La justicia Federal debe resolver el pedido de excarcelación de Suris
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La Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad debe resolver un pedido de excarcelación presentado por el defensor oficial José Ignacio Pazos Crocitto en beneficio de su asistido, Juan Ignacio Suris, quien está preso en la cárcel de Saavedra imputado junto con otros empresarios y profesionales bahienses del delito de asociación ilícita fiscal, que prevé un monto mínimo de pena de tres años y seis meses de prisión.
La defensa de Suris --que a fines del año pasado fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal tras ser acusado de liderar una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes-- había solicitado la medida el 20 de mayo ante el juez de Junín Héctor Pedro Plou, interinamente a cargo del juzgado Federal Nº 1, quien rechazó el pedido.
Por lo tanto Pazos Crocitto apeló ante la Cámara la resolución emitida en el juzgado de primera instancia, fundamentando que su cliente cumplió el plazo legal de dos años procesado con prisión preventiva y sin sentencia.
El artículo 1 de la ley 24.390 establece que “la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia”.
“No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse por un año más”, indica la norma.
El 21 de marzo pasado el patrocinante legal de Suris había requerido también su excarcelación, pero al día siguiente el TOCF dispuso que siga preso sospechado de falsificar facturas y vender IVA por un monto cercano a los 14 millones de pesos, a raíz del riesgo de fuga.
“Una vez que la causa está en el Tribunal Oral, intervenimos nosotros (en referencia a la Fiscalía Federal) y la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) como querellante.
Cuando la causa llegó al Tribunal Oral, este advirtió que se había notificado el pedido de elevación a juicio de la causa de la fiscalía pero no el del querellante”, explicó el fiscal general federal Alejandro Cantaro.
“Entonces el Juzgado (Federal Nº 1) lo devolvió para que notifiquen. Notificaron a todos y (Juan) Pipkin (uno de los imputados) se opuso a la elevación a juicio de la causa por parte de la AFIP, pero no se había opuesto a la de la fiscalía”, agregó.
“Una vez que la Cámara resuelva si es correcto el pedido de elevación a juicio por parte de la AFIP, la causa irá a juicio. Es bastante extraño que la causa esté parada por esto, porque aunque la Cámara le diera la razón a Pipkin, revocara la decisión del juez y dijera que el encartado se opone correctamente al pedido de elevación a juicio presentado por la AFIP, la causa igualmente irá a juicio porque sigue vigente nuestra acusación”, finalizó Cantaro a este diario.
Cuando la causa se halle en el TOCF, tomará intervención la fiscal general María Cristina Manghera.
En base al calendario de audiencias del tribunal, Cantaro estimó que el debate por la causa de asociación ilícita fiscal daría comienzo en dos meses. A Juan Suris se lo acusa de crear seis empresas (Scarsur Bahía, E&J Argentina, M-Magna, Attimo Bahía, CVP Industria y Bahía Acoplar) para realizar operaciones ficticias (compra y venta de bienes o servicios) entre las llamadas usinas, y otras firmas reales, a fin de evadir impuestos.
Los miembros de la organización
También su padre. Además de Juan Suris, único detenido por considerarlo jefe de la asociación ilícita, están imputados su padre Eduardo, el contador Domingo Goenaga, el piloto de automovilismo Juan Pipkin, Flavio Carrano y Nicolás Ibarra Gutiérrez, a quienes se los sindica como miembros de la organización.
En febrero de 2014, al prestar declaración el empresario bahiense negó haberle vendido facturas al Coprotur y la Municipalidad, y dijo que realizó venta de facturación a las empresas Málaga Construcciones, que efectuó varias obras públicas; Ingeniería Reyes, Fabián Karas, Expocar SA y Autocar SA.
En dos meses. El juicio por asociación ilícita daría comienzo en dos meses.