Escenario político: ahora la pregunta es hasta cuándo

12/5/2021 | 06:15 |

Bahía Blanca sigue en fase 2 esta semana y queda otra antes del vencimiento de los decretos nacional y provincial. ¿Llegará el 21 de mayo el fin de las nuevas restricciones? ¿Será antes? ¿O las prohibiciones van para largo?

Foto: Pablo Presti - La Nueva.

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

   Casi el 70% de los pacientes con coronavirus que llega a respirador fallece, según las estadísticas provinciales. Hoy es uno de los datos que más preocupa en los distintos niveles de gobierno. En Bahía Blanca el promedio diario de muertes por COVID-19 en lo que va de mayo es de 3,9, superando la media del peor mes desde el comienzo de la pandemia, que fue abril con 3,13.

   Los indicadores de los últimos días no daban margen. A nadie sorprendió que ayer la Gobernación confirmara que la ciudad va a seguir en fase 2, al menos hasta el nuevo reporte de la semana próxima.

   Es importante subrayar las declaraciones del jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en la conferencia de prensa semanal sobre la situación epidemiológica de la Provincia. "El gobernador dio la orden de respetar a pie juntillas los parámetros del decreto nacional que rige hasta el 21 de mayo". Esto quiere decir que Bahía difícilmente tenga cambios el martes que viene porque el nivel de contagios sigue alto y, las terapias, comprometidas. 

   Mientras rija el "pie juntillas" debería ocurrir un cambio drástico en los parámetros epidemiológicos locales para subir de categoría. Nuestra ciudad necesita 110 casos diarios de promedio durante 14 días (hoy está al doble, con 215) y sostener por varias jornadas una ocupación de UTI inferior al 80%. Objetivos lejanos. Nadie lo va a decir en público para no desanimar a quienes esperan un pronto regreso a fase 3, pero en Alsina 65 no ven chances de salir de esta situación antes del 21. Como mínimo.

   A partir de esa noción, la primera pregunta es qué pasará una vez cumplido ese plazo. Fijar restricciones temporales genera la percepción en algunas personas de que las mismas se podrían levantar al día siguiente. Pasó al inicio del aislamiento, cuando nadie imaginaba semejante prolongación de la crisis, y sigue ocurriendo ahora a pesar de la experiencia. 

   Al observar la conducta en todo este tiempo de los gobiernos nacional y provincial, lo esperable es que dentro de 9 días se ordene una continuidad del mismo sistema de fases durante dos o tres semanas más. Pero, por ahora, eso es hipótesis.

   Concreto es que hay un número significativo de bahienses que teme que las últimas medidas se extiendan de manera indefinida. Buena o mala la gestión de la pandemia, la sociedad no estaba preparada para esta lucha. Apremiada por la debacle anímica y económica, mucha gente continúa con sus actividades sin prestar atención a los decretos o las fases.

   De ahí surge la segunda pregunta, más inquietante. En caso de persistir estas medidas prohibitivas, ¿cuánta gente se irá sumando a la lista de quienes no cumplen? 

   El no acatamiento nace de dos motivos. El primero, la necesidad. Quienes ejercen comercio y violan la ley de aislamiento cometen un delito, pero en términos reales no son delincuentes. No está en su espíritu desestabilizar el orden establecido ni generar daño sino, también, sobrevivir. Las restricciones prolongadas los dejan al borde del nocaut. Un reciente estudio de investigadoras de la UNS y el Conicet determinó que el 67% de los comerciantes consultados declaró no poder resistir más de 15 días si se prohíbe la atención al público.

   La segunda razón, más compleja en términos de convivencia social, es la percepción de que no hay sanción. Los inspectores municipales o la Policía pueden labrar cientos de actas a negocios de toda clase, pero el cúmulo de infracciones al artículo 205 del Código Penal es tan inmenso que, salvo grandes desatinos como algunas fiestas clandestinas, es inimaginable que en los próximos meses la burocracia judicial tramite miles y miles de causas que a lo sumo redundarían en pequeñas multas o probations.

   El camino a la prescripción de la inmensa mayoría de esos expedientes parece irremediable. Dar este tipo de mensajes puede ser objeto de críticas, pero peor es no ver el elefante en el baño. No hay recursos para lograr un cumplimiento efectivo de la ley, tampoco para controlarla. Es una ley con respirador.

   La prohibición de bienes y servicios muy demandados, en todas partes del mundo, genera mercados paralelos. Las fiestas ilegales son un ejemplo. Y, si bien minimizar la necesidad del goce es un error, está claro que se trata de la primera actividad que se debe tachar en un contexto de emergencia como este.

   Pero hay otros casos como la demanda de educación y entretenimiento para niños, niñas y adolescentes que, ante una extensión indefinida de la virtualidad, podría derivar en una ampliación de la oferta en negro de alternativas presenciales, tal como ya existen en Bahía Blanca, en muchos casos bastante a la vista. Nadie puede creer seriamente que los padres que reclaman por presencialidad no buscarán conseguirla, por algún medio.

   ¿Son irresponsables? ¿Defienden el derecho inalienable de sus hijos? Cualquiera sea la postura, requiere un abordaje. Es cierto que en muchos países se suspendió la presencialidad, no es real que en tantos se haya interrumpido tanto tiempo como en Argentina. Más importante: comparar la situación de nuestro país con Alemania o Singapur puede ser válido como referencia, pero no tiene lógica aplicar en forma directa el efecto espejo (o sino que valga para todo: hagamos lo que hizo el mundo para controlar la inflación, fuente inagotable de pobreza).

   Si el gobierno no encuentra alguna manera de satisfacer esas demandas, éstas igual van a encontrar la forma de canalizarse, aun por fuera de la ley, y los decretos corren riesgo de volverse ficción normativa. Es el dilema al cual se enfrenta el presidente en esta etapa, tomar medidas que tengan efectos reales para equilibrar la convivencia social. 

   Si en una cosa coinciden los principales dirigentes a ambos lados de la grieta es que la sociedad está harta. Harta de la pandemia, harta de los temores, harta de los políticos, harta de los medios de comunicación.

   Y la luz al final del túnel, que es la vacunación total, todavía es un brillito lejano.

   A propósito de inflación, mañana se conocerán las cifras del Indec para abril, tras un acumulado del 13% en el primer trimestre. Cualquiera sea el nuevo resultado, la suma del cuatrimestre quedará cómodamente por encima de la mitad de lo proyectado para todo el año por el ministro Martín Guzmán, quien se comprometió a lograr un 29% en 2021. Cumplir esa meta es cada vez más difícil. 

   Bahía tiene sus propios indicadores, muy serios, el de IPC Online y el tradicional del CREEBBA, que ya dieron sus números para el mes pasado y muestran acumulados de 16,06% y 16,9% en el primer cuatrimestre, respectivamente.

   La suba de la inflación impacta en la canasta básica, que establece la línea de la pobreza. La mayoría de las proyecciones suponen que los precios estarán arriba de los salarios en el primer semestre de este año, momento de corte para definir cuántos argentinos no alcanzan a cubrir sus necesidades elementales.

   El último dato de pobreza a nivel nacional se ubicó en un alarmante 42%. La próxima actualización, referida al semestre inicial de este año, se conocerá en septiembre, mes elegido por el gobierno para la realización de las PASO.

   Así como en Juntos por el Cambio hay quienes sostienen que demorar la convocatoria a las urnas es una especulación del Frente de Todos para mejorar su performance, otras voces en la oposición prefieren patear para adelante, seguros de que la pendiente económica y social será cada vez más pronunciada.

   Falta mucho.

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