Juez federal investiga a Norberto Oyarbide por un presunto pedido de coimas en un allanamiento

Redacción de La Nueva.

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   El juez federal Luis Rodríguez ordenó una gran cantidad de medidas en el marco de una investigación por un presunto pedido de coimas en un allanamiento y que involucra a su par Norberto Oyarbide.

   Se trata de un allanamiento que tuvo lugar el 19 de diciembre pasado en la financiera Propyme, uno de los veinte que había ordenado Oyarbide en una causa a su cargo por lavado de dinero, y en donde policías de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc) realizaron un pedido de coimas a cambio de no realizar el operativo.

   Según denunciara el empresario dueño de la financiera ubicada en Maipú 311, Guillermo Greppi, y su abogado Fernando Torres, los policías le pidieron unos 2,5 millones de pesos a cambio de no realizar el allanamiento y les aseguraron que actuaban en nombre de Oyarbide y el secretario del juzgado Carlos Leiva.

   Luego que a fines del año pasado el fiscal Ramiro González requiriera investigar el caso mediante un dictamen, ahora el juez Rodríguez ordenó una batería de medidas con lo cual dio impulso a la investigación que conmueve a los Tribunales por las consecuencias que pueda tener el caso para el propio Oyarbide o sus secretarios.

   Rodríguez citó a declaración testimonial al empresario Greppi y su abogado Torres para el 20 de febrero próximo, y en los días previos a quienes fueron convocados como testigos del allanamiento así como a los empleados de Propyme que estaban presentes.

   Por otra parte, el juez dispuso la realización de una recopilación de aquellas causas en que la Difoc fue convocada por Oyarbide en el marco de distintas causas desde 2012 a la fecha; ello a raíz que llamó la atención a los investigadores -según indicaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas- la insistente convocatoria de esa división por parte de ese juzgado en clara superioridad al resto de cómo lo hacen los jueces.

   Otra de las medidas fue pedir a Prosegur el contenido de una cámara de seguridad ubicada a metros de la financiera y que está instalada en la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán, para ver si pudo captar algo el día del allanamiento o los anteriores.

   Asimismo, pidió a la presidencia de la Cámara Federal , a cargo de Martín Irurzun, que informe si consta alguna actuación administrativa o bien alguna presentación hecha por el juez Oyarbide relativo al caso.

   También a la División Legajos Personales de la Policía Federal reclamó los legajos de los subcomisarios Fabio Ascona y Ángel Dardo Castro, sindicados por los denunciantes como los que pidieron el soborno, así como de otros agentes federales involucrados. (NA)