El intendente promulgó la norma que prohíbe los cabarets en Bahía
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A más de cuatro meses de haber sido aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante, el intendente Gustavo Bevilacqua promulgó ayer la ordenanza que prohíbe el funcionamiento de cabarets y locales donde sus propietarios obtengan un lucro por la explotación sexual.
Ahora los propietarios de esos espacios tendrán 30 días para presentar el cambio de rubro y en 120 días comenzará a regir la prohibición en toda la ciudad. En ese lapso, la comuna deberá realizar los controles para corroborar la readecuación a la normativa.
La ordenanza establece además la creación de una unidad especial que se encargará de las inspecciones y, en caso de que se detecte el comercio sexual, se procederá a la clausura del local y se denunciará a los responsables ante la Fiscalía de Delitos Sexuales.
La unidad estará conformada por representantes de las secretarías de Desarrollo Social, Salud Pública, Economía y Hacienda, y Gobierno, que tendrán como función “articular los programas existentes e implementar las acciones necesarias para cumplir con los fines de la norma”.
El 16 de abril el legislativo había aprobado la ordenanza en cuestión, luego de más de un año de debates e idas y vueltas. La propuesta se había presentado en noviembre de 2013.
En la misma se estableció que la Municipalidad debía revisar todas las habilitaciones que fueron otorgadas a ese tipo de locales e intimarlos para el cese de actividades.
Ante el silencio del municipio con respecto a este tema, días atrás, la concejal Gisela Ghigliani (FPV-PJ), una de las impulsoras de la prohibición, había presentado un proyecto de comunicación preguntándole al Ejecutivo sobre las tareas de control que se habían llevado a cabo hasta el momento.
“Creemos desde nuestra más profunda convicción que el Estado Municipal no puede seguir avalando institucionalmente un modelo social que garantiza el uso colectivo de las mujeres más desfavorecidas y excluidas del sistema ni las prácticas masculinas de acceso por precio a su cuerpo”, argumentaron los ediles en la ordenanza.
También opinaron que la regulación y legalización de la prostitución no instaura un modelo normativo sino un sistema de valores que contiene el mensaje implícito de que resulta legítima la explotación por terceros del cuerpo de las mujeres.
“Esto tiene que ver con considerar a las personas objetos que pueden generar ganancias y hay una sociedad que se pone de acuerdo a través de varios sectores de poder para asegurarse que eso pase, es un delito creativo que requiere de la convivencia de muchos actores y una sociedad indiferente”, agrega la norma en sus fundamentos.