Delitos sexuales: crecen las denuncias, pero no los recursos para investigar

   Está claro que los tiempos de las víctimas y los de la Justicia no son los mismos. Aquel que denuncia un delito exige respuestas de inmediato, pero esa necesidad choca con el procedimiento legal, las exigencias del proceso y las carencias del propio sistema.

   Cúmulo de causas y falta de personal son dos cuestiones emparentadas con la demora en las investigaciones. La dificultad es aún mayor cuando a esto se le suman los inconvenientes que provocó durante varios meses la pandemia de COVID-19.

   En este sentido, un reclamo de aquellos que atraviesan un proceso judicial relacionado con un delito sexual es la espera para poder realizar las pericias psicológicas, una cuestión de suma importancia en la investigación de estos hechos.

   Así lo expresó una joven, quien en agosto pasado realizó una denuncia penal por un abuso sexual que habría sufrido su hija, por entonces de 3 años.

   La mujer señaló por el hecho a su expareja, luego de que la propia pequeña -según refirió- le mencionara algunas situaciones que la alertaron.

   “Me separé en octubre del año pasado. En una oportunidad el padre se llevó a la nena una semana y tras unos días me llamó diciendo que tenía fiebre y no se la podían bajar. La fui a buscar y la llevé al hospital, donde estuvo internada por una infección urinaria que llegó hasta los riñones”, dijo la denunciante a La Nueva.

   Explicó que la pequeña no controlaba esfínteres, pese a haber abandonado los pañales tiempo antes, y que en una charla reveló la situación.

   “Siempre le decía que nadie podía tocarla, pero en un momento mencionó algunas cuestiones muy específicas para una nena de su edad. Traté de mantener la calma para no asustarla, pero me contó lo que pasó”.

   Admitió que en ese momento recordó que cuando la nena tenía un año ya había atravesado una complicación de salud similar a la registrada días atrás.

   Gracias al apoyo de familiares y amigos, según sostuvo, tomó la decisión de concurrir a la Comisaría de la Mujer y la Familia para denunciar el caso. También realizó una presentación en la comisaría Quinta, por amenazas.

Larga espera

   La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14, a cargo de la doctora Marina Lara.

   Fuentes judiciales indicaron que el proceso se desarrolla en los carriles habituales y que se están llevando adelante las medidas procesales usuales para este tipo de hechos.

   Mientras tanto, el Juzgado de Familia Nº 2 le impuso al hombre una restricción de acercamiento por 90 días al domicilio de la denunciante, además de la imposibilidad de tener contacto personal con ella y la pequeña.

   La mujer expresó su preocupación por el hecho que recién durante el próximo año se llevarán adelante las primeras pericias psicológicas.

   Mencionó que el venidero 7 de abril debe presentarse para la entrevista con la profesional del Ministerio Público, mientras que el 9 de mayo le fijaron la audiencia al imputado.

   Aún la fiscalía no cuenta con fecha estipulada para que la pequeña sea evaluada por la psicóloga y recién determine si está en condiciones de declarar mediante el sistema de Cámara Gesell.

   “Hasta hoy es como que no termino de caer y desde que me lo contó todavía no pude llorar. Atravesé muchas cosas en el último tiempo, la internación de ella (por su hija), la de un familiar y luego que me cuente todo esto. Fue una cosa detrás de la otra y todavía no me cayó la ficha”.

   También indicó que a partir de lo sucedido “la nena no está igual. Desde que no ve al padre no volvió a tener incontinencia, pero también está muy rebelde, con un carácter difícil”.

   En este sentido, la mujer admitió que cuesta internalizar este tipo de procesos. 

   "Vos no querés creer y buscas otro tipo de explicaciones antes de aceptarlo. Ahora lo único que espero es que se haga justicia. Esta persona nos jorobó la vida”.

Abarrotados

   El Departamento Judicial Bahía Blanca es uno de los que mayor cantidad de causas por delitos sexuales instruye en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

   Por esta razón, el año pasado el fiscal general Juan Pablo Fernández tomó la determinación que tres fiscalías fueran las encargadas de llevar adelante de manera exclusiva investigaciones relacionadas con este tipo de delitos y violencia de género.

   Pese a este cúmulo de tareas, y a la espera de una nueva designación, el Ministerio Público solo cuenta con una licenciada en psicología para llevar adelante las pericias con menores de edad.

   En este caso, la profesional realiza los informes, evalúa a la víctima para ver si puede declarar y posteriormente también lleva adelante la recepción del testimonio.

   De todas maneras, voceros consultados indicaron que también cuentan con la colaboración del cuerpo de peritos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y de la Asesoría Pericial.

   Las fuentes explicaron que además del número de invesigaciones penales preparatorias que se tramitan cada año, la crisis provocada por el coronavirus también causó una demora en la otorgación de turnos para pericias.

   Señalaron que durante varios meses, de acuerdo a disposiciones superiores, las tareas estuvieron restringidas, causando lógicas demoras.

   Indicaron que posteriormente se retomaron de manera telemática, cuestión que también llevó un tiempo de adaptación, y ahora se regresó al trabajo de forma presencial con los protocolos establecidos.

Aumento de casi 200 casos por año

   Desde 2017 a esta parte el total de causas que lleva adelante la fiscalía por delitos sexuales aumentó en un promedio cercano a  los 200 casos por año.

   De acuerdo a la estadística de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, en 2017 se pusieron en marcha 581 investigaciones penales preparatorias. Al año siguiente el número total de expedientes iniciados subió a 728.

   El registro más importante de los últimos años se produjo en 2019, con 934 causas puestas en marcha.

   El año pasado, pese a la pandemia, comenzaron a investigarse 844 denuncias. Un promedio de 2 por día.