Muerte por hepatitis C: revocaron el sobreseimiento del doctor Baroni
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La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocó el sobreseimiento del director médico del Instituto de Diagnóstico Digestivo, donde hace 4 años se produjeron, por contagio, 6 casos de hepatitis C, uno de ellos mortal.
De esta manera, el doctor Roberto Eduardo Baroni deberá ir a juicio, al igual que los otros procesados: el médico Oscar Gustavo Casalini, el anestesista José Luis Calió y la técnica radióloga Gladys Susana Rivadeo, todos acusados de homicidio culposo (un caso) y lesiones culposas (cinco hechos).
La sala II (doctores Hernán Alfredo Mones Ruiz y Guillermo Emir Rodríguez) aceptó el planteo de los abogados José Luis Alonso y Rubén José Diskin, representantes de los particulares damnificados.
La fiscal Olga Herro, en principio, había pedido que Baroni vaya a juicio, aunque, una vez que la jueza de Garantías Gilda Stemphelet dictara su sobreseimiento, el fiscal general, Juan Pablo Fernández, desistió de apelar.
Los hechos sucedieron los días 5 y 10 de septiembre de 2012, en la clínica que funcionaba en Gorriti 371. Todos los pacientes afectados fueron atendidos con el mismo gastroenterólogo y anestesista y con idéntico mecanismo de sedación, aunque realizaron diferentes tipos de endoscopía.
Como resultado del contagio, Mónica Graciela García Suárez falleció tiempo después y otras cinco personas (Gastón Piazza, Mariano Antonio Palma, Victoria Giaggiotti, Valeria Zappacosta y Mario Engraf) sufrieron lesiones graves.
Dos hipótesis de contagio
A partir de las pruebas reunidas (especialmente pericias y testimonios) se estableció que las vías de contagio pudieron ser dos: la reutilización de objetos descartables en la sedación o el incumplimiento de las normas de protocolo sobre la limpieza y desinfección de los aparatos endoscópicos.
Los dichos de varios pacientes que se atendieron en esas fechas constituyen un fuerte indicio de las condiciones generales y de higiene de la clínica. De hecho, una médica veterinaria, conocedora de bioseguridad, dijo que le había llamado al atención que el suero y la vía "estaban usados".
Otra testigo remarcó como sorprendente la cantidad de gente que entraba y salía de las salas donde se practicaban los estudios.
El médico Sergio Seri, director de Fiscalización de Región Sanitaria I, concluyó que, de cumplir con todas las medidas de seguridad de esterilización y desinfección (trámite que demanda unos 30 minutos), no hubiera sido posible, en el horario de atención previsto, realizar 22 estudios el día 5 de septiembre de 2012 y 14, el día 10.
"Una práctica habitual"
Los camaristas reconocieron que Baroni, como director médico, no podía controlar la labor de todos los profesionales, aunque "conocía las circunstancias generales en las cuales se realizaban los estudios".
Explicaron que los días que Baroni atendió para esa fecha, el 6 y el 11 de septiembre de 2012, concurrieron más pacientes que los días de contagio, con lo cual otorgar tantos turnos por día era "una práctica habitual".
"No solo no la desconocía (Baroni), sino que la aceptaba", sostuvieron.
Rivadeo era asistente tanto de Casalini como de Baroni y "empleaba las mismas técnicas de limpieza y desinfección con ambos". Ese dato, según la Cámara, "lejos de desligar a Baroni, lo compromete aún más", teniendo en cuenta que la "modalidad imprudente" era la misma en todos los casos.
"Tenía obligación de controlar la labor de los profesionales y las condiciones generales de higiene en las que se llevaban a cabo los estudios", agregaron.
Alquiler para la justicia
El edificio donde funcionara la clínica, que es propiedad de Baroni, según confirmaron algunas fuentes judiciales, estaría a punto de ser alquilado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense para el traslado de algunas dependencias, como Sanidad y la oficina de Notificaciones y Mandamientos.
El dato llama la atención porque la misma justicia que persigue penalmente al médico sería la que le alquilaría el inmueble. Según dijeron desde el área de Arquitectura, "solo falta la firma del contrato".
El traslado de esas dependencias judiciales permitiría la puesta en marcha, en la avenida Colón 46, del necesario Juzgado de Ejecución Nº 2, creado por ley hace 10 años pero que no funciona por falta de espacio físico.