El camino hacia el desarrollo

Ley de Economía del Conocimiento: ¿por qué Bahía Blanca puede ser protagonista?

2/6/2019 | 08:00 |

La flamante normativa establece importantes incentivos para las empresas de un sector intensivo en empleo calificado. Varias firmas locales se favorecerán.

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

      Francisco Rinaldi

      frinaldi@lanueva.com

     En Argentina, el país de la grieta, las políticas de largo aliento no son lo que abunda.


      Acostumbrados a los vaivenes de una economía que parece vivir en un eterno sube y baja, palabras como “estabilidad” o “planificación” parecen de ciencia ficción.


     Sin embargo, hay excepciones que abren esperanzas para un país necesitado tanto de divisas genuinas como de fuentes de trabajo.


      Pensada para dar previsibilidad por al menos una década a un sector intensivo en mano de obra calificada, tercero en el ránking de los mayores exportadores argentinos y creador de más de 210.000 empleos, la ley de Economía del Conocimiento es un ejemplo del rumbo que debería tomar nuestro país sino quiere llegar tarde al tren del desarrollo económico.


       La flamante normativa constituye una mejora con relación a su antecedente inmediato –la ley de Promoción del Software, con vigencia hasta fin de año-- ya que abarca a más actividades relacionadas con el conocimiento, como la bio y nanotecnología, la industria audivisual y la robótica, entre muchas otras.


        En nuestra ciudad, ley de Economía del Conocimiento podría dar un decidido impulso a una de las actividades con mayor futuro para nuestra economía: la industria del desarrollo de software.


       “Es muy positivo porque se consideran importantes reducciones en el costo de la mano de obra. Y eso para nosotros es fundamental, ya que nuestra industria es altamente intensiva en recurso humano calificado”, resume su valoración con respecto a la ley Mauro Gesuitti, bahiense, ingeniero en Sistemas de Computación de la UNS y socio de Neocomplexx Group, firma local que ofrece desarrollo de software para el sector salud y los agronegocios.


       Agregó que los márgenes de la industria “son bajos, oscilan el 15%”, con lo cual, la reducción de costos laborales es un claro aliciente.


      En concreto, la normativa -aún no reglamentada- prevé un Mínimo No Imponible (MNI) de 12.000 pesos para las cargas sociales de cada empleado.


        La cifra es el límite máximo estipulado por la Reforma Fiscal que el Gobierno promulgó en 2017, pero recién se aplicará en 2022 para el resto de las empresas no contempladas en la ley.


       Además, hay bonos fiscales para las cargas sociales que deban pagarse por el exceso del MNI   -algo que ya contemplaba la ley de Promoción- a aplicar en IVA o Ganancias.


       Adicionalmente, se fija una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las Ganancias, y se prevé alivio fiscal para los exportadores que hayan abonado o se le hayan retenido impuestos similares al Impuesto a las Ganancias en el país destino de la exportación. En este caso, se brinda la posibilidad de deducir lo pagado del impuesto a las Ganancias nacional.


        También se proyecta estabilidad fiscal, ya que las empresas no podrán ver aumentada su carga tributaria total nacional a partir la inscripción en el registro habilitado a tal efecto.


        “Un aspecto muy positivo es que la nueva normativa favorece el ingreso a las nuevas empresas. En ese sentido, la anterior era algo más restrictiva. Ahora, acreditando que el 70% de la facturación proviene de la economía del conocimiento, que en nuestro caso es desarrollo de software, se permite acceder a los beneficios de la misma, aún con sólo 3 años de antigüedad”, señala  Gesuitti.


       Acota que la certificación de calidad solicitada para aplicar también se flexibiliza, ya que bastará con demostrar que se está trabajando en una norma de calidad, aunque no se haya hecho efectiva la acreditación por parte de un organismo.

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Requisitos

     La ley de Economía del Conocimiento exige la inscripción de las firmas en un Registro especial y el cumplimiento de al menos dos de los siguientes requisitos: poseer una inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) de productos del 3% de la facturación, destinar el 8% de la masa salarial a la capacitación de los empleados o exportar el equivalente al 13% de la facturación.

     Las exigencias no son muy diferentes de las vigentes en la ley de Promoción del Software, aunque son de más fácil alcance: antes se exigía un I+D del 5% y exportaciones del 10% de la facturación, aunque se amplía la gama de actividades y servicios alcanzados por la misma.

     La ley actual da estabilidad por 10 años, a diferencia de su antecedente inmediato, que necesitaba ser renovada continuamente y por por períodos cortos, dificultando la planificación estratégica.

     “La ley es positiva. Toda regulación que fomente el crecimiento de un sector estratégico, como el del conocimiento, es bienvenida para mí, porque fomentar dichas actividades intensivas en profesionales altamente calificados siempre es bueno”, señala Ariel Trellini, también bahiense, egresado de la licenciatura en Ciencias de la Computación de la UNS y socio en Assertia Solutions, una empresa que vio la luz en 2015, tras 16 años de trayectoria en la industria.
 

     La firma exporta el 90% de su facturación a destinos como Chicago o San Antonio en los EE.UU. y cuenta con una cartera de clientes que abarca desde pymes hasta grandes multinacionales del entretenimiento en el país del norte.
  

     Pese a ello, para Trellini, la normativa en cuestión “no debe considerarse una bala de plata para que los sectores involucrados crezcan en términos de volumen de negocios y de puestos de trabajo involucrados. Se debe seguir trabajando en políticas complementarias que ayuden en otros dos aspectos fundamentales, como el capital humano y la inserción internacional de este tipo de empresas”.

Falta gente

      La industria vive un permanente exceso de demanda de profesionales calificados de carreras tecnológicas, fenómeno que se suele ver agravado por la enorme posibilidad de rotar por parte de los empleados.

     “Hay que pensar que un profesional de la tecnología hoy tiene la posibilidad de trabajar free lance cómodamente desde su casa  y ganando en dólares. Por eso, hay que ofrecer salarios acordes, sino, la gente se te va”, admite  Gesuitti.

      De allí que resulta deseable incrementar la cantidad de profesionales egresados de las carreras involucradas, fomentando el estudio de las mismas.

      “Además, hay que crear espacios para que las empresas y capacidades argentinas sean visibles en los principales mercados que consumen tecnología. Sin negocios, el sector tampoco puede crecer. Centrarnos en la demanda interna no permitiría expandirnos en la dimensión que se espera para que estas industrias sean protagonistas la economía nacional”, reflexiona Trellini.
 

Diferencial a favor

      En un mercado donde el techo es el mundo, Irlanda, los países de Europa del Este y la India son los principales competidores.

      Pero el desarrollador de software local tiene muchas ventajas frente a sus pares del exterior.

       Una de ellas tiene que ver con la formación generalista que ofrecen las carreras que se imparten en las Casas de Altos estudios de la ciudad, tan sólo una muestra del grado de excelencia del recurso humano bahiense, patrimonio de la educación pública.

       “También somos más propensos a aportar sugerencias cuando detectamos que algo es mejorable, incluso más allá del alcance de nuestras tareas. Y el huso horario nos favorece con respecto al este europeo y Asia”, explica Trellini.

       Con la nueva ley y políticas ad hoc, el sector tiene todo para escribir una historia de éxito. La buena noticia, es que Bahía Blanca puede ser protagonista.  

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