Presos: se tensa la cuerda entre la Suprema Corte y la gobernadora
En el marco de una causa por detenidos en calabozos clausurados en Lomas de Zamora, el tribunal supremo bonaerense volvió a enviar un fuerte mensaje al Poder Ejecutivo. La situación impacta en nuestra región.
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A poco más de 3 meses de lo que se considera una de las mayores tragedias en comisarías del país, como la muerte de 10 detenidos en una seccional de Esteban Echeverría que estaba inhabilitada para ese fin, la Suprema Corte de Justicia Bonerense (SCJB) volvió a mandar un fuerte mensaje al Poder Ejecutivo en la búsqueda de soluciones al problema de la sobrepoblación carcelaria, situación que también impacta en nuestra región.
El máximo tribunal provincial intervino en un habeas corpus colectivo por la presencia de detenidos en los clausurados calabozos de la comisaría Séptima de Lomas de Zamora (Villa Centenario).
El Tribunal en lo Criminal Nº 2 de ese distrito giró las actuaciones a la Corte, tras denunciar que el agravamiento del panorama generaba, directamente, un conflicto de poderes, según lo regulado por el artículo 161, inciso 2, de la Constitución Provincial.
La SCJB no le dio la razón, aunque el fallo fue dividido (dos de los 6 jueces votaron en ese sentido).
En el caso de la Séptima de Lomas de Zamora, el traslado de los detenidos al Servicio Penitenciario Bonaerense se había concretado, aunque el Ministerio de Seguridad -a través de la Policía y contra lo que dispuso la Justicia- volvió a permitir nuevos alojamientos en el lugar.
En este mismo marco, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó al Estado bonaerense la adopción de “medidas urgentes” en 15 comisarías de la provincia, como lo había hecho con otras 6 hace 3 años.
Al menos por ahora
El voto mayoritario de la Corte (Daniel Soria, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Luis Genoud) consideró que técnicamente no se daba, al menos por el momento, un conflicto de poderes, es decir cuando un poder del Estado denuncia injerencia, avasallamiento o desconocimiento de sus competencias por parte de otro.
Explicó que "no están agotadas las vías", ya que los jueces cuentan con "fuerza pública" para imponer "a los funcionarios renuentes" sanciones económicas o denunciarlos penalmente.
De todas maneras, sí reconocieron la existencia de "acuciantes falencias" que el organismo viene marcando desde hace varios años, con mayor insistencia a partir de 2015.
La comisaría Tercera de Esteban Echeverría, donde murieron 10 detenidos en noviembre, tenía ordenadas 7 clausuras.
Y también expresaron su preocupación por la falta de respuestas del Ejecutivo a los planteos, a partir de pedidos girados al ministro Cristian Ritondo y a la gobernadora Vidal, que no son respondidos convenientemente e incluso muchas veces fuera de término.
Genoud pidió "unir problemas y soluciones" y destacó que en junio de 2002 publicó una columna en el diario "Clarín", bajo el título "Demasiados palos en la rueda", en la cual reclamaba colaboración de la Nación, a través del Servicio Penitenciario Federal, para aliviar a la provincia.
"Han transcurrido casi 17 años y la situación empeoró, ante la inacción de quienes tenían entre sus competencias la facultad de solucionar este problema", advirtió, para agregar que "la superpoblación de detenidos es exclusiva responsabilidad de los poderes políticos provinciales y federales que tienen que solventar la cuestión".
En minoría, Héctor Negri y Eduardo de Lázzari sí evaluaron como concreta la existencia de un conflicto de poderes entre la Justicia y el Ejecutivo.
"Resulta inadmisible en un estado de derecho que la formal solicitud de este poder del Estado, concebida en el marco de sus atribuciones constitucionales, sea absolutamente ignorada", dijo De Lázzari.
En Bahía también hay fallos que no se acatan
Distintos jueces de nuestro ámbito también han dictado fallos por serias falencias en los lugares de detención, tanto en la comisaría Primera como en las cárceles de Villa Floresta y Saavedra, que se desoyeron o se cumplieron parcialmente.
La jueza Susana Calcinelli, por caso, había ordenado la clausura del pabellón femenino en la UP4, por instalaciones de gas y electricidad muy precarias, aunque nunca se cumplió.
Y también hubo inconvenientes con la provisión mínima de colchones en ambas instituciones.
Más de una vez se dispuso el traslado urgente de los detenidos, pero al poco tiempo la situación se volvía a desbordar.
Emergencia: casi una bomba de tiempo
Cuadro. La gobernadora decretó la emergencia penitenciaria, aunque no es una medida nueva en el último tiempo. Se ha dictado al menos 15 veces en los últimos 18 años, lo cual marca la magnitud y extensión de la problemática.
Exceso. El Servicio Penitenciario Bonaerense cuenta con 42.500 internos en 29 mil plazas. La tasa de recambio de detenidos (diferencia entre los que entran y salen por año), que hasta 2017 era de 3.500, ya superó los 4.000.
Inauguración. Hace algunos días el gobierno provincial inauguró una nueva cárcel en Campana, con capacidad para 616 internos de entre 18 y 21 años.
Espacio. A fines del año pasado, la Corte bonaerense ya le había ordenado al Tribunal de Casación Penal la creación de un espacio interinstitucional para el abordaje integral de las condiciones de detención en cárceles y comisarías, con informes periódicos.