Gobernadores y CGT, duros con las reformas

4/11/2017 | 08:01 |

Por
Pablo Wende

Los “consensos básicos” que planteó en el arranque de esta semana el Presidente Mauricio Macri por ahora no son tales. Aún está muy lejos la idea de encaminar a toda la sociedad detrás de determinados objetivos para reducir la pobreza. La idea básica detrás del mensaje presidencial, “todos ponen”, aún está muy lejos de haber calado hondo entre los distintos grupos de poder.

Los primeros en salir a protestar fueron los gobernadores, al menos alguno de ellos. Es que las provincias tendrán una responsabilidad importante a la hora de reducir la carga impositiva. Según los cálculos que maneja el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el aumento de la masa de coparticipación que la Nación transferirá a las provincias generará un fuerte superávit fiscal en las estas últimas. Una situación inédita para la economía argentina. Ese aumento de las transferencias está dado por el fallo de la Corte que lo dispuso sobre el final del gobierno de Cristina Kirchner.

“En los próximos años las provincias pasarán de un déficit fiscal de 0,5% a un superávit de 3% de PBI. Pero no queremos que ahorren, sino que bajen impuestos”, señalaron en el ministerio de Hacienda.

Adelantan así la pelea que se viene, que apunta a una fuerte reducción de Ingresos Brutos y Sellos. Se trata de dos gravámenes que vienen subiendo fuerte en los últimos años y que financiaron la fiesta del gasto provincial, sobre todo por la expansión del empleo público. La disminución gradual de Ganancias y Cheque también le pega a las provincias, ya que se trata de dos impuestos coparticipables. El camino lo empezaron a marcar la ciudad y la Provincia de Buenos Aires, que comenzaron el camino para reducir Ingresos Brutos, pero aumentando los impuestos que se cobran a los individuos, en particular el Inmobiliario.

La presión sobre las provincias va más allá. La ley de responsabilidad fiscal las obliga a mantener a raya el gasto, que no puede subir por encima de la inflación. El objetivo es que mantengan la austeridad en épocas de vacas gordas, es decir de crecimiento económico. Todo lo contrario a lo que pasó toda la vida en la Argentina: las mejoras de ingresos tienen se han despilfarrado con una facilidad pasmosa en los últimos años.

Los cambios en los impuestos internos también generaron la reacción de varios mandatarios provinciales, en especial la aplicación gradual de un gravamen de 17% para el vino, pero que en realidad se aplica a todas las bebidas con contenido de alcohol.

Claro que la industria vitivinícola se verá fuertemente afectada por este nuevo impuesto, que pega de lleno en uno de los sectores emblemáticos de las economías regionales. Mendoza (uno de los bastiones de Cambiemos) y Salta, por ejemplo, sufrirían un fuerte impacto en caso de que se avance según lo propuesto. Todo esto presagia una dura pelea que se trasladará al Congreso. Sin embargo, así como fue redactada parece imposible que la reforma tributaria tenga posibilidades de avanzar sin modificaciones.

Los sindicatos, por su parte, ya pusieron el grito en el cielo por la reforma laboral propuesta por el Gobierno. Lejos de las consignas lanzadas por Macri, piensan dilatar una reunión con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Y consideran que no se cumplió la promesa oficial sobre los cambios propuestos para el sector, que son mucho más contundentes que los tímidos enunciados que se habían lanzado en la previa electoral. Encarar la agenda laboral, sin embargo, resulta fundamental para mejorar la competitividad de las empresas y que la Argentina se vaya integrando de a poco al mundo.

Los empresarios prefieren manejarse con cautela. Apoyan públicamente, pero no esconden sus objeciones en privado. El sector financiero, por supuesto, se ve impactado por el impuesto a la renta financiera. Pero algunos banqueros como Gabriel Martino, presidente del HSBC, salieron públicamente sin embargo a apoyar la iniciativa. El argumento es que el objetivo de baja el déficit resulta más relevante que el impacto puntual sobre la actividad bancaria. Por otra parte, el impuesto que se aplicará a los ahorristas será uno de los de más baja recaudación al menos en el arranque: se proyectan $ 20.000 millones para el año próximo.

El consenso empresario es que las reformas apuntan en la dirección correcta, aunque hubieran preferido una baja más rápida de impuestos distorsivos. El gradualismo fiscal, que recibió el apoyo en la elección legislativa, no permite avanzar más rápido. En realidad, para que la carga impositiva baje más rápido primero tendría que reducirse el tamaño del gasto público en relación al PBI. Y ese proceso aún es muy largo, pero se empiezan a ver los primeros resultados: de un nivel máximo de 42,2% del Producto en 2015, se pasará este año al 40%. Pero aún así se trata de valores extremadamente altos, que exigen un esfuerzo mayor de austeridad. Y a la vez impide que la baja de impuestos sea más rápida, como es la exigencia empresaria.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias