Fueron excarcelados los dueños de un local nocturno
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Los dueños de un local nocturno de Punta Alta donde a fines de septiembre fueron localizadas 39 mujeres paraguayas que habrían ingresado de manera irregular en el país, supuestamente para ejercer la prostitución, fueron excarcelados en las últimas horas luego de dictarse su procesamiento y prisión preventiva, se informó ayer.
La medida, dispuesta por el juez federal Nº 1, doctor Alcindo Alvarez Canale, bajo fianza individual (caución real) de 7.500 pesos, benefició a Guido Santos Natale (48) y a su mujer, Olinda Margarita Huenchor (41), domiciliados en Colón 279, de la vecina ciudad, finca lindante con el comercio Play Boy, que fuera escenario del procedimiento.
Un día antes, el mismo magistrado había dispuesto el procesamiento y la prisión preventiva de ambos, por transgredir la ley de Migraciones Nº 25.871.
El procesamiento, por partícipe necesario en el ilícito, también alcanzó a Gabriel Darío Martínez (33), empleado del pub Luna Azul, de Roca 223, de Punta Alta, en cuyo interior fueron encontradas --en el marco del mismo operativo-- otras 11 jóvenes paraguayas en situación similar a las anteriores.
La citada normativa pena a quienes alojen "a título oneroso a los extranjeros que se encuentran residiendo irregularmente en el país".
También castiga al que proporcione trabajo u ocupación remunerada, con o sin relación de dependencia, a los extranjeros ilegales y, por otro lado, a la promoción de la prostitución y/o lucrar con ello.
El magistrado actuante fijó la responsabilidad civil (para garantizar la pena pecuniaria y la indemnización civil) de cada uno de los integrantes del matrimonio, en 120.000 pesos, mientras que en el caso de Martínez, la suma ascendió a 50.000 pesos.
No habría explotación
El operativo en los locales rosaleños, en el cual tomó intervención la Prefectura Naval, se originó a partir de una denuncia que llegó a nuestro país desde Paraguay --a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)--, que daba cuenta de la "trata de personas" en Punta Alta.
La versión indicaba que las mujeres, de entre 18 y 21 años de edad, eran sometidas a explotación sexual y severas restricciones de la libertad ambulatoria.
No obstante, avanzada la instrucción de la causa, ninguna de las testigos denunció maltrato, todas aseguraron estar trabajando en esos sitios por su propia voluntad y haber ingresado en territorio nacional por sus medios. Algunas, incluso, reconocieron haber regresado en algún momento a su país de origen.
De todas maneras, para el doctor Alvarez Canale está probado que se facilitaba la presencia ilegal de las extranjeras para obtener un beneficio.
Al ser indagado, Natale se desligó de los delitos y opinó que se trata de una "causa armada", que las chicas estaban en perfecto estado de salud y que ellas mismas --cuando él se encontraba entre rejas--, "por decisión propia, decidieron abrir solas el negocio" tras su arresto y que al menos quince lo fueron a visitar al lugar de detención.
Afirmó que, como comerciante, los únicos documentos que deben presentarle las empleadas son las libretas sanitarias, que estaban en término, y que él no tenía por qué saber si se trataba de extranjeras legales o ilegales.
Huenchor, por su lado, negó ser "patrona" de las supuestas prostitutas y estimó que la mencionaban de esa manera por tratarse de la "esposa del patrón".
¿Connivencia? Consultado por el fiscal Nicolás de la Cruz si tenía conocimiento de que autoridades policiales recibieran algún dinero en concepto de "colaboración", Gabriel Martínez, durante su indagatoria, manifestó que la dueña de Luna Azul, Elvia Concepción González, "le indicó personalmente que una vez por mes descontara de las ganancias de las chicas 20 pesos, para dárselos a la policía". Detalló que el promedio de alternadoras era de entre 17 y 18.