años).

   Según sus allegados, integrantes de una familia de apellido Schneider comenzaron a demarcar el terreno, lo cual motivó una discusión entre miembros de ambos grupos.

   Seis años más tarde, Gustavo Schneider recibió 11 años de prisión por el crimen, similar pena que Raúl Schneider dos años después. Su padre Alejandro permaneció prófugo hasta junio de 2016, momento en que fue atrapado, apenas 15 días antes de que prescriba la causa. Lo condenaron a 9 años de cárcel pero por problemas de salud recibió el arresto domiciliario.

   Otro hijo, también llamado Alejandro, logró que no lo responsabilicen por el asesinato de Larraburu. Sin embargo fue detenido en 2017 por liderar una banda dedicada al robo de ganado en nuestra región.

   Antes, en 2012, se lo vinculó a otra violenta disputa por la posesión de terrenos, en Villa Harding Green. La persona agredida, Luis Alfredo Román, terminó con heridas en el Penna.