¿Cuál es el plan que propone la vitivinicultura para dar un salto de calidad?

Redacción de La Nueva.

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Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com 

   “La vitivinicultura argentina tiene marca y reconocimiento internacional. En el mundo se destaca la calidad de nuestros vinos; somos el mayor exportador mundial de jugo concentrado de uva; hay un potencial muy grande para el vino a granel y las pasas y las uvas tienen oportunidades para crecer en nuevos mercados”.

   Lo dice José Alberto Zuccardi, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), tras la presentación de un plan al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, en el marco del llamado al diálogo y la creación de un consejo de promoción de las exportaciones.

   Aunque agrega: “Pero necesitamos incentivos y medidas concretas que mejoren el nivel de competitividad de nuestra producción en los mercados internacionales”.

José Alberto Zuccardi, presidente de Coviar.

   El programa incluye medidas de rápida acción y una agenda de temas prioritarios a resolver con el objetivo de fomentar las exportaciones, generando divisas genuinas y un mejoramiento de la competitividad de la cadena.

Incremento de los reintegros 

   Un aumento en los reintegros a las exportaciones de productos vitivinícolas permitiría compensar los tributos internos que los exportadores pagan en las distintas etapas de producción y de comercialización. 

   En la práctica, esto significa ganar competitividad exportadora a partir de una reducción compensatoria de la presión fiscal.

   Según información reunida por el Observatorio Vitivinícola, unidad ejecutora de Coviar que administra la Bolsa de Comercio de Mendoza, los productos exportables de la cadena vitivinícola nacional pagan, hoy, varias veces más impuestos de los reintegros que reciben.

   En el caso de las exportaciones del vino fraccionado (de 3,25 % sobre el valor FOB) se estima que el porcentaje de impuestos contenidos en el promedio FOB es de 5,05 %; es decir un 1,8 % mayor al reintegro actual recibido.

En las exportaciones del producto vino a granel (3 % sobre FOB) esta diferencia es aún mayor, ya que el porcentaje de impuestos contenidos en el FOB es de 14 %; es decir, 11 % adicionales que el reintegro actual.

   En las exportaciones de jugo concentrado de uva (2,5 % sobre el FOB) se concluyó que el porcentaje de impuestos contenidos en el valor FOB es de 12 %; es decir, un 9,5 % mayor al reintegro actual recibido.

   En las pasas de uva (0,75 % sobre el FOB) y uva de mesa (1 % sobre el FOB), la diferencia que se obtiene con el reintegro actual es de 3,28 % y 6 %, respectivamente, más de impuestos en relación a lo que obtienen como devolución.

   Se estima que el costo fiscal de la medida es de $ 2.400 millones anuales: aproximadamente, el 4 % de las exportaciones vitivinícolas anuales.

Retenciones e incentivos

   Como economía regional, la vitivinicultura argentina necesita avanzar —según Coviar— en un esquema de reducción y eliminación de las retenciones a las exportaciones.

   En paralelo, se propone aplicar un esquema de incentivos para los ingresos de divisas, el cual consiste en obtener una bonificación en la tasa de derechos de exportación en función al plazo registrado entre la oficialización de las exportaciones y el ingreso efectivo de las divisas.

   Esta herramienta permitiría al exportador negociar —con un margen más amplio con los compradores del mundo— mejores condiciones de pagos en cuanto a plazos.

Propuesta de bonificación de derechos de exportación en función de ingresos de divisas de la cadena.

   De esta manera se estaría incentivando el ingreso de divisas al país, al tiempo que los exportadores tendrían un incentivo específico para acelerar el ingreso.

   Se estima que el costo fiscal máximo de la medida, suponiendo que todas las divisas ingresaran en los primeros 60 días, es de $ 900 millones por año. Esto representa cerca del 1 % de las exportaciones vitivinícolas anuales.

Gastos de promoción

   En el programa de Coviar se solicita eximir de las operaciones alcanzadas por el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS, creado por Ley Nº 27.541), la adquisición de bienes y/o servicios contratados en el exterior que tengan como finalidad la promoción de los productos vitivinícolas argentinos en el mundo.

   Es la razón para solicitar que se compense el pago del PAIS, aumentando el reintegro en un 1 % a los establecimientos que realizan acciones de promoción en el exterior de sus productos.

   A nivel de cada empresa, se estima que los gastos de promoción —acciones de promoción directa en los mercados, participación en ferias, degustaciones, festivales y demás actividades de promoción, envío de muestras, recepción de invitados a las bodegas, entre otras— representan aproximadamente el 5 % de la facturación, por lo que si se considera que Argentina exportó vino en 2019 por alrededor de 800 millones de dólares, los gastos de promoción se estiman en U$S 40 M.

El impuesto PAIS significa un desembolso de casi $ 500 M para la cadena, que se tributa por el pago de acciones destinadas a promocionar vinos argentinos en el exterior y, por lo tanto, a generar divisas genuinas.

   Esos $ 500 millones representan, en dólares, aproximadamente el 1 % de la facturación por exportaciones de vino. Por eso se pide compensar el impuesto PAIS con la suba de 1 % en los reintegros.

   Se estima que el costo fiscal de la medida es de $ 60 millones anuales.

Crédito fiscal y Ganancias

   También se solicita la utilización de los derechos de exportación como crédito para el pago del impuesto a las Ganancias. Así, IG se ve afectado por la inclusión del derecho de exportación en el balance impositivo. Es decir que, si el incremento de recaudación que tiene el Estado por la suba del pago de IG es mayor que la pérdida que se produce por recaudación del derecho de exportación —en este caso, dado que el DE se deduce de Ganancias es equivalente a decir que el costo del derecho es el 65 % del mismo; es decir, 1 – 35 %—, la situación con uso del derecho de exportación como crédito implica una mayor recaudación que en la situación con vigencia de ambos impuestos.

   Emplear esta modalidad de crédito del derecho de exportación, implica —se sostiene desde Coviar— que el beneficio neto derivado de las exportaciones se incremente y que, además, lo haga a una mayor tasa que el incremento de las cantidades exportadas.

El beneficio neto, por unidad exportada, aumenta justificando el incremento en las exportaciones por la vía de una reducción en los precios de exportación derivado del beneficio fiscal.

   Así, de verificarse estas condiciones, se llega a una situación en la cual el Estado recauda más y los exportadores se benefician producto del incremento de sus cantidades exportadas.

Acelerar el cobro del IVA 

   Otro de los puntos solicitados es acelerar los plazos de devolución del IVA para los establecimientos vitivinícolas, llevándolo a un período de 30 días. Hoy, el promedio es de aproximadamente 120 días.

   Las empresas exportadoras, especialmente las pymes, tienen importantes saldos de IVA crédito a recuperar debido, principalmente, a que la cadena vitivinícola no sólo exporta vino, sino insumos asociados como vidrio, botellas, etiquetas, cajas y servicios, entre otros, lo que genera un importante crédito fiscal, ya que prácticamente la totalidad de los insumos se adquieren en Argentina.

Se estima que, en 2019, el vino aportó más de $ 4.300 M en impuestos, incluyendo en este valor los tributos específicos de las etapas de producción de uva, elaboración y fraccionamiento de vino hasta la salida de bodega.

   El problema es que, como consecuencia de los importantes saldos de IVA y la lentitud en el recupero, se producen mayores costos. Uno de ellos es el financiero, erosionando la capacidad crediticia de las empresas, especialmente las pymes, y quitando la posibilidad de aplicación de fondos a inversión, empleo y capital de trabajo.

   Se genera, también, un alto costo administrativo, ya que se deben contratar especialistas que cobran hasta el 10 % del monto a recuperar; hay honorarios por inspecciones posteriores; gastos de certificaciones y tiempo y esfuerzo dedicado por la administración de la empresa a esta situación que, en estructuras de pymes, son limitadas.

   Además, el crédito fiscal, al estar atado a una venta futura, es de incierta recuperación y al volverse casi permanente no se cumple el principio de neutralidad del IVA.

Los puntos prioritarios a resolver

   Junto con medidas de rápida aplicación, Coviar solicitó al Estado nacional —vía el ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación—, que se avance en puntos críticos que frenan o afectan el desarrollo exportador de la cadena vitivinícola nacional, como son los altos costos logísticos que le quitan competitividad a la producción del oeste argentino.

   Se planteó, también, la falta de acuerdos comerciales para tratar de revertir la situación de desventaja que tiene la producción nacional en los principales mercados del mundo, a partir de los menores aranceles o directamente las tasas 0 %, que sí tienen países competidores directos como Chile, Estados Unidos o Europa.

   Otro punto central es atacar la alta presión impositiva que pesa sobre el sector vitivinícola como economía regional. A partir de un estudio realizado en 2017, y actualizado a fines de 2019, por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, se determinó que la carga impositiva que soporta el sector vitivinícola, definida como la relación entre el total de impuestos que tributa y el excedente de explotación empresaria, al año 2017 era del 57,7 % y pasó a ubicarse, en 2019, en el orden del 70 %. 

   Desde Coviar se entiende que la situación se agrava más si se considera a la producción primaria que, de soportar una carga del 45 % sobre el excedente, pasó al 96,9 %.

   Uno de los vectores centrales que determinan la competitividad en el sector de las bebidas es la promoción. En tal sentido, la Argentina realiza acciones de promoción del vino, tanto a nivel del sector como a nivel de las propias empresas. No obstante, los recursos y, por lo tanto, la potencia de las acciones, son menores en relación con los competidores más importantes que sí cuentan con recursos y apoyo estatal para la promoción de sus exportaciones.